Más de la mitad de los países del mundo han prohibido la pena de muerte. Esta cifra incluye a todos y cada uno de los 45 países del Consejo de Europa que han ratificado la Convención Europa para la Protección de las Libertades y Derechos Humanos.

Por Curtis Doebbler - Al Ahram Weekly / Rebelión
Traducido del inglés por Sinfo Fernández

El Gobierno italiano ha pedido una moratoria universal de las ejecuciones. Esta petición ha sido apoyada por muchos gobiernos europeos. Como institución, las Naciones Unidas están contra la pena de muerte, y sus órganos para los derechos humanos han condenado con frecuencia el castigo capital como una violación del derecho a la vida.

Cuando la pena de muerte es ejecutada tras un juicio injusto, se considera tanto una violación del derecho a la vida como una violación de la prohibición de castigos crueles, degradantes e inhumanos, incluso en países que no han prohibido la pena de muerte. Es decir, la pena de muerte tras un proceso injusto es ilegal en todas partes y bajo cualquier circunstancia.

En septiembre de 2006, tras la aparición de un artículo en el New York Times en el que se revelaba la consumación de varias ejecuciones en Iraq, la comunidad internacional cuestionó a las autoridades iraquíes por la presunta ejecución de una docena de iraquíes tras un juicio injusto. Pero como se sabe tan poco de los juicios que se están celebrando allí –los EEUU y las autoridades iraquíes se afanan en asegurarse de que se haga pública la menor información posible sobre esos juicios-, todo se redujo al silencio.

Después de –y no antes, ominosamente- la ejecución del Presidente iraquí Sadam Husein el 30 de diciembre de 2006, numerosos gobiernos y funcionarios de NNUU se cuestionaron esas ejecuciones que tenían lugar tras procesos que, en niveles muy niveles, eran considerados injustos e ilegales. En esa ocasión, varios abogados internacionales habían documentado un juicio que discurrió de forma tan injusta que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias lo había denominado como tal no una sino dos veces a lo largo de un período de un año. El gobierno de los EEUU y las autoridades iraquíes se quedaron impertérritos antes esta condena pública.

Esta condena fue de nuevo reiterada por varios estados y por funcionarios de los derechos humanos de Naciones Unidas cuando las autoridades colaboracionistas con el gobierno de EEUU ejecutaron a dos personas más tras el mismo juicio injusto. Y de nuevo se reiteró, más recientemente, esta vez en un informe legal dirigido a los tribunales iraquíes por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuando las autoridades iraquíes, en colaboración con los soldados estadounidenses que invadieron y ocuparon su país, se prepararon para llevar a cabo la ejecución legal de un cuarto acusado tras el mismo juicio injusto ante el Tribunal Especial Iraquí.

Frente a condenas tan fuertes, uno podría pensar que cualquier gobierno con alguna gota de humanidad pararía de ejecutar a personas tras celebrar juicios injustos. En lugar de eso, el gobierno estadounidense y sus colaboradores iraquíes, conforme sus atroces hechos van saliendo a la luz, se muestran más sedientos aún de sangre iraquí.

Parece que no ha sido suficiente con que la ilegal invasión y ocupación de Iraq por EEUU haya matado hasta la fecha aproximadamente a un millón de iraquíes. Parece que tampoco basta con que los escuadrones de la muerte, supuestamente organizados por las autoridades iraquíes para eliminar sumaria y extrajudicialmente a sus oponentes, hayan asesinado a cientos si no a miles de iraquíes. Esos asesinatos de objetivos bien definidos son una curiosa reminiscencia de la forma en que las autoridades israelíes han asesinado cobardemente a miles de mujeres, minusválidos y niños palestinos durante décadas, como si estuvieran llevando a cabo alguna limpieza perversa de las comunidades que odian.

Efectivamente, las ejecuciones han sido desde siempre una forma brutal de opresión que las sociedades con odios intensos han aplicado a quienes se oponían a ellos. Los franceses llevaron a cabo esas ejecuciones de castigo cuando los argelinos luchaban por su libertad. Los italianos hicieron lo mismo en Libia en sus luchas de una década de duración para sofocar el movimiento de liberación de Omar Muhktar.

En épocas modernas, EEUU es único, entre todos los países del mundo, en la barbarie de sus ejecuciones. Aplica la pena de muerte, a través de las modalidades más inhumanas, a niños, a personas discapacitadas física o mentalmente y a mujeres. No sólo la pena de muerte que aplican los estadounidenses ha sido condenada como una violación del derecho a la vida, sino que también ha sido condenada como una violación de la prohibición de la tortura y de los castigos crueles, inhumanos y degradantes en numerosas ocasiones por el Tribunal Europeo para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos y diversos tribunales de países europeos. Incluso el Tribunal Internacional de Justicia ha condenado al gobierno de EEUU por llevar a cabo ejecuciones después de juicios injustos en los que a los acusados extranjeros no se les permitió los derechos consulares que EEUU había acordado proporcionarles.

La historia de las ejecuciones en los EEUU concuerda con la actuación de los colaboradores iraquíes en el poder emulando las más inhumanas prácticas de los estadounidenses. Es duro ver cómo uno de los jefes de los colaboradores, el Sr. Nuri Al Maliki, siente que obtendrá la alabanza de sus patrocinadores cuanto más sangre derrame de su propio pueblo. Tal barbarie tiene el doble efecto de distraer la atención del pueblo iraquí de la diaria carnicería y de la carencia de servicios básicos que les asola. También desvía la atención del creciente fracaso de los oficiales que colaboran con EEUU y sus aliados a la hora de librar a Iraq de los árabes y musulmanes que tienen el suficiente valor para resistir frente a EEUU. Esas gentes suponen una amenaza para la autoridad de los colaboradores que no sienten remordimiento al derramar la sangre de su propio pueblo.

