California busca despojarse de edificios de oficinas, Pittsburgh de la empresa de suministro de agua y Chicago de sus parquímetros. En Louisiana y Georgia, los aeropuertos están disponibles al mejor postor. Alrededor de 35 acuerdos están ya en marcha en EE.UU., según los datos recopilados por la filial de banca y mercados globales de Royal Bank of Scotland, RBS. Los activos tienen un valor de mercado en torno a los US$45.000 millones, más de diez veces los US$4.000 millones recaudados hace un par de años, estima Dana Levenson, encargada de banca de infraestructura para RBS. Otros cientos de transacciones están en consideración, dicen analistas.

Los acuerdos ilustran la deteriorada situación financiera por la que atraviesan numerosas comunidades. Muchas usan las ventas de activos para balancear sus presupuestos que han sido devastados por las caídas en la recaudación de impuestos y las obligaciones de pensiones. En un reciente testimonio ante el Congreso estadounidense, el inversionista multimillonario Warren Buffet expresó su preocupación sobre la capacidad de las municipalidades para financiar la jubilación y los beneficios de salud de sus empleados y sugirió que el gobierno federal podría, en última instancia, verse obligado a rescatar a los estados.

La privatización ha sido popular por años en partes de América Latina, Europa, Canadá y Australia, donde el Estado en algún momento controló una parte importante de la economía. En muchos casos, la toma de control por parte del sector privado de industrias y servicios controlados por el Estado puede resultar en operaciones más eficientes y rentables. Un a empresa privada, por ejemplo, puede disponer de más recursos para invertir en las reparaciones de una carretera y asumir el grueso de las pérdidas si los conductores la usan menos.

Los críticos, sin embargo, argumentan que muchas de las ventas de activos podrían costarle a éstas comunidades ingresos a futuro, ya que toman pagos únicos a cambio de un flujo constante de ingresos. Los acuerdos amenazan las calificaciones crediticias en algunos casos y afectan la calidad y el costo de servicios públicos como el agua y la electricidad. Los detractores agregan que muchas de estas decisiones pueden compararse con individuos que liquidan sus fondos de jubilación y los gastan en necesidades inmediatas, sin preocuparse por el futuro. "Estas transacciones son parte de una amplia reestructuración de nuestra economía que acarrea grandes riesgos debido a pérdidas de ingresos en el tiempo", dice Michael Likosky, profesor de la Universidad de Nueva York quien se especializa en leyes de finanzas públicas.

Las municipalidades sostienen que el dinero que podrían levantar les ayudaría a construir más activos de largo plazo, mejorar la eficiencia y evitar un alza de los impuestos. "La ciudad de Los Ángeles no debería estar en el negocio de los estacionamientos", insiste Mike Mullen, asesor principal del alcalde, quien fue contratado desde el Bank of Montreal para evaluar la venta de algunos de los activos de la ciudad, incluyendo estacionamientos que actualmente generan alrededor de US$20 millones al año.

En EE.UU., la práctica de vender edificios públicos y luego arrendarlos generó mucha atención en la década de los 80, pero todos esos acuerdos se hicieron en gran medida para obtener beneficios fiscales, y los activos generalmente se mantuvieron bajo control estatal. Los acuerdos de hoy son fundamentalmente distintos porque el control del activo pasa a manos privadas. En estos casos, "el inversionista privado asume el riesgo operacional", señala Likosky.

El gobierno del condado de Nassau, en Nueva York, comenzó la semana pasada a buscar compradores para los derechos a alquilar una antigua base militar llamada Mitchel Field. El condado continuaría siendo dueño del área, pero recibiría un pago por parte de un inversionista que recolectaría los pagos de alquiler por 30 años, estimados en US$113 millones. El condado espera recaudar alrededor de US$20 millones para cerrar su brecha presupuestaria.

Los acuerdos más populares en este momento son los de parquímetros municipales y espacios de estacionamiento. Chicago recibió US$1.160 millones en 2008 por permitir que un consorcio liderado por Morgan Stanley gestionara más de 36.000 espacios de estacionamiento por un período de 75 años. La ciudad continúa fijando las reglas y las tasas de los parquímetros y recolecta las multas de tráfico. Pero los inversionistas se quedan con los ingresos, los cuales este año serían el triple de los US$20 millones que la ciudad estaba recibiendo, de acuerdo con empresas calificadoras de riesgo. Por lo menos una docena de sistemas públicos de estacionamiento en EE.UU. están en venta, incluyendo los de San Francisco y Las Vegas.

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