La confrontación entre el gobierno y la corporación mediática en Venezuela trascendió definitivamente la tradicional relación histérica que subyace a la disputa entre el poder del Estado y los medios masivos de comunicación.

Con esta medida, el gobierno de Chávez pone a raya a una corporación que supo ocupar el centro de la escena por su activo papel durante el golpe de Estado de 2002. “En 2001 y 2002 incitan a un gobierno de transición; el 11 de abril incitan a una manifestación contra el gobierno para interferir luego una cadena presidencial y transmitir versiones tergiversadas de los hechos”, enumera el escritor Luis Britto García.

El expediente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones contiene además cargos de evasión impositiva y violaciones a la Ley de Protección del Niño, Niña y el Adolescente y a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.. Pero más allá de los aspectos legales que sin duda caben a la hora de evaluar la concesión otorgada a RCTV, el Estado venezolano ha puesto al descubierto la conjura que sostenía al latifundio mediático.

Al menos así lo hace notar, aunque sin quererlo, un muy desprolijo José Miguel Insulza: “El cierre de un medio de comunicación masivo es un hecho muy poco común en la historia de nuestro continente, y no tiene precedentes en las últimas décadas de la democracia”.

Y ese es exactamente el punto, aunque el Secretario General de la OEA no lo advierta: la impunidad con la que la corporación mediática ha venido operando en las últimas décadas pretendió naturalizar un paisaje comunicacional privado, sensacionalista y mercantil. Los medios de comunicación en nuestro continente se perciben a sí mismos por encima de toda legalidad y de todo contexto político.

El sábado por la tarde, la cancillería venezolana respondió muy críticamente a los señalamientos realizados por el alto funcionario chileno: “La declaración del Secretario General no hace otra cosa que atender a requerimientos y presiones de sectores nacionales e internacionales que, recurrentemente, han intentado desprestigiar al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías”. Y continúa: “...es absolutamente falaz el señalamiento del Secretario General de la OEA, según el cual el Ejecutivo Nacional estaría cerrando un medio de comunicación. (...) El Gobierno Nacional, por lo tanto, lo exhorta a retractarse de un conjunto de expresiones que están reñidas con la verdad y contrastan con el equilibrio que debe caracterizar a quien ejerce tan delicada responsabilidad”.

Es necesario hacer notar que la Ley de Telecomunicaciones en Venezuela, al igual que en Argentina, otorga al Estado la potestad para conceder a una entidad privada el permiso para usufructuar un bien público, como es el espectro radioeléctrico. Como bien explicaba el ex vice presidente José Vicente Rangel: “Pretender invalidar el derecho soberano del Estado a otorgar o no concesiones, a revocarlas o no, significaría que los expropiados por los privados serían la sociedad y el Estado”.

RCTV no será cerrada: seguirá operando por cable y en sus múltiples negocios tanto en Venezuela como en el exterior.

Dime quién te defiende y te diré quién eres

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad que reúne a los editores y dueños de los medios de comunicación más importantes del continente, no tardó en solidarizarse con RCTV: “Este nuevo atropello a la libertad de prensa y de expresión es simplemente una medida de represalia contra una voz crítica que le estorbaba a Chávez”, sentenció en un comunicado. Por su parte, el candidato derrotado en las urnas Manuel Rosales aclaró que esta acción marca “el inicio de un gran golpe contra el sistema democrático venezolano”. Finalmente, el intelectual Antonio Pasquali llamó a todos los medios privados a “solidarizarse” con RCTV. Sería conveniente aclararle al profesor que la corporación mediática es solidaria naturalmente consigo misma, más allá de sus recomendaciones.

Es importante señalar, además, que ninguna de estas voces se pronunció cuando durante el golpe de Estado de 2002 la señal oficial fue sacada del aire violenta e ilegalmente por sectores fascistas íntimamente relacionados con RCTV. Tampoco hubo quienes se desgarraron las vestiduras cuando el Alcalde golpista de Caracas, Alfredo Peña, clausuró la emblemática Catia Tve, primera TV comunitaria venezolana.

Nuevamente la libertad de expresión es utilizada como coartada por los magnates de la verdad y del pseudo-pluralismo editorial.

El mapa comunicacional

“Si son pocos los que hablan, entonces son pocas las versiones de la realidad que circulan (...) si son pocos los emisores, la conclusión es que hay poca libertad de expresión”, reflexiona Martín Becerra, subsecretario académico de la UNQ y autor del libro Periodistas y Magnates.

En Venezuela, el 90% del espectro radioeléctrico está en manos privadas. Eso significa que prácticamente la totalidad de los mensajes emitidos a través de las frecuencias de propiedad pública no son controlados editorialmente por el Estado. Bajo el paradigma liberal, esta condición debería asegurar la libertad de expresión. Pero, ¿podríamos concluir que los medios privados ofrecen “libremente” una pluralidad de visiones sobre el mundo? Evidentemente no.

