(IAR
Noticias)
17-Diciembre-2012
Se estima que el 25 por ciento
del territorio uruguayo y paraguayo y al menos el 10 por ciento del argentino
están en manos de empresarios extranjeros.
Bolpress
M ientras que en otros países de la región los latifundios privados
se multiplican como hongos. Esta nueva forma de conquista neocolonial se
intensificó en los últimos cinco años y afecta sobre todo a los países de
América del Sur.
12 de diciembre, 2012.- Desde 2007/2008, transnacionales y gobiernos
intensifican el acaparamiento de enormes superficies de tierras de
cultivo en África, Asia y América Latina, lo que supone “el riesgo de
crear un pacto neo colonial de provisión de materias primas sin valor
agregado”, alertó el ex director de la FAO Jacques Diouf.
Arabia Saudí, Kuwait y otros países desérticos compran o arriendan
tierras para cultivar alimentos; mientras que las transnacionales y los
grupos financieros acaparan predios para lucrar y especular con materias
primas agroindustriales. El capital financiero ve a Sudamérica como la
principal zona para comprar y arrendar tierras agrícolas. (1)
En septiembre de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India
solicitaron tierras a los gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar
oleaginosas, trigo y lentejas. La principal refinadora de azúcar y
productora de alcohol de India Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil
hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo Walbrook compró cerca de 600
mil hectáreas en Argentina. (2)
“Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la
región. Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos
de inversión de tierras o de acaparamiento”, subrayó el profesor del
Instituto de Estudios Sociales de La Haya Saturnino Borras, uno de los
autores de un estudio realizado en 17 países latinoamericanos y
caribeños, por encargo de la Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). (3)
Los investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras
destinadas a la producción de alimentos afecta a gran parte de la región.
En América del Sur “estamos ante una nueva ola de un proceso de
extranjerización de las tierras importantes”, alertó el especialista
Martine Dirven. Por ejemplo, un informe oficial estima que en la última
década se vendieron al menos 5,5 millones de hectáreas en Uruguay, el 25%
de las áreas productivas del país, a sociedades anónimas privadas. (4)
En Paraguay ascienden a 1,8 millones de hectáreas las compradas entre
2006 y 2010 por empresarios brasileros, franceses, alemanes, portugueses,
japoneses y españoles, según el investigador del Centro Paraguayo de
Estudios Sociológicos Luis A. Galeano, quien calcula que en las últimas
dos décadas las empresas extranjeras adquirieron entre nueve y 10
millones de hectáreas de tierras paraguayas, es decir entre el 25 y 30%
de la superficie productiva del país.
En Bolivia se estima que al menos 700 mil hectáreas están en manos de
agroindustriales brasileros, argentinos, peruanos y colombianos, la
mayoría destinada a la producción de soya transgénica. (5)
Para el director del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) Fernando
Eguren la concentración de tierras “es también una concentración de
influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está
ocurriendo y, también tiene que ver con restricciones en la democracia”.
(6) Legalizan la venta de tierras fiscales en Panamá
Pese al fuerte rechazo popular, el 19 de octubre de 2012 el presidente de
Panamá Ricardo Martinelli sancionó la Ley N. 72 que autoriza la venta de
terrenos fiscales en la Zona Libre de Colón (ZLC), un área libre de
impuestos creada en 1948 para aprovechar comercialmente el enclave del
canal de Panamá, de donde parten rutas hacia Japón, Estados Unidos y
otros países latinoamericanos.
Compañías de todo el mundo tienen una base de operaciones en la ZLC, que
generó transacciones por 29 mil millones de dólares en 2011. El diputado
Miguel Salas denunció que el Ejecutivo pretende privatizar terrenos de la
ZLC para cubrir el déficit fiscal y recolectar fondos para la campaña
oficialista de 2014.
Varios sectores sociales, empresariales y parlamentarios solicitaron a la
Asamblea Nacional que rechace la propuesta privatizadora, y luego de que
ésta fue aprobada solicitaron al presidente que la vetara, pero
Martinelli desoyó el clamor popular.
Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Colón para
protestar contra la ley de Martinelli y el 19 de octubre el niño de nueve
años José Betancourt perdió la vida por un impacto bala en el abdomen, y
alrededor de 30 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía. El
21 de octubre cientos de ciudadanos vestidos de negro en señal de luto
marcharon desde la Iglesia Paulino San José hacia el centro de la ciudad
para rechazar la venta de tierras de la zona franca.
Por otro lado, es motivo de gran preocupación la aprobación de obras de
“desarrollo” que no cumplen con los requisitos exigidos por ley, y con la
aparente complicidad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La
directora ejecutiva de la organización ecologista Panamá Sostenible Raisa
Banfiel recordó que durante la campaña presidencial Martinelli dijo que
la ANAM “estorbaba y atrasaba el desarrollo” nacional.
