Vociferando, hombres, mujeres y niños rodean las delegaciones que se suceden en el emplazamiento minero de Ruashi, cerca de Lubumbashi, en la RDC. Los Sres. Mwambe Kataki, Remy Ilunga y Pierre Kalume, empleados anteriormente por la poderosa Gécamines1 y reconvertidos en artesanos mineros (cavador), aseguran, en nombre de sus compañeros, que nunca les van a desalojar. Piensan obstruir la carretera a las grandes sociedades que, después de los años de guerra, vuelven a Katanga (o Shaba) gracias a las privatizaciones fomentadas por el Gobierno de Joseph Kabila. Asimismo, en el Kivu, antiguos trabajadores de Kamituga amenazan a la sociedad canadiense Banro con impedir la reanudación de la producción y los disturbios inflaman la mina de Kilo-Moto, en Ituri. Las grandes sociedades, en efecto, no contratan más que a un pequeño número de trabajadores cualificados y las nuevas condiciones de las inversiones, les liberan de cualquier obligación social. Respecto al Estado congoleño, seguramente no tendrá medios de reconvertir a los que (esas empresas) han abandonado.

Mientras tanto, Ruashi Mining, una sociedad surafricana, toma posiciones en la mina de Ruashi, rodeada de guardias y alambradas. La mina a cielo abierto presenta un aspecto lunar, acribillada de agujeros y cráteres. Solamente armados con un pico, los hombres han abierto galerías por las que se deslizan los niños; unos cavan, otros separan el mineral y los meten en sacos. Un poco más lejos, unos semi-remolcadores, con su cargamento de materia bruta, se preparan para llegar a la frontera con Zambia. Pequeñas sociedades que explotan hornos artesanales, tratan in situ una parte de la heterogenita, mineral mixto donde se mezclan el cobre y el cobalto. Después de una primera depuración, el cobalto y el cobre irán en camiones hacia África del Sur o se dirigirán al puerto de Dar-es-Salam (Tanzania) donde les esperan mercantes chinos…

El alcalde de Lubumbashi, Floribert Kaseba, destaca que, contra lo que pasa en la capital, aquí no se ven mendigos ni niños de la calle. Todo el mundo trabaja… Es cierto, pero ¡en qué condiciones! La mayor parte de los 70.000 “cavadores” de Katanga no llegan a ganar ni 1 $ al día… Y, aunque los mineros han creado un Mutua, la Empresa Minera Artesanal de Katanga (EMAK) es para poder financiar los gastos de funerales, pues los derrumbamientos provocan numerosas víctimas. La explotación minera representa el 74% de las exportaciones de la RDC y ocupa, de manera informal, a 950.000 trabajadores, mientras que en lo “formal” solo son 35.000

Para comprender los temores actuales de los mineros congoleños, hay que recordar que el Zaire del Mariscal Mobutu había conservado las estructuras coloniales donde las grandes Sociedades del Estado, como la Gecamines o la Minera de Bakwanga (MIBA) en Kasai, generaban las divisas del país. Pero, en el Zaire postcolonial, estas grandes firmas también habían heredado una tradición paternalista: se las obligaba a garantizar el alojamiento y el acceso gratuito a los cuidados sanitarios a sus trabajadores y a sus familias, ventajas que reforzaban el sentimiento de pertenencia a la empresa. La privatización ha venido a trastornar todo: se ha desmantelado a las grandes Empresas estatales y sus sucesores desean que desaparezca el pasado de sus obligaciones.

Lo que se ha llamado “el carnaval minero” del Congo se ha desarrollado en varias etapas y la última quizás no será menos cruel. En los años 90, hacia el final del reinado de Mobutu, preocupado como estaba de conformarse a las prescripciones del Banco Mundial, el Primer Ministro Léon Kengo wa Dondo empezó a privatizar, principalmente a las empresas mineras, con la finalidad de llenar la caja del Estado y permitirle pagar su deuda. En mayo de 1995, cuando comenzó el desmantelamiento de la Gécamines y la privatización de otras Empresas estatales, grandes compañías mineras se pusieron en fila: las canadienses Lundin, Banro Mindev, la Belgo-canadiense Barrica Gold, la australiana Anvil Mining, las surafricanas Genscor e Iscor. Sin embargo, el país era inestable y las más grandes compañías prefirieron quedarse en retaguardia. Cuando se desencadenó la guerra en 1996 – que llevó 7 meses después a la caída de Mobutu -, los “juniors” ocuparon el terreno, tratando directamente con los grupos rebeldes y reservándose la posibilidad de revender más tarde sus títulos. Así fue como Laurent Désiré Kabila encontró en American Mineral Fields, la Sociedad australiana Russel Ressources y la de Zimbabwe Ridgepointe Overseas, los medios de financiar su guerra y después, relanzar el aparato político-administrativo, a cambio de acuerdos sobre tres emplazamientos de la Gécamines: los yacimientos mineros de Mongbwalu 2 , el distrito de Ituri y los mostradores de diamantes de Kisangani.

