enviado especial- Clarín
Los valles verdes y apacibles que el avión sobrevuela antes de
aterrizar en Cochabamba dan una imagen de paz que contrasta con la tensión
de las calles aledañas a la plaza 14 de Septiembre, en el centro de la
ciudad. Hasta allí llegaron nuevos refuerzos campesinos para exigir
la renuncia del gobernador Manfred Reyes Villa, quien —desde su refugio en
Santa Cruz— alertó sobre el peligro de una guerra civil.
Ahora el gobierno trata de frenar esta demanda que amenaza con
extenderse a La Paz. El lunes, organizaciones vecinales y obreras de El
Alto cortaron la autopista que une a esa ciudad indígena de 900. 000
habitantes con la sede del gobierno para pedir la dimisión de su propio
gobernador, el también opositor José Luis Paredes, a quien dieron un
ultimátum de 48 horas.
"Cuestionar la legalidad de los prefectos (gobernadores) es poner en
riesgo la estabilidad democrática", expresó el viceministro de
Coordinación con los movimientos sociales, Alfredo Rada, definiendo la
línea del Palacio Quemado. Pero los participantes de las vigilias y los
bloqueos de calles aún mantenían su demanda: "renuncia o nada", pese a que
la autoridad cuestionada dio un paso atrás en su polémica propuesta de
convocar a un nuevo plebiscito por las autonomías regionales que encendió
la ola de protestas que llevan diez días y provocaron dos muertos.
"Ese caballero se tiene que ir por asesino", dice una mujer
indígena mientras, en un hábil malabarismo, su bebé queda colgado en la
espalda envuelto en una manta con motivos andinos. Cerca de ella marcha
Juan Jiménez, cocalero del Chapare, quien asegura que "irán hasta las
últimas consecuencias" y se queja de que los medios de comunicación sólo
hablan de los cultivadores de coca para mostrar que todo está orquestado
por su líder Evo Morales. Enfatiza que hay también maestros, estudiantes y
obreros fabriles.
Al ingresar la columna a las calles del centro sonó la orden: "formarse
como soldados", y, en segundos, la marcha tomó un ritmo marcial. Armados
con palos y coreando la tradicional consigna "fusil, metralla, el pueblo
no se calla", mujeres y hombres de rostros curtidos y ropa gastada
parecían caminar hacia una guerra de verdad. Junto a los helados "hechos
con leche de vaca soltera", como gritaba el vendedor, casi todos compraron
el folleto "La verdad sobre Manfred", donde se acusa al gobernador de
pertenecer a la secta Moon, de haber estudiado en la Escuela de las
Américas y de ser hijo "de un asesino del Che Guevara".
En la tarde reaparecieron las disciplinadas filas al momento de tomar
lista: la participación en las protestas es obligatoria para los
afiliados a las centrales campesinas. Lejos de allí, los sectores medios y
altos —recluidos en sus barrios— miraban a este aluvión sobre la ciudad
como una especie de invasión bárbara mientras puentes, plazas y avenidas
seguían vigilados por las FF.AA. por temor a nuevos desbordes.
En el gobierno creen que el derrocamiento del gobernador sería un pesado
costo político que, además, "crearía un mártir". "La idea es que Reyes
Villa se quede sobre un campo minado, casi sin poder moverse y sin poder
pisar el campo", sintetizó a Clarín un diputado del Movimiento al
Socialismo que no quiso que se publicara su nombre.
El ministro de la Presidencia y principal negociador del Ejecutivo, Juan
Ramón Quintana, intimó a Reyes Villa a retornar inmediatamente a
Cochabamba para dialogar. Pero el gobernador decidió permanecer en Santa
Cruz, se declaró "perseguido político" y reclamó que el diálogo sea en ese
bastión opositor al gobierno socialista y ante la presencia del Cardenal
Julio Terrazas. "No voy a permitir que se enfrente mi pueblo en
Cochabamba, yo no seré el autor de una guerra civil en el país", justificó
así la huida.
El consejo departamental, que funciona como una instancia de control
local, amenaza con acusar al gobernador de "abandono del cargo" y el
senador del MAS y dirigente campesino Omar Fernández le dijo a este diario
que "hay un vacío de poder por lo que incluso podría nombrarse un nuevo
gobernador.
Pero otros intentarán poner paños fríos y, en todo caso, procesar la
destitución dentro de la legalidad, en el marco del referéndum revocatorio
que prometió el viernes el presidente Evo Morales, quien el lunes timoneaba la
situación desde la capital ecuatoriana.