La preocupación estriba en que a pesar de decenas de denuncias y
conflictos ambientales suscitados en los últimos años, la ANAM actuó con
negligencia, como en el caso de los humedales de la Bahía, uno de los
cinco sitios Ramsar de Panamá, creado por resolución de la ANAM el 3 de
febrero de 2009. (7)
Recientemente la propia ANAM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial (Miviot) acordaron suspender el estatus del sitio natural con
el fin de viabilizar la construcción de una planta de tratamiento en la
bahía de Panamá, y del proyecto Panamá Bay Country Club, decisión que fue
respaldada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, ya suman seis las demandas judiciales interpuestas contra la
decisión de la CSJ de anular la protección al humedal de la Bahía. En la
lista de demandantes figuran la Fundación MarViva, la Sociedad Audubon de
Panamá, la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido
Revolucionario Democrático. También fueron admitidos recursos
interpuestos por el Centro de Incidencia Ambiental y por la Asociación de
Abogados Litigantes de Panamá. Privatización en Honduras
Luego del golpe de Estado de 2009, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo y
la bancada oficialista del Congreso aprobaron reformas constitucionales
que autorizan la creación de las denominadas Regiones Especiales de
Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”, catalogadas como la más denigrante
variante del neocolonialismo territorial, ya que legaliza la venta de
franjas del territorio a inversionistas extranjeros.
Desde hace algunos años empresarios estadounidenses de ultraderecha
compran islas en los países del tercer mundo con el fin de crear paraísos
fiscales libres de regulaciones políticas. Algunos ejemplos de “islas
estado” son el Principality of Sealand frente a la costa de Inglaterra;
el fallido Freedom Ship en la bahía Trujillo, y la vigente Seasteaders.
Años atrás, el empresario nicaragüense Xavier Arguello Carazo, yerno del
ex presidente panameño Ricardo Maduro, ofreció un pedazo de Honduras al
inversionista norteamericano Paul Romer, quien pretendió privatizar la
isla de Madagascar junto a la coreana Posco-Daewoo.
En diciembre de 2011, la revista The Economist reveló que el Estado de
Honduras firmó dos cartas de intención con grupos privados interesados en
construir “ciudades modelos”. Uno de ellos está integrado por la compañía
Future Cities Development Corporation, fundada por Patri Friedman, nieto
del economista Milton Friedman, y por el propietario de Paypal Peter
Thiel. El segundo consorcio se denomina Grupos Ciudades libres (Free
Cities Group), de propiedad de Michael Strong y Kevin Lyons, que opera en
Honduras con el nombre de NKG.
El 4 de septiembre de 2012 la Comisión para la Promoción de Alianzas
Público-Privadas (Coalianza) y NKG firmaron un contrato para la
construcción de la primera “ciudad modelo” en Honduras. El testigo de
honor del negocio fue el presidente del Congreso Juan Orlando Hernández,
uno de los principales promotores de la subasta de Honduras mediante las
RED.
Pero las RED no son las únicas amenazas a la soberanía territorial
hondureña. El 13 de diciembre de 2011 la dirigencia de la Comunidad de
Cristales y Río Negro presentaron una demanda de nulidad absoluta contra
varios contratos de venta fraudulenta de tierras comunitarias situadas al
suroeste de la Ciudad de Trujillo al empresario canadiense Randy Roy
Jorgensen.
Jorgensen, conocido como el “rey del porno”, pretende construir un muelle
para cruceros Panamex denominado Banana Coast. También adquirió terrenos
en las comunidades Garífunas de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, y
obtuvo súbitamente licencias ambientales para construir villas frente al
mar Caribe en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y
Calentura.
El “rey del porno” recibió gran apoyo de Ramón Lobo Sosa, hermano del
mandatario Porfirio Lobo, y el 21 de junio de 2011 mereció un
“reconocimiento especial” del propio presidente en sesión del gabinete
ministerial en la ciudad de Trujillo. (8) Pretenden privatizar el
patrimonio natural costarricense
En Costa Rica está punto de sucumbir ante la marea privatizadora la isla
Plata de 18 hectáreas ubicada en Esparza, Puntarenas, declarada
Patrimonio Natural del Estado y protegida por la Ley de Zona Marítimo
Terrestre (ZMT). Desde hace más de una década la empresa Vimavi del
Pacífico Sociedad Anónima pretende construir en la isla onas
residenciales e infraestructura turística.
En 2006 las autoridades de la municipalidad de Guanacaste intentaron
vender la pequeña ínsula, situada frente al complejo turístico Flamingo,
en 15 millones de dólares o entregarla en concesión, pero ambas maniobras
fueron frustradas por el Ministerio del Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones (Minaet) y el Departamento Municipal de Gestión
Ambiental, dirigido entonces por el biólogo William Arauz.
Sin embargo, el año pasado el director del Área de Conservación Tempisque
Arenal Nelson Marín eliminó la norma restrictiva vigente y recomendó la
concesión de parte de la isla. Esto permitió a la empresa solicitar la
autorización para iniciar obras, la cual está a punto de ser aprobada por
la Municipalidad de Santa Cruz, controlada por el Partido Liberación
Nacional (PLN).
Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge y Yolanda
Acuña denunciaron que se pretende otorgar la concesión a Vimavi del
Pacífico SA, de propiedad de Virginia del Carmen Vindas Soto, esposa de
Carlos Ricardo Benavides, padre del Ministro de la Presidencia.