La euforia duró poco: al día siguiente de su llegada al poder en mayo de 1997, Kabila no se contentó solo de tomar distancia de sus aliados ruandeses y ugandeses –que eran las bestias propiciatorias - sino que expresó su voluntad de revisar los contratos mineros, deseando que, como en el pasado, los nuevos llegados cumplieran sus obligaciones sociales respecto a sus trabajadores. Al añadirse a las condiciones de seguridad, esta actitud se juzgó como ingrata y radical, lo que constituyó el origen de la “segunda guerra”, iniciada en 1998. Con la aprobación de los occidentales, Ruanda y Uganda intentaron echar a su antiguo aliado y se tropezaron no solo con la resistencia del pueblo sino también con la intervención de Angola y Zimbabwe, que defendieron a Kabila con las armas.

El territorio congoleño se encuentra dividido en 4 territorios autónomos, administrados por el Gobierno central y 3 grupos rebeldes, de los cuales los más importantes son el RCD/Goma (Agrupación congoleña para la Democracia, sostenida por Ruanda) y el Movimiento de Liberación del Congo (MLC) creado con el apoyo ugandés. El Gobierno central y los rebeldes tienen que financiar sus operaciones militares y retribuir las intervenciones de los países aliados. Las 4 regiones, en adelante separadas, se transforman en “autoservicio”, donde se cruzan las redes mafiosas de cualquier origen que explotan el oro, el cobre, el colombo-tantalita (el famoso coltán que entra en la composición de los teléfonos móviles), la madera y el diamante3. Estos depredadores se contentan con pagar cánones a los señores de la guerra que ostentan el poder en realidad y, si es necesario, los proporcionan armas. Escándalo humanitario: 3 millones y medio de víctimas civiles) y político4, este drama, que al principio no interesaba a mucha gente, fue un derroche económico. Desde principios del 2000, en efecto, cuando la solicitud de coltan empieza a bajar y el comercio del diamante se impone poco a poco, la demanda mundial de cobre, cobalto, marfil y uranio va creciendo, con precios dopados por el crecimiento chino y las necesidades de la India. Ahora bien, la explotación de estos minerales exige grandes inversiones y a largo plazo, lo que supone un medioambiente político estable. En resumen, el tiempo de la piratería terminó y, por su parte, la industria minera surafricana (en la que invierten nuevos capitalistas negros) considera que África central y más particularmente la cintura de cobre de Katanga representa su zona de expansión natural.

Las presiones internacionales sobre los beligerantes congoleños y sus aliados se van acentuando, hasta que terminaron reuniéndose en la ciudad surafricana de Sun City y firmando un acuerdo que preveía la salida de los ejércitos extranjeros, la reunificación del país y un período de transición de 2 años que terminó alargándose a 3, para terminar el 30 de julio de 2006. Para la “comunidad internacional” (es decir los grandes países occidentales más África del Sur, muy presente) se trataba sobre todo de legitimar y estabilizar el poder in situ para permitir que volviera a funcionar la economía y la reconstrucción del país. Para la población congoleña, a la que se proponía las primeras elecciones libres desde hace 46 años, se trataba, por fin, de salir de un sistema de corporación de élites…

Cuando se anunciaron las elecciones legislativas y la 1ª vuelta de la elección presidencial para la mitad del verano de 2006, se empezó a hacer balance de la transición. Numerosos informes realizados por asociaciones internacionales subrayan hasta qué punto había continuado el saqueo de los recursos después del final oficial de las hostilidades en 20035. Esta constatación, muy pertinente, deja de lado una evidencia: a pesar de las afirmaciones de principio, los acuerdos de Sun City no tenían como primer objetivo democratizar la gestión de los recursos, sino terminar con la guerra, incitar a las tropas extranjeras a dejar el territorio y permitir el reemplazo de los circuitos mafiosos que actuaban a corto plazo por operadores económicos más estables, pero necesariamente menos ávidos.

