El cese de la concesión que desde 1953 utilizaba la televisora privada de Venezuela RCTV, anunciado por el presidente Hugo Chávez, aviva temores y críticas sobre las libertades y el trabajo de las empresas periodísticas en este país.

Por Humberto Márquez -  IPS

"No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión (RCTV). Vayan haciendo sus maletas, apagando los equipos y viendo a ver qué harán a partir de marzo", dijo Chávez el pasado jueves 28 de diciembre, en su discurso de saludo de fin de año a la Fuerza Armada, en la ciudadela militar Fuerte Tiuna de esta capital.

El ministro de Información, William Lara, sostuvo el viernes que la concesión tiene una vigencia de 20 años que vence el 27 de mayo de 2007, y no será renovada. "No es una revocatoria, ni tampoco se expropiarán los bienes de la empresa", señaló.

La medida "va a impedir que se exprese un sector de la sociedad, identificado con la línea de RCTV, y tendrá un efecto muy fuerte sobre el conjunto de los medios, al amedrentar la expresión de la crítica", dijo a IPS Carlos Correa, de la organización no gubernamental sobre periodismo Espacio Público.

"Si el gobierno considera que los conductores de RCTV son golpistas, entonces debe encausarlos por eso en los tribunales, pero no vulnerar el derecho de la sociedad a recibir la información y los puntos de vista de esa televisora", agregó Correa.

La profesora de periodismo Olga Dragnic, de la sección venezolana del Observatorio Global de Medios, se abstuvo de comentar aspectos políticos o jurídicos del caso y subrayó a IPS que "lo sustantivo es procurar que en Venezuela coexistan todas las instancias de propiedad y uso de los medios radioeléctricos".

"No es lo ideal que el Estado tenga medios, aunque es tradicional en Venezuela. El sector privado debe mantenerse, así como el de los medios comunitarios, y lo más importante es que debe surgir una radio y televisión de servicio público, como fueron en sus inicios la BBC británica o la RAI italiana", expuso Dragnic.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a editores de diarios, y la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR), condenaron la medida sobre RCTV.

El guatemalteco Gonzalo Marroquín, del Comité de Libertad de Expresión de la SIP dijo que "el presidente Chávez está castigando a un medio de comunicación por su orientación política y luego vendrá el premio a alguien por su línea política más afín".

"Otros canales de televisión tendrán ese problema en los próximos meses. Debemos prepararnos", agregó Marroquín.

Héctor Amengual, portavoz de AIR, criticó la medida porque "afecta la operación de medios libres e independientes y la libertad de expresión, empañando la imagen del sistema democrático en ese país".

Marcel Granier, presidente del grupo empresarial 1BC, dueño de RCTV, dijo que Chávez "obviamente está muy mal informado. No está seguro de ninguna fecha, unas veces habla de marzo de 2007 y otras de mayo. Lo único que está claro es el deseo de amedrentar y amenazar".

Recordó que 1BC trabaja en radio y TV desde hace más de 70 años, tiene 2.000 empleados, 3.000 proveedores y 300 clientes. "Vamos a ejercer nuestros derechos en los tribunales nacionales e internacionales. Tenemos títulos clarísimos", remarcó Granier.

Desde que Chávez llegó al poder hace casi ocho años ha confrontado con medios privados de comunicación, en particular con televisoras nacionales y cadenas internacionales como la estadounidense CNN, frente a la cual impulsó la creación de una televisora latinoamericana, Telesur, propiedad de los gobiernos de Argentina, Cuba, Uruguay y Venezuela. Pero su gobierno se ha ufanado de no haber cerrado nunca un medio de comunicación ni de tener a ningún periodista preso, aunque varios comunicadores alineados con la oposición han soportado procesos judiciales y en ocasiones estuvieron encarcelados.

Ahora aprieta el puño al ordenar que no se renueve la concesión a RCTV, la primera televisora privada, fundada por el grupo que estableció en 1930 la más antigua radioemisora. "El presidente dijo que el Hugo Chávez permisivo quedó en el pasado. Ya no habrá más impunidad y se aplicará la ley", dijo Lara.

Las cuatro principales cadenas privadas de televisión del país, RCTV, Venevisión, Televen y Globovisión, sostuvieron una línea editorial de oposición durante la crisis política que vivió Venezuela en 2002 y 2003, años durante los cuales hubo un efímero golpe de Estado y una larga huelga petrolera y de empresarios de industria y comercio.

