Por el decreto del 1ª de Mayo el gobierno aumento la carga impositiva a los dos yacimientos mas importantes al 82%, dejando el 18% restante en manos de la empresa. En los contratos recientes estos porcentajes se transformaron en muy “variables” teniendo toda una serie de determinaciones, condicionamientos, licencias, etc, que hay que ver en cada caso.

Por  José Luis Rojo - Socialismo o Barbarie

Sin embargo, aunque significa un aumento real en los ingresos fiscales del Estado, incluso esta limitadísima medida viene con “trampa”

“Con estos contratos queremos resolver los problemas del país, sentamos soberanía sobre nuestros recursos sin expulsar a nadie, esa es la nacionalización sin indemnización (...) Respetamos la seguridad jurídica y jamás vamos a violar estos contratos transparentes”. (Evo Morales)

En la declaración de Socialismo o Barbarie Bolivia publicada poco después del 1° de Mayo del 2006, dimos una definición precisa de la “nacionalización” de Evo Morales decretada ese día: la definimos como una renegociación de los contratos SIN expropiación de las multinacionales cuyos objetivos centrales eran aumentar los ingresos fiscales del Estado y tener un mayor control y/o regulación sobre el negocio gasífero. Es decir, de ninguna manera una auténtica nacionalización como pretendió ser vendida.

Esto ha sido confirmado totalmente el 29 de octubre pasado cuando fueron firmados los nuevos contratos entre el gobierno de Morales y multinacionales como Petrobras, Repsol, Shell, Amoco y otras que monopolizan la producción del gas en el país andino.

En lo que sigue, presentaremos sintéticamente 5 claves para entender el verdadero carácter de la “nacionalización” de Morales y Linera.

No hay verdadera nacionalización

Contra viento y marea del impresionismo de casi todas las corrientes de izquierda que definieron la puesta en escena del gobierno del MAS como “un paso adelante”, un “triunfo histórico”, una “auténtica nacionalización”, desde SoB Bolivia tomamos desde el comienzo distancia esta medida [1] por lo que de “parcial”, “ficticia” e incluso “tramposa” la misma tenía, con más contenido de “concesión” y “trampa” que de conquista como subproducto de la lucha popular.

Denunciamos que el objetivo central de Morales y Linera era lograr un sustancial aumento de los ingresos fiscales del Estado por la extracción y producción del gas; pero de ninguna manera expropiar a las multinacionales y hacerse cargo del proceso productivo que quedaría en manos de las multinacionales.

No es casual que ahora Morales haga alarde de que se trata de una “nacionalización sin indemnización”, claro está con el “pequeño detalle” de que no hay indemnización sencillamente porque lo que ha ocurrido en Bolivia no es... ninguna verdadera nacionalización. [2]

Por el contrario, lo que se ha hecho es forzar a las empresas a una renegociación de los contratos con el objetivo de que el Estado boliviano pueda obtener más recursos por la explotación del gas. Y, en todo caso, que el gobierno pueda arrogarse un mayor control político sobre la operación del negocio, exigencias éstas inevitables si de lo que se trata es de afirmar el gobierno sobre la base de un país que ha vivido una tremenda rebelión popular.

En estas condiciones, la firma de los contratos petroleros el 29 de octubre pasado (fecha límite estipulada por dicho decreto para la “migración” de los mismos) viene entonces a confirmar completamente lo que dijimos seis meses antes (ver SoB periódico N° 79 del 19/05/06): en síntesis, que no se trataba de ninguna verdadera nacionalización, ni burguesa ni anticapitalista.

Los activos siguen en manos de las multinacionales

Como venimos señalando desde mayo afirmamos que la medida tomada por Morales no significaba una verdadera expropiación. Esto era muy sencillo visualizarlo (y los nuevos contratos lo vienen a confirmar): los activos más importantes de las empresas extranjeras de ninguna manera han pasado a manos del Estado.

Razón por la cual, el núcleo básico del proceso productivo, es decir, la extracción del gas y el petróleo ha quedado en manos de las multinacionales, ahora legalizado con los nuevos contratos. Por comparación (como ya hemos planteado en la nota 2) podemos decir que cuando se trata de una nacionalización burguesa, las empresas sí pasan realmente a manos del Estado, pero son indemnizadas. Cuando se trata de una auténtica expropiación, no solo no hay indemnización, sino que además las empresas son inmediatamente puestas bajo control y/o administración obrera.

Pero nada de esto ha ocurrido en Bolivia. Lo único que se declaró “nacionalizado” (que estaba ya contenido en la propia Constitución Política del Estado de Sánchez de Losada), es que el fluído gas como tal, el recurso natural, es de “propiedad estatal”, lo que es propio de todas las constituciones burguesas que en hay en el mundo (en nuestro país, los “dueños” del recurso natural, son los estados provinciales). Pero claro está, esto carece en realidad de todo efecto práctico en la medida que el proceso productivo para extraer el gas del subsuelo... sigue siendo propiedad (es decir, estando en manos) de las empresas imperialistas.

No se llega siquiera a configurar elementos de un “capitalismo de Estado”

Porque el “capitalismo de Estado” es sencillamente una cantidad importante del PBI y las empresas en manos del estado capitalista. Es el caso de PDVSA en Venezuela que produce el 80% del PBI de ese país y está controlada por Chávez.

Es en este marco que se debe comparar con la pregonada “refundación” de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) por parte del gobierno del MAS. Porque el gobierno de Morales echó a rodar el proyecto de “refundar” esta empresa a partir de la “reversión al estado” del 50% mas una de las acciones de una serie de compañías llamadas “capitalizadas” (en manos de Fondos de Pensión) que operan entre el 6 y el 12% de la extracción del gas.