Al plan privatizador de la isla Plata se suma la aprobación de un
proyecto de ley que pretende reducir los límites del Refugio de Vida
Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de las playas más hermosas del país,
ubicada a 73 kilómetros de Limón, en la costa Atlántica costarricense. El
Senado chileno debate la privatización del mar
Este mes se debate en el Senado chileno un proyecto de ley que modifica
la Ley de Pesca en Chile y que entrega a perpetuidad los recursos
pesqueros a empresas transnacionales. La norma define varios tipos de
licencias pesqueras. Un tipo de licencia reconoce los derechos históricos
de los pescadores industriales; otro tipo de licencia indefinida abre la
posibilidad de licitar hasta el 15% de los derechos si por tres años
seguidos la actividad está sobre su rendimiento máximo sostenible.
El proyecto de ley desestima el significado de la pesca de arrastre e
irrespeta las cinco millas marítimas para la pesca artesanal,
privilegiando a cuatro grandes consorcios privados, denunció la
Confederación Nacional de Pescadores Artesanales. Según la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, la norma transgrede el derecho
de todos los ciudadanos al control sobre los recursos naturales del mar.
“Nos parece inaceptable e irregular la negativa de dos parlamentarios a
inhabilitarse de votar, aun cuando es de público conocimiento su
vinculación con empresas ligadas a la gran industria pesquera”, fustigó
la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa, aludiendo a los senadores
Andrés Zaldivar y Jovino Novoa.
Según el senador por la región del Bio Bio Alejandro Navarro, la ley
propuesta, además de no resolver problemas de fondo, genera mayor
concentración económica, no garantiza una verdadera competencia, tampoco
asegura la sustentabilidad y “condena a los pescadores artesanales a
convertirse en empleados de la industria”. Limitan la extranjerización de
la tierra en Argentina
En febrero de 2011 una comisión del Parlamento de Uruguay reanudó la
elaboración de un anteproyecto de ley para limitar la venta de tierras,
pero la norma aún no fue aprobada. En Argentina el Senado aprobó en
diciembre de 2011 la ley sobre el Régimen de protección al dominio
nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales,
un instrumento legal que limita la tenencia y adquisición de tierras por
extranjeros.
La presidenta Cristina Fernández estimó que 10% de las tierras de la
nación están en manos extranjeras. La nueva legislación argentina
estipula que máximo el 15% del territorio nacional puede estar en manos
foráneas, y de esa cantidad no podrá haber más de un 30% detentado por
personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad, informó la
agencia Télam.
La norma argentina establece que las parcelas en poder de extranjeros no
podrán superar las mil hectáreas o la superficie equivalente en la zona
núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
También define estrictas prohibiciones para la venta de superficies que
“contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y
permanentes”, y dispone que no se entenderá como inversión la adquisición
de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable.
La iniciativa dispone la creación de un Registro Nacional de Tierras
Rurales, encargado de realizar un relevamiento “catastral y dominial” del
recurso, así como de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
Notas
(1) El Grupo de Reflexión Rural (GRR) de Argentina denunció en octubre de
2010 que “los negociantes de los mercados globales salen a buscar nuevos
objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y
alimentos, además del oro, metales estratégicos y cuencas
hidrocarburíferas. Son capitales corporativos que no sólo buscan dar
respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino que, adictos a las
fábulas del ‘crecimiento’, descubren ahora que no pueden alimentar a su
propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo”.
(2) Sudamérica en la mira de inversionistas agrícolas; 12/XI/2010;
farmlandgrab.org; news@farmlandgrab.org, Agencias Reuters y AFP.
(3) Tras estudiar el tema en 61 países, la FAO y Transparency
Internacional (TI) concluyeron que una gobernanza débil incrementa la
posibilidad de corrupción en la tenencia y administración de la tierra.
(4) Más de 100 casos de apropiación de tierras para la producción de
alimentos en el exterior: http://www.grain.org/m/?id=216 http://www.grain.org/briefings/?id=214
(5) Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia, Miguel
Urioste; Fundación TIERRA, octubre 2010. El gobierno boliviano estima que
alrededor de un millón de hectáreas productivas, de las 5,5 millones de
hectáreas que producen algún tipo de alimentos, están en manos de
extranjeros, principalmente brasileros y menonitas. Estas tierras
representan el 20% del total de la superficie con características
agrícolas.
(6) Lourdes Pérez Navarro, periodista de la redacción de Economía de
Prensa Latina.
(7) El director del Centro de Incidencia Ambiental Félix Wing dijo que es
inquietante la inestabilidad en la ANAM, cuya ex jefa Lucía Chandeck
renunció sin que se sepan los motivos, y fue reemplazada por Silvano
Vergara, el tercer administrador en tres años.
(8) http://ofraneh.wordpress.com/2012/09/19/ciudad-modelo-republica-bananera-y-las-concesiones-cuyamel/
La Ceiba, Atlántida 8 de septiembre de 2012.El capital financiero
internacional se apodera de las mejores tierras sudamericanas.
www.rosa-blindada.info
|