Venevisión, propiedad del magnate Gustavo Cisneros, abandonó esa línea después que en junio de 2004 su dueño sostuvo una reunión privada con Chávez y el ex presidente estadounidense y Premio Nóbel de la Paz, Jimmy Carter. Televen siguió pronto ese rumbo, concentrándose en programas de entretenimiento.

RCTV, con una programación en la que se destacan las telenovelas, y Globovisión, canal de 24 horas diarias de información, mantuvieron una línea editorial crítica, opositora.

Lara lanzó el viernes 29 una advertencia al canal de noticias: "Hay cien por ciento de razones para que la señal 33 (Globovisión) del espectro radioeléctrico tenga otro uso, adecuado a la ley, donde se informe oportuna y verazmente al pueblo venezolano, cosa que no ocurre con la actual programación de esa televisora".

El gobierno venezolano tiene dos canales nacionales de TV y otro el parlamento, cuyos 167 diputados son partidarios del oficialismo. Igualmente, operan televisoras algunas alcaldías, como la metropolitana de Caracas.

Lara dijo que la frecuencia Canal 2 de RCTV tendrá otro uso después de mayo. "Una posibilidad es que el Estado la utilice como canal para exponer producción audiovisual nacional, otra es que se haga una cooperativa de grupos culturales, y una tercera es hacer una empresa mixta, entre grupos audiovisuales y el Estado", dijo el ministro.

El Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, dijo que la decisión de no renovar la concesión a RCTV "es preocupante, sobre todo por el modo en que fue dada la noticia", según su portavoz Carlos Lauría. "Hay un organismo que tiene competencia en el sector, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (estatal), encargada de determinar la concesión de las licencias. Que lo haga el propio presidente Chávez, vestido de militar y en un acto de salutación del mando militar, es preocupante", dijo Lauría.

Chávez hizo el anuncio en un vibrante discurso en el que criticó la relación entre civiles y militares que hubo en el pasado, y afirmó que la Fuerza Armada "debe ser revolucionaria" y apellidarse bolivariana, por seguir el ideario de Simón Bolívar.

El presidente dijo que los viejos políticos y empresarios "nos creen inferiores. ¿No ven como me dicen a mí? El teniente coronel. Creen que así me van a ofender. Cuando quieren significar que uno es como un gorila, un atrasado, dicen: el teniente coronel".

En anteriores declaraciones, Granier se ha referido al presidente como "el teniente coronel Chávez".

Chávez alcanzó el grado de teniente coronel, a mitad de camino entre subteniente y general en jefe, hasta que en febrero de 1992 dirigió un fallido golpe de Estado militar cuando, a sus 37 años de edad, comandaba un batallón de paracaidistas.

Una nueva ley orgánica de defensa nacional le da el mando supremo como comandante en jefe de la Fuerza Armada, y estableció para el gobernante un estado mayor presidencial, distinto al estado mayor conjunto que tradicionalmente han tenido los componentes Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional.

Después de esa referencia al trato como teniente coronel fue que Chávez aludió a Granier sin nombralo: "Hay un señor por allí, de esos representantes de la oligarquía, al que los gobiernos de adecos y copeyanos (término coloquial para designar a socialdemócratas y socialcristianos que gobernaron entre 1959 y 1993) le dieron concesiones para un canal y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna".

Acto seguido, el mandatario dijo que no renovará la concesión. "Ya está redactada la medida, así que vayan apagando equipos. No se va a tolerar aquí a ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo, contra el pueblo".

El obispo católico Roberto Lückert, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, opinó que "la actitud del presidente fue terriblemente agresiva, muy violenta, parecía que estaba como muy guapetón, apoyado por los militares, alardeando de su poder militar y sobre todo con el uniforme militar para meter miedo".

En cambio, el canciller Nicolás Maduro opinó que "lo que le espera a Venezuela, para asombro y simpatía de mucha gente en el mundo, es una nueva historia en la vida televisiva, comunicacional, que esté signada por nuevos valores".

"En todo caso lo que puede interpretarse es que ha llegado al final una era de uso regresivo, restrictivo, dictatorial y manipulador de un medio tan poderoso como la televisión", remató Maduro.