La lógica política no se confunde con la moral y así, los acuerdos de Sun City dieron la mejor parte a los señores de la guerra, no a la “sociedad civil” ni a la antigua clase política. Despreciada por el pueblo que veía en ello una recompensa a la impunidad, se adoptó la fórmula “uno más cuatro”: el Presidente Joseph Kabila, que había sucedido a su padre después de su asesinato en enero de 2001, aceptó compartir el poder con 4 vice-presidentes provenientes de las facciones rebeldes, de la oposición política y de la “sociedad civil”. Así, se vio al Vice-Presidente Jean-Pierre Bemba, un antiguo hombre de negocios, acusado por los expertos de las Naciones Unidas de haber saqueado los Bancos y las cosechas de café de la región de Ecuador, convertirse en presidente de la comisión llamada “economía y finanzas”, mientras que el otro exrebelde, Azarias Ruberwa, cuyas tropas, aliadas al Ejército ruandés habían cometido masacres a gran escala en el Este del Congo, vio que le confiaban el sector de la defensa y la seguridad…

La reunificación rápida del país muestra hasta que punto la guerra se impulsó desde el exterior y que el sentimiento de pertenencia nacional seguía siendo una realidad. Sin embargo, el éxito podría ser únicamente superficial. Cada unos, en efecto, ha guardado sus mejores fuerzas en reserva y las tropas del nuevo Ejército nacional, poco o mal pagadas pues se malversan los salarios, viven con frecuencia a expensar de la gente. Para contener eventuales desbordamientos las Naciones Unidas pidieron y después autorizaron el refuerzo de una fuerza europea de 2.000 hombres (Leer “Arrière-pensées européennes”), que debería respaldar a los 17.500 cascos azules ya desplegados.

Después de la reunificación, el Estado restablecido fue encargado de garantizar un mínimo de seguridad física y jurídica para los inversores en el sector minero. Pero este Estado, que salía de una guerra y estaba plagado de contradicciones, se encontraba también debilitado; durante la transición no fue capaz de rechazar las cláusulas leoninas impuestas por las firmas. El mercadillo de los recursos naturales no terminó con el fin de la guerra, solo cambió de naturaleza. Los miembros de la Asamblea nacional, no elegidos, se encontraron obligados a redactar un Código minero y otro forestal, cuyos términos muy liberales, se habían redactado por el Banco Mundial, que ofrecían un amplio bulevar a los intereses privados, reduciendo al mínimo las obligaciones de éstos. Así, por ejemplo, el Banco Mundial ha liderado la reestructuración de la Gécamines. Antes de que la empresa se vendiera “por pisos”, echaron a 10.500 trabajadores, que recibieron unas indemnizaciones que iban de 1.900 a 30.000 $. Pero estas sumas se dedicaron a rembolsar las deudas o absorbidas por gasto a corto plazo. Estos trabajadores, privados de seguridad social, actúan en el sector informal donde las firmas quieren remplazarles por máquinas y no contratan más que un mínimo número de trabajadores calificados.

El Congo ha concedido importantes exoneraciones fiscales a varias sociedades mixtas, que se extienden a períodos de 15 a 30 años. La mayor parte de ellas solamente han pagado, en 2004, 0,4 millones de dólares de impuestos… En el sector del diamante, no situación no es mejor: la MIBA se vio despojada del 45% de sus activos en provecho de la Sengamines, sociedad mixta congolo-zimbabweña… Además, si la aprobación de la nueva Constitución en diciembre de 2005 por el 85% de los electores es una proeza en un país que carece de carreteras y medios de comunicación, también representa un éxito para los que quieren limitar las prerrogativas del Estado: divide al país en 26 provincias y comparte los recursos a razón de 60% para las autoridades de Kinshasa y el 40% para las autoridades provinciales. Tiene como objetivo centralizar, pero la autonomía concedida a los gobiernos provinciales corres el riesgo de acrecentar la corrupción a nivel local. El nuevo poder, legitimado en adelante, ¿tendrá la valentía de liberarse de los elementos más dudosos de su entorno, de los consejos poco desinteresados de la “comunidad internacional”? ¿Tendrá la audacia de poner en tela de juicio los acuerdos mineros?.

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