En Venezuela, el negocio de la comunicación, como en toda América Latina, tiende a concentrarse en pocos grupos que controlan periódicos, radios, plantas de TV y productoras de contenidos. El mapa comunicacional venezolano se divide básicamente en dos grandes grupos emparentados política, familiar y comercialmente: 1BC (propietario, entre otros, de RCTV) y Grupo Cisneros (uno de los más influyentes de la región, propietario de Venevisión). Un tercer grupo de menor envergadura de pero de gran intensidad en su labor política es el de Zuloaga-Ravell (Globovisión). Estas empresas confrontaron en bloque al gobierno de Chávez desde el principio de su gestión hasta pasado el referéndum revocatorio que relegitimó al Presidente en 2004. Durante ese tiempo reemplazaron abiertamente a la ya caduca estructura partidaria venezolana, sobre la que habían construido su poderío económico en los últimos 40 años.

El abanico de intereses que esta alianza representa abarca tanto el negocio del entretenimiento y la información (espectáculos, televisión, radio, impresos) como el de las telecomunicaciones (transmisión de datos, satélites), bancos, inversoras y producción-distribución de alimentos y bebidas.

Evidentemente, a la hora de evaluar la labor informativa de las empresas de comunicación ligadas a estos negocios no deberíamos pecar de ingenuos, aunque vociferen su estricto apego a la ética periodística. Pero a la hora de comprender el mapa comunicacional es importante tener en cuenta que la no-renovación de la concesión a RCTV es un movimiento más dentro de una estructura que se ha venido desplazando en los últimos años.

En primer lugar, ese frente opositor mediático que otrora supo hacerle frente al gobierno se vio fracturado luego del triunfo chavista del 2004, tras el que el magnate Gustavo Cisneros, su líder, pactó con el gobierno y se retiró de la contienda frontal que sostenía a través de Venevisión. De esta manera, a la vez que el gobierno de Chávez ascendía en popularidad y lograba otra victoria en las urnas, la maquinaria mediática del golpismo veía mermada su capacidad de penetración en la opinión pública.

Paralelamente, el gobierno venezolano adelantaba una política activa mediante la cual impulsaba una amplia red de emisoras de radio y televisión comunitarias, e inauguraba una segunda televisora pública de alcance nacional, VIVE.

La sanción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV como instrumento que reglamenta la utilización del espectro radioeléctrico permitió un importante avance en cuanto a democratización de contenidos. Se reguló la carga horaria diaria de enlatados importados, se fijó un mínimo de producción nacional independiente, así como un mínimo de programación para niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se reguló el modo y el tiempo de publicidad máximos, desaturando la programación de propaganda directa y encubierta.

El cambio en el mapa comunicacional que el gobierno venezolano impulsa cuenta con una sólida base social. Semanas antes del anuncio oficial de la no-renovación de la concesión de RCTV, el canal VIVE impulsaba el Primer Congreso de Comunicación “Hacia el Socialismo”, en el que las comunitarias discutían, entre otros asuntos, “la socialización del espectro radioeléctrico”.

Democratizando las Comunicaciones

“Tenemos más de 500 años resistiendo comunicacionalmente. Resistiendo con la música, con el canto, con la poesía. Comunicándonos a través de los tambores (...). Es momento de salir de la resistencia y pasar a la ofensiva. Es momento de pasar a la ofensiva comunicacional”. Así abría Blanca Eekhout, de la Televisora VIVE, el Congreso de Comunicación “Hacia el Socialismo” del que participaron un gran número de comunicadores y comunidades organizadas de Venezuela y de América Latina. “Hace algunos años nos hubiera parecido increíble estar discutiendo lo que hoy estamos discutiendo acá -enfatizaba Ricardo Márquez, de Catia Tve-, estamos discutiendo qué va a hacer el pueblo venezolano con la concesión de RCTV y para qué utilizaremos esa frecuencia”.

En el evento se manejaron tres hipótesis que son, básicamente, las que la opinión pública en Venezuela está discutiendo hoy: la conformación de un canal de entretenimientos en manos del Estado (de esta manera el antiguo Canal 8 se convertiría en un canal meramente informativo); la inauguración de una planta cooperativa de televisión en manos de los trabajadores; o la creación de una Red Comunitaria de Televisión, de alcance nacional, en manos de las comunidades organizadas.

“Yo creo que en Venezuela está planteada, como etapa intermedia, la propiedad cooperativa de los medios de comunicación”, opinaba Jerónimo Carrera, presidente del Partido Comunista Venezolano (PCV). Por su parte, el Ministro de Comunicación e Información Wiliam Lara expresó que “el nuevo Canal 2 cumplirá sin guabineos la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, de modo que protegerá los derechos de niños, niñas y adolescentes, dará espacio adecuado a la producción nacional independiente, promoverá la organización y la participación ciudadana y será un baluarte de la libertad de expresión sin exclusiones”.