Un ejemplo destacado de la desvergonzada matanza de iraquíes es el caso de tres mujeres iraquíes que se encuentran ya esperando una ejecución inminente por las autoridades iraquíes tras juicios injustos. En la prisión de Al-Kadhimiya de Bagdad, la Sra. Wasan Talib, de 31 años, la Sra. Zainab Fadhil, de 25, y la Sra. Liqa Omar Muhammad, de 26, esperan ser ejecutadas tras un juicio que Amnistía Internacional condenó por injusto.

Al parecer, ninguna de las tres mujeres dispuso de representación legal y ninguna de ellas tuvo tiempo suficiente ni posibilidades de preparar su defensa. Ni siquiera está claro que fueran sometidas a juicio. Como The New York Times señaló en septiembre de 2006, algunos juicios que acabaron en pena de muerte no duraron ni unas pocas horas, y no se llamó a testigo alguno ni se examinó ninguna prueba significativa. Efectivamente, incluso en el juicio del presidente iraquí, los EEUU crearon y controlaron un Tribunal Especial Iraquí que rechazó admitir ninguna prueba exculpatoria, incluso aunque estuvieran en posesión de tal prueba y que la defensa reclamó repetidamente que no fue atendida. Uno puede sólo pensar en qué evidencia, si es que hubo alguna, se ofreció contra esas mujeres.

Las tres mujeres fueron acusadas del vago delito de actuar contra el bienestar público según el artículo 156 del Código Penal Iraquí. Esta provisión afirma que “Cualquier persona que cometa deliberadamente un acto que implique un intento de violar la independencia del país o su unidad o la seguridad de su territorio, y ese acto, por su naturaleza, conduzca a una violación tal, es punible con la muerte”.

Y mientras las tres jóvenes mujeres esperan su ejecución, dos de ella están cuidando de dos niños pequeños; una está criando a una hija de un año de edad que ha nacido en la prisión.

Esos espectáculos deleznables no se aproximan ni a la más mínima definición de “juicio”; al contrario, no son más que meros ejemplos de “crímenes de guerra” aplicados a prisioneros de guerra o a civiles a través de juicios injustos.

El caso de esas jóvenes mujeres refleja la clase de Iraq que las actuales autoridades iraquíes están creando: un país en el que las mujeres iraquíes son ejecutadas por los colaboradores iraquíes buscando ganarse la aprobación de sus tesoreros, los estadounidenses y sus aliados; un Iraq en el cual se deja huérfanos a los niños para ganarse la aprobación de estadounidenses que no sólo han invadido Iraq sino que también han violado y asesinado a los iraquíes con total inmunidad de persecución por parte de los tribunales iraquíes.

Irónicamente, mientras esas mujeres esperan su destino, un soldado estadounidense ha sido sentenciado a ocho años de cárcel por matar a un iraquí. Esa sentencia da a entender, sin duda alguna, a los colegas del soldado que matar a un iraquí no es un delito grave, ya que el mismo soldado podría fácilmente haber terminado con una sentencia a cadena perpetua en prisión si hubiera matado a un estadounidense. Ni un solo soldado estadounidense ha sido sentenciado a cadena perpetua por matar a un iraquí.

Aunque la comunidad internacional ha condenado constante y crecientemente las ejecuciones en Iraq sólo a base de palabras, hasta la fecha no se ha emprendido acción alguna. Ni se han utilizado los artículos de las Convenciones de Ginebra que protegen a civiles y prisioneros de guerra de juicios injustos. Esas provisiones requieren que todos los estados busquen y lleven ante sus tribunales a cualquier persona implicada en un proceso injusto.

Ni los EEUU, ni sus colaboradores locales iraquíes, ni la comunidad internacional ignoran los procesos injustos que están precediendo regularmente a las ejecuciones en Iraq. Los estadounidenses implicados en asegurar procesos injustos se han jactado en ocasiones de sus roles ante la prensa. Sin embargo, ningún estado de la comunidad internacional ha emitido una orden de arresto contra ninguna de las personas implicadas en esos procesos. Además, ni un solo órgano internacional, ni un solo estado, ha actuado para imponer sanciones contra Iraq por sus ejecuciones ilegales, o contra EEUU por su papel al orquestar algunos de los procesos injustos que precedieron a las ejecuciones.

Y mientras algunos tribunales federales de EEUU se han movilizado, en un juicio reciente, para proteger a ciudadanos estadounidenses de las consecuencias de procesos injustos, y en consecuencia de ejecuciones ilegales en Iraq, ningún estado ha movido una mano para proteger a los iraquíes. Como si estuviera atrapada en algún vacío intemporal y amoral, la comunidad internacional se sirve de las palabras cuando ya se ha probado que las palabras no valen para nada, observando con absoluta pasividad como iraquíes matan a iraquíes a instancias de sus socios estadounidenses.

¿Significa esa inacción que la comunidad internacional es demasiado cobarde para actuar contra quienes colaboran con el ejército de EEUU? ¿Significa que la condena de la pena de muerte por más de la mitad de los países del mundo, así como por las Naciones Unidas, no es más que un simple gesto vacío? ¿Significa que las vidas de los árabes y los musulmanes tienen menos valor que las propias vidas de los estadounidenses y sus aliados?

Tres mujeres iraquíes están a punto de perder la vida para probar que la respuesta a todas y cada una de esas tres preguntas es un rotundo “SÍ”.