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Presidente Evo Morales |
El presidente Evo Morales paralizó el funcionamiento de la
Asamblea Constituyente para intentar alcanzar un acuerdo con la
oligarquía, que ha intensificado las huelgas de hambre y sus
medidas de presión con las que quieren impedir que el
oficialismo de la izquierda indigenista defina por sí solo el
texto de la nueva Constitución Política del Estado.
En
la madrugada del martes 5, en Sucre, los representantes de las agrupaciones
cívicas y de la derecha oligárquica lograron que el
gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) acepte la
suspensión de las sesiones de la Asamblea mientras se desarrolla
la negociación, abierta este domingo tras el paro parcial que
cumplieron los sectores organizados en contra Morales.
Las fuerzas de la oligarquía, que enarbolan la bandera de la
autonomía regional y que han logrado dirigir a la mayor parte de
los sectores cívicos, empresariales y laborales en Santa Cruz,
Tarija, Beni y en menor proporción en Pando y Cochabamba,
quieren mantener en la Constituyente el derecho al veto que el
gobierno de Morales les concedió a mediados de año y que ahora
pretende anular con la imposición de su mayoría. La derecha
oligárquica reclama la vigencia de los dos tercios para aprobar
la nueva Constitución y definir los alcances y carácter de las
autonomías.
El domingo 3, Morales cedió en el pedido que realizaron seis
comités cívicos y convenció a la bancada del MAS para congelar
el avance de las plenarias de la Asamblea, y reabrir el debate
para incluir los dos tercios en el artículo 71 del reglamento de
debates, que ahora establece la aprobación de cada artículo de
la Constitución por mayoría absoluta.
Pese a esta concesión inicial de Morales, los cívicos
determinaron continuar con las medidas de presión, que hasta
ayer tenían al menos a 591 personas en huelga de hambre en Santa
Cruz, Tarija, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba y La Paz.
Isaac Ávalos, líder de la confederación de campesinos le reclamó
a Morales la carta blanca que entrega a la oposición para
discutir indefinidamente el tema de los dos tercios. El
Mandatario contestó que "a veces, cuando se presiona, al final
el diálogo no avanza".
Fruto de un acuerdo político entre la izquierda indigenista y la
derecha oligárquica, la ley de Convocatoria a la asamblea
Constituyente estableció que el texto de la nueva Constitución
Política del Estado debe ser aprobado por dos tercios, antes de
ser puesta a consideración del pueblo en un referéndum. La
propuesta del MAS, aprobada en el reglamento de debates,
establece que la nueva Constitución puede ser llevada al
referéndum sin necesidad de contar en todos sus artículos con un
apoyo de dos tercios, con lo que rompe su alianza con la
oligarquía, a la que le quita ese poder de veto.
Contra esta acción se han levantado los comités cívicos y
organizaciones empresariales y laborales del oriente y sur del
país, mientras que a nivel gubernamental hay dudas sobre si
imponen su mayoría y rompen definitivamente con la oligarquía o
si ceden en busca de un acuerdo que los aleje del conflicto.
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