También planteó el traspaso al estado de “Transredes”, otra empresa capitalizada bajo la misma modalidad que se ocupa de la distribución del gas dentro de Bolivia (paso todavía no consumado). Y Solís Rada (el echado Ministro de Hidrocarburos que anunció junto con Evo la “nacionalización”) pretendió hacer lo propio con las dos únicas empresas de refinación de petróleo que hay en Bolivia (en manos de Petrobras) y que refina el fluido destinado al consumo interno del país. [3]

Estas últimas medidas (para colmo no consumadas) parecerían “contradecir” el subtítulo que encabeza este punto, pero no es así. Se trata de una serie de medidas que tienen dos objetivos: por un lado, darle al Estado un cierto terreno de intervención y regulación (así sea con una porción muy menor de la producción de gas) en el negocio; así como darle también un terreno de control respecto de la distribución y comercialización del gas y el petróleo en el mercado interno. Es decir, medidas más bien políticas que realmente económicas (aunque tienen una cierta base económica menor), pero que no llegan a transformar realmente al Estado en un actor económico propiamente dicho.

En síntesis, se trata de medidas timoratas que oscilan entre una cierta orientación de capitalismo de Estado y un contenido –si se quiere mayor– de intervención política del Estado para regular los precios del gas sobre todo en lo que hace al mercado interno. Es decir, al efecto que puedan tener los precios sobre la población.

No hay verdadera industrialización

Esta es otra cuestión de enorme importancia. Nuevamente como en el caso del ciclo de la plata o el estaño, lo que se lleva a cabo en el país es la extracción del recurso mineral: es decir, la parte más “penosa” del proceso productivo como denunciaba Zavaleta Mercado (esto es así sobre todo en la minería; aunque no tanto en el gas y petróleo, pero sirve a modo “ilustrativo”).

Es decir: la que requiere más esfuerzos y tiene menor valor incorporado. Siendo mas concretos: en el negocio del gas la extracción del fluído significa la obtención de la mera materia prima. Luego de este paso viene la separación de los distintos gases, la refinación y otro tipo de procedimientos industriales que dan lugar a los distintos productos que van al consumo. Desde ya que es obvio que el gas extraído como tal es el más barato y que los distintos procesos de industrialización van agregando valor y precio.

Pero como en el caso de la minería en la revolución del ‘52, no casualmente el levantamiento de Octubre del 2003 exigió la industrialización del gas en manos bolivianas. Pero el gobierno de Morales tampoco va a cumplir con esta elemental exigencia. [4] En lo esencial, los contratos de venta de gas con Argentina y Brasil (que se llevan la parte del león de la producción; el resto es lo que queda para el mercado interno) es la venta de gas en “bruto”; es decir, la venta de la materia prima. Siquiera en el caso del mercado interno del propio país todavía está garantizado de que las dos refinadoras ya señaladas pasen a manos de YPFB.

Lo que queda: un mero aumento de los ingresos fiscales, pero muy por debajo del alardeado 82%

Finalmente, incluso en el propio terreno del alardeado aumento de los impuestos y regalías cobrados a las empresas por el Estado, “no todo lo que reluce es oro”.

Se recordara que por el decreto del 1ª de Mayo el gobierno aumento la carga impositiva a los dos yacimientos mas importantes en manos de Petrobras (San Albano y San Alberto) al 82% de la producción bruta del fluido dejando el 18% restante en manos de la empresa. En los contratos recientes estos porcentajes se transformaron en muy “variables” teniendo toda una serie de determinaciones, condicionamientos, licencias, etc, que hay que ver en cada caso.

Sin embargo, si hay un dato certero: aunque significa un aumento real en los ingresos fiscales del Estado, incluso esta limitadísima medida viene con “trampa”.[5] Porque las regalías e impuestos se cobran sobre el precio fijado del fluído (por una unidad de medida llamada BTU). Y “sorprendentemente”, el precio tope fijado en el caso argentino (Brasil quiere uno menor todavía no establecido) para esta unidad de medida es de 5 dólares el BTU cuando en el mercado internacional un gas de la pureza del extraído en Bolivia (es decir, sin azufre, como es el caso del venezolano) oscila entre 9 y 10 dólares esa unidad de medida. Desde este punto de vista, está claro que para las multinacionales es pingüe negocio: porque al ser empresas como Petrobras y Repsol exportadoras e importadoras a la vez del gas (están de los dos lados de la frontera) es obvio que lo pueden “comprar” (a sí mismas) al precio tope acordado con el Estado boliviano y no tienen ningún límite para revenderlo al doble de este valor (por no hablar de lo que pueden agregar de valor con la industrialización)

¿Qué significa esto?, muy sencillo: no hace falta ser un especialista en matemáticas para darse cuenta que incluso si llegaran a pagar el impactante porcentaje del 82% de impuestos sobre la producción bruta del gas... esa cifra se reduciría a la mitad sólo con que las empresas revendan el gas al doble del valor con que lo compraron (y, nuevamente, sin que agreguemos aquí el aumento del valor por la industrialización). Esto último es una de las tantas razones por las cuales las multinacionales están que “bailan en una pata” luego de la firma de los nuevos contratos.

En síntesis, la reivindicación y lucha por una auténtica nacionalización del gas sigue siendo una tarea pendiente del proceso revolucionario boliviano, la que no se podrá obtener de la mano de ningún gobierno de conciliación de clases al frente del estado burgués, sino de la mano del poder de los obreros y campesinos.