La ley establece el reconocimiento sin límite a los latifundios productivos y define mecanismos que posibilitan a los terratenientes y acaparadores de tierras ociosas burlar la intención gubernamental de expropiar y redistribuir las tierras no trabajadas.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, logró la aprobación congresal de los contratos petroleros con las transnacionales y las reformas a la ley de tierras. La primera garantiza mayores ingresos para el Estado y millonarias ganancias para las petroleras que explotarán por 30 años las riquezas en gas y petróleo de la nación sudamericana. La segunda agiliza los mecanismos para la reversión y distribución de tierras ociosas, aunque garantiza todos los latifundios que puedan demostrar que cumplen alguna función económica y social.

En lo político, Morales logró un doble triunfo al imponer su fuerza política para aprobar dos leyes fundamentales para su plan de gobierno y el reglamento definitivo de la Asamblea Constituyente, quebrando el bloqueo que la oligarquía había impulsado en el Senado.

La noche del martes 28, al final de una intensa jornada, la Cámara de Senadores aprobó una reforma a la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y, después, sin debate ni análisis, los 44 contratos petroleros que consolidan su nueva relación con las transnacionales extranjeras, que exportarán a Brasil y Argentina, como materia prima barata (a mitad del precio internacional), la totalidad de las reservas probadas de gas natural del país.

En su discurso, Morales dijo que los cambios fueron consecuencia de la presión ejercida por las marchas de campesinos e indígenas, a quienes alertó de que, probablemente, sean necesarias otras movilizaciones para anular las normas dejadas por el neoliberalismo.

Al presentar las reformas a la ley INRA, el Presidente, --tal como lo hizo con la renegociación y legalización de los contratos petroleros a los que presentó como “nacionalización”--, dijo que "a partir de esta Ley termina el latifundio en Bolivia (porque) ahora tenemos un instrumento para acabar con los terratenientes" de la región tropical, donde está concentrada la oposición al régimen socialista.

Sin embargo, la propia ley INRA establece el reconocimiento sin límite a los latifundios productivos y define mecanismos que posibilitan que los terratenientes y acaparadores de tierras ociosas puedan burlar la intención gubernamental de expropiar y redistribuir las tierras no trabajadas.

Según un análisis de la Fundación Tierra, la nueva ley INRA “no encara uno de los problemas clave para lograr una redistribución justa de la tierra, cual es el redimensionar el tamaño de la propiedad de tierras” (ver: La nueva ley no termina con el latifundio” en www.econoticiasbolivia.com).

La aprobación de la ley INRA, ejecutada a partir de la adhesión de tres senadores de la oposición, que desobedecieron las instrucciones de sus jefes de partido para ausentarse del Congreso hasta que el Gobierno respete la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, desató la protesta de la oposición derechista que intentaba canjear la aprobación de esta ley por un nuevo acuerdo entre la izquierda indigenista en el poder y la oligarquía para redactar en la Constituyente la nueva Constitución Política del Estado y definir el alcance de las autonomías regionales.

Al mismo tiempo, en Sucre, sede de la Constituyente, la mayoría del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) también consiguió avanzar en la ratificación de los Artículos del reglamento de la Asamblea, a pesar de la huelga de hambre de casi tres centenares de militantes de la derechista Unidad Nacional (UN) y otros sectores.

El millonario empresario del cemento y jefe de UN, Samuel Doria Medina, abandonó el ayuno el martes por la noche, por prescripción médica, aunque los demás miembros de su partido continúan siguiendo la extrema medida.

El Presidente Morales estampó su firma en la reforma agraria a las 23.40 horas del martes 28 delante de centenares de indígenas y campesinos que, jubilosos, invadieron pacíficamente el Palacio de Gobierno de La Paz. Cerca de cinco mil indígenas y campesinos habían marchado desde distintos puntos del país hacia La Paz para lograr la aprobación de la reforma a la ley INRA, que establece nuevos mecanismos para avanzar hacia la expropiación de tierras, que se hará una vez que se detecte que éstas son improductivas y que el Estado pague a los propietarios privados el valor de mercado o les entregue tierras fiscales en una cantidad similar como compensación.

Aprobada la ley INRA, los sectores opuestos a Morales alistan para el próximo viernes una huelga cívica nacional de 24 horas, si antes el Gobierno no accede a modificar la fórmula de voto en la Constituyente, que es el eje de la disputa entre la izquierda indigenista y la derecha oligárquica. El gobernante MAS quiere imponer su mayoría, anulando el pacto que tenía con la oligarquía. Ésta se resiste y lucha para renovar su alianza con Morales.