Los dos campos prioritarios, presentan, por igual, un horizonte de confrontación; y la posibilidad de alcanzar por parte del nuevo gobierno algunos consensos y acuerdos políticos que avisoren cambios menos conflictivos. Sin embargo, es difícil ponerle mayores esperanzas a esta segunda posibilidad, si no es a través de un renunciamiento a ciertos aspectos fundamentales de las reformas y que, suelta de huesos, la opinión pública califica de "radicales". Tal vez sería oportuno pensar que la radicalidad no reside en la propuesta de cambio sino en la resistencia al cambio.

En cuanto a la reforma política, ésta aparece como un escenario propicio para que aquellos sectores ciudadanos que no integraron la Alianza País y la candidatura de Rafael Correa, pero que se movilizaron de manera importante durante la segunda vuelta electoral, ya fuera para impedir el triunfo de Álvaro Noboa o por sus simpatías por Correa (a veces incluso rebasando las propias iniciativas de Alianza País), sostengan el sentido de una Asamblea Constituyente que emprenda en las reformas, asamblea ofrecida por el mandatario electo y que comenzará por la aplicación de un estatuto electoral distinto al vigente.

Esto último, no necesariamente va a ser del gusto de los partidos políticos que hoy expresan a regañadientes, unos más que otros, la aceptación desde el Congreso de la convocatoria a la Asamblea -algo que rechazaron tajantemente durante la campaña electoral-, pues el nuevo estatuto lo que buscará es impedir que los asambleístas sean un reflejo del dominio mafioso que los partidos tienen, desde el inicio del actual período democrático iniciado en 1979, sobre la selección y elección de los parlamentarios. Por otra parte, los partidos exigen, para dar su apoyo a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la permanencia del actual Congreso; por tanto, la convivencia entre la Asamblea y el actual Congreso será, sin duda, una fuente de conflictos y de chantajes.

Ese ambiente navideño conciliatorio que aparece en los primeros días post-electorales, en los que la mayoría de partidos han aceptado la convocatoria a la Constituyente, es sólo un escenario posible y el menos confiable. Por ello, la vigilancia de los sectores ciudadanos y su participación en el proceso de elección de los miembros de la Asamblea, será un factor fundamental para garantizar una representación renovada y distinta en sus miembros y definir la estructuración de una nueva Constitución.

Los partidos no querrán ir muy lejos en la reforma política; reducirán su apoyo a dos reformas de Perogrullo, referidas a problemas que están en la raíz de la desintitucionalización absoluta que vive el Ecuador: la despolitización de los distintos poderes del Estado y la ausencia de corresponsabilidad entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. Una desintitucionalización que tuvo, en el propio proceso electoral un ejemplo insólito: la proclamación y el reconocimiento público del nuevo presidente no surgió del Tribunal Electoral, que es la única fuente de legitimación de los resultados electorales, sino de tres sondeos privados y del conteo rápido de votos realizado por una ONG, Participación Ciudadana. Patética paradoja: es tal la desintitucionalización del país, que en el momento de proclamar resultados una organización no gubernamental reemplazó al tribunal estatal.

Parece importante rescatar en toda su fuerza el éxito de la candidatura de Rafael Correa al haber colocado en la preocupación del electorado la reforma política, aunque para ello haya acudido a un estilo de campaña cuestionado como populista por ciertos sectores de los movimientos y las organizaciones sociales. Hoy parece imposible que el Congreso desconozca ese éxito indudable, pero tratará de diluirlo y desvanecerlo, como ha hecho con todas las exigencias de reforma política presentes durante los últimos años.

Para impulsar la reforma, se hace necesario un encuentro entre los sectores ciudadanos organizados y un gobierno que nació de una candidatura que no arrancó como una empresa conjunta entre Alianza País y los movimientos sociales; pero que aparecía, sin duda, como la más clara posibilidad de generar un espacio en el que múltiples actores sociales que se han visibilizado y crecido en la última década y media, continúen consolidándose en el ambiente generado por el nuevo gobierno. Y es que el liderazgo de Rafael Correa se constituyó de manera vertiginosa, en pocos meses y apoyándose en una organización mínima compuesta de personas provenientes de distintas historias y corrientes políticas; y aquello no resultaba fácil de digerir para sectores interesados en la construcción más pausada de nuevas organizaciones políticas estructuradas en torno a acuerdos que vayan más allá de una coyuntura electoral.

En síntesis, es posible percibir que la reforma tendrá que alcanzarse en medio del conflicto social y político. Y el proyecto político de Rafael Correa va a necesitar de una constante movilización de los sectores sociales para defender la posibilidad de la Asamblea Constituyente. Vigilancia y movilización que se convierten en la principal tarea de los movimientos sociales en el año 2007. Vigilancia y movilización no sólo para asegurar la reforma política, sino para constituir formas de participación en ella y consolidar procesos de construcción de ciudadanía.

No hay que descartar la posibilidad de que, dentro del mismo gobierno de Correa, existan personas que prefieran avanzar la negociación con los partidos políticos en el mejor estilo tradicional: a puerta cerrada, haciendo concesiones que provoquen, a largo plazo, nuevas frustraciones. Además, no podemos soslayar un hecho: los movimientos sociales pasan por una crisis. Se han silenciado. Una recuperación en las actuales circunstancias, podría alentar la posibilidad de que surja una nueva fuerza política, un partido político de nuevo tipo, que le dé continuidad a ese país político distinto que puede surgir de la Asamblea Constituyente y ser el resultado de la gestión de gobierno de Rafael Correa.

