Debido a la estrategia israelí, estadounidense y europea para
paralizar la precaria economía de los territorios ocupados
durante el último año, la vida diaria de los palestinos se ha
convertido en una lucha constante para conseguir alimento y
poder realizar sus negocios.
Apenas asumió en febrero pasado el nuevo gobierno palestino, a
cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Israel
dejó de transferir a las autoridades de Gaza entre 50 y 55
millones de dólares en impuestos mensuales que recolecta en
nombre de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), como castigo a
esa organización.
En acciones paralelas apenas un mes después, Estados Unidos y la
Unión Europea adoptaron sanciones económicas contra la ANP que
afectaron a toda la población, bajo condición de que el Hamas
"reconozca" a Israel y "renuncie" a la violencia.
Además, desde entonces Israel ha trabajado duro para presionar a
las organizaciones humanitarias internacionales y a los países
donantes para que suspendan sus proyectos en Palestina.
Las sanciones han causado errores irreparables en todos los
territorios ocupados.
Desde inicios de 2006, el índice de pobreza en Cisjordania y
Gaza se disparó. En noviembre pasado, la Organización de las
Naciones Unidas publicó un informe según el cual el número de
palestinos incapaces de satisfacer sus necesidades básicas se
incrementó 64,3 por ciento en la primera mitad del año pasado.
En Cisjordania, el desempleo afecta a 60 por ciento de la
población económicamente activa.
El mes pasado, Israel permitió la transferencia a la ANP de 100
millones de dólares, el valor de los impuestos retenidos en dos
meses. El gobierno israelí tomó la decisión en diciembre, pero
no la puso en práctica hasta verificar que el Hamas no estuviera
directamente a cargo de la administración de los fondos.
La liberación de esos recursos le permitirá a la mayoría de los
palestinos en Cisjordania sostener a sus familias unos días más,
pero los 100 millones de dólares son apenas una gota en el mar,
ya que la pobreza y el desempleo aumentan.
El severo impacto de las sanciones económicas se ha propagado a
todos los sectores de la sociedad.
Iyad, un maestro de la escuela pública, dijo a IPS que sólo le
han pagado siete de 12 meses de salario desde que comenzaron las
sanciones. "Algunos maestros han tenido que asumir un segundo o
tercer empleo para mantener a sus familias. Otros ya abandonaron
su profesión", señaló.
Cuando se le preguntó sobre los efectos de las sanciones en sus
estudiantes, Iyad dijo: "Algunas familias son tan pobres que no
pueden comprarle a sus hijos nuevas mochilas ni uniformes. Los
niños y niñas vienen a la escuela deprimidos y furiosos. Es
imposible para ellos aprender, y para mí enseñarles en este
ambiente".
Mahmoud, abogado de la Administración Civil de la ANP, dijo a
IPS que la delincuencia aumentó en todos los territorios
ocupados como consecuencia de las sanciones.
"El crimen organizado ha regresado a Cisjordania. No hay sistema
judicial funcionando y, por encima de todo, los policías que
están en las calles ya no reciben sus salarios, por lo que no se
toman su trabajo seriamente. Es como una anarquía", afirmó.
Khaled, un taxista, dijo a IPS que estuvo desempleado el año
pasado durante más de seis meses. "Estuve muy mal. Tuve que
vender mi auto al banco y luego intenté pedir un préstamo, pero
por los intereses nunca lo pude pagar ya que no tenía trabajo",
señaló.
En Belén, durante la última temporada navideña, que siempre es
un impulso para la economía de esa meridional ciudad cisjordana,
la situación fue bastante mala. Los turistas vinieron en grupos
desde Jerusalén, visitaban los lugares históricos y rápidamente
regresaban a hoteles israelíes.
Khaled duda que la liberación de fondos mejore la situación.
"Nuestro futuro seguirá igual. No mejorará para nada".