En cuanto al segundo reto, la reforma económica, la dificultad mayor y las confrontaciones pueden surgir, más que de la misma propuesta del nuevo gobierno, de la militancia activa y vergonzosa de las cúpulas económicas y financieras del país, habituadas a imponer el miedo, a construir futuras apocalipsis en complicidad con algunos gurús internacionales dedicados al oficio de diseñar fórmulas de riesgo, de ingobernabilidad y de inviabilidad de los países que no se someten al modelo neoliberal. Serán ellos un permanente factor de inestabilidad, son ellos, aupando la fuga de capitales, los primeros enemigos de una dolarización que Rafael Correa ha insistido que la mantendrá, a pesar de su objeción inicial a que el Ecuador haya perdido su sistema monetario en el año 2000. Su resistencia a adaptarse a nuevas reglas de juego, a renunciar a prebendas y a beneficios de magnitudes insoportables, ya comenzaron a expresarse durante la campaña electoral.

El nuevo gobierno, incluso antes de posesionarse, está buscando minimizar el impacto de estas cábalas y encontrar posibles acuerdos con sectores como el financiero y empresarial para neutralizar la oposición; acuerdos que tendrán los límites de lo aceptable para un gobierno que quiera combatir la corrupción, controlar el libertinaje con que el sector financiero favorece la fuga de capitales y del ahorro ecuatorianos y regular la existencia de altas tasas de interés acompañadas de un servicio financiero ineficiente.

Está clara la intención del nuevo régimen de fortalecer el papel del Estado, tanto como regulador como generador de procesos de redistribución de la riqueza, de fortalecimiento de la infraestructura estatal en casos como el petróleo, la electricidad, las comunicaciones y de la apertura de recursos para la producción de los pequeños y medianos productores; y la animación de una política selectiva y consecuente con las prioridades del país en materia de gestión de la deuda externa.

Por otra parte, el gobierno parece decidido a impulsar un programa social que se sustente en buena medida en el mantenimiento e incluso profundización de algunos subsidios dirigidos a enfrentar situaciones de pobreza que requieren programas de emergencia, procurando que funcionen en un esquema de corresponsabilidad entre el Estado y el beneficiario; y este asunto de los subsidios despierta urticarias entre los sectores de analistas y empresarios que insisten en "sincerar" (sic) los precios de los servicios de acuerdo a costos de mercado. Frente a las críticas, el presidente electo ha jugado con un argumento a favor de los subsidios a partir de las propias contradicciones del sector empresarial: el mantenimiento de subsidios favorece la competitividad de la producción nacional, ha dicho, pues eliminarlos sería trasladar costos al sector privado. Pero más allá de ese argumento, mientras no provoquen resultados las políticas de redistribución del ingreso, de desarrollo de la pequeña producción rural y urbana, de extensión de servicios como educación y salud, los subsidios sociales como la entrega de un bono económico mensual sostienen a una población pobre en situación de emergencia, población que al recibir el subsidio, asume a su vez una responsabilidad en los campos de la educación y la salud. Además de que programas como el bono de la vivienda, que tiene que ajustarse en su monto, generarán importantes procesos de autoconstrucción y de organización popular.

Mucho se podría debatir en torno a los subsidios, a la necesidad de establecer diferencias y matices y esto será materia de debates y reflexiones dentro y fuera del régimen en los próximos años.

Es posible prever un nuevo gobierno que se sume y se apoye en la corriente latinoamericana de independencia política frente a Estados Unidos e instituciones como la banca multilateral y el FMI, lo que puede significar nuevos escenarios de integración económica y social. La toma de posición en ese sentido no coloca al gobierno de Correa en una disyuntiva entre lo que está de moda llamar las dos formas de la izquierda en América Latina: la izquierda "razonable" de los presidentes Bachelet y Lula o la izquierda "populista" de Chávez y Kichner. Al igual que lo que ocurre en sus respectivos países, el Ecuador presenta particularidades que matizan la opción ideológica o política; un apoyo en este nuevo y creciente bloque sudamericano le permitirá a Rafael Correa llevar al escenario regional sus tesis en torno a temas como el Plan Colombia, la presencia de bases militares estadounidenses en el país, los tratados de libre comercio, la creación de infraestructura energética nacional sustentada en el respaldo de países de la región como Venezuela.

De todos modos, también aquello será un nuevo motivo para que las élites económicas se rasguen las vestiduras y nos anuncien colapsos. Al miedo de los pobres por la ausencia de horizontes, le ha sustituido el miedo de los ricos a la existencia de un horizonte distinto al confuso y fangoso estado de cosas en el que medran, unos más que otros, unos a la sombra de otros. Si bien el hecho simple de que estos sectores sientan miedo a perder sus prebendas y pingües negocios que se relacionan de alguna manera con el Estado o con la desde siempre famélica "inversión extranjera", acaban convirtiéndose en el factor dominante en la llamada "opinión pública" y en la conducta de esas élites.

El miedo determina las orientaciones con las que se informa o se desinforma. Lo curioso del caso es que no existe miedo a continuar dentro de una democracia y una república inciertas, sin horizonte, sin proyecto, sin posibilidad de estabilidad política. No. El miedo se expresa frente a la posibilidad del cambio. Parece que para los sectores que tejen, destejen, manipulan y visten al mamotreto de la opinión pública, lo importante es continuar en el estado de incertidumbre, habituados a confiar en la estabilidad de lo incierto, de lo inestable, del corto plazo. Que nada cambie mañana aunque no exista nada en pie para pasado mañana.