Francia vive este martes otro experimento de rechazo social al ajuste con los
sindicatos movilizados, y el país paralizado como respuesta a las
impopulares medidas tomadas por el gobierno racista y conservador de Nicolás Sarkozy. Si bien se trata de una reacción puntual contra la reforma de
pensiones, la movilización sindical contra el ajuste marca una tendencia masiva
en una Unión Europea en proceso de crisis y de ajustes salvajes
descargados sobre las espaldas de los asalariados y de los sectores que menos
tienen.
IAR
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/
Agencias
Los sindicatos franceses prepararon este martes una prueba de fuerza, con
paros y manifestaciones en todo el país contra la impopular reforma de las
pensiones, pero el presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy, ha dicho
está decidido a aplicar.
Según los
sondeos, dos tercios de los votantes creen que el plan de Sarkozy de retrasar
la edad de jubilación de los 60 a los 62 años y alargar los años de trabajo
para recibir una pensión es injusto y apoyan la huelga.
"Nunca en la historia de los sondeos han estado los franceses tan convencidos de
que hay una injusticia social", dijo a Reuters el analista político Roland
Cayrol, de la universidad de Ciencias Políticas de París.
La mayoría de las grandes economías europeas tienen una edad oficial de
jubilación de 65 años, y algunos, como Alemania, España y Reino Unido, tienen
previsto retrasarla gradualmente hasta los 67 o más allá, pero la edad efectiva
de jubilación en Francia es similar a la de sus vecinos, según la Organización
Económica para la Cooperación y el Desarrollo.
Los dirigentes sindicales proyectan sacar a dos millones de personas a la
calle, parar hospitales y colegios y provocar cortes en el tráfico aéreo y
ferroviario, aprovechando el descontento creciente con los gobiernos europeos
por los recortes en unos gastos que les han dejado fuertemente endeudados.
François Chereque, líder del sindicato CFDT, declaró a la cadena RTL que el
Gobierno haría mal en ignorar lo que calificó de "la mayor participación en
la última década".
Según los primeros cálculos gubernamentales, la participación estaba siendo
significativa.
"Después de hoy está en manos del Gobierno. Si quieren mejorar las cosas, más
vale que vengan con propuestas (para cambiar la reforma)", agregó
Bernard Thibault, líder del otro sindicato mayoritario, la CGT, insinuó la
posibilidad de una huelga general: "Si no responden y no prestan atención,
habrá una continuación y no descartamos nada a estas alturas".
Sin embargo, los analistas han dicho que incluso aunque los sindicatos obtengan
una participación masiva, es poco probable que logren convertir un día de
protesta en un movimiento a largo plazo que pueda forzar al Gobierno a dar
marcha atrás.
La jornada de protesta incluye una huelga en sectores públicos clave,
como los transportes, las televisiones y radios, los hospitales o la compañía de
correos, pero también en el sector privado, en bancos o en grandes empresas como
la petrolera Total.
El cese de actividades perturbaba fuertemente el servicio ferroviario -con un
42% de huelguistas con un 25% de vuelos anulados- y urbano, como los
subterráneos parisinos, que circulaban con menor frecuencia y estaba repletos en
las horas punta.
El 73% de los franceses se declararon a favor de la jornada de protestas
Días después del inicio del ciclo lectivo, los docentes también adherían a la
huelga, muchos de ellos desde el lunes, en protesta contra el recorte de decenas
de miles de puestos de trabajo. En las escuelas primarias la tasa de huelguistas
era superior al 30%, según entidades gremiales.
"Ya vemos que los trabajadores se están movilizado", afirmó a la radio privada
RTL el secretario general del segundo sindicato francés, la CFDT, Francois
Chereque.
Unas
200 manifestaciones están previstas en diversas ciudades francesas. Francia,
con más de 15 millones de jubilados, es uno de los países europeos donde la edad
mínima para tener derecho a jubilarse es más baja, aunque eso sí, habiendo
trabajado 40 años.
Con los niveles de aprobación de Sarkozy cercanos a sus momentos más bajos, sus
dos asesores principales insinuaron el domingo que podría modificar un
"escudo fiscal" ampliamente criticado y aprobado para asegurar que los más
ricos no pagan más en impuestos del 50 por ciento de sus ingresos.
Claude Gueant, su jefe de gabinete, declaró en la emisora Europe 1 que en contra
de algunas percepciones públicas, Sarkozy "no es en absoluto el presidente de
los ricos".
En medio también se encuentra el ministro de Trabajo, Eric Woerth, muy dañado
por un escándalo sobre supuesto conflicto de intereses y donaciones políticas
ilegales. Woerth presentará la reforma de las pensiones en el Parlamento, que se
espera la apruebe en octubre.
Sarkozy lo ha apoyado a pesar de las revelaciones sobre sus vínculos con la
mujer más rica de Francia, la heredera de L'Oreal Liliane Bettencourt, y el
gestor de sus fondos, Patrice de Maistre. El ministro ha negado haber cometido
cualquier ilegalidad y se ha negado a dimitir.
Sin embargo, el escándalo ha debilitado su posición y ha alimentado las
protestas contra la ley de las pensiones, considerada la reforma bandera de
Sarkozy y la plataforma de lanzamiento para las elecciones de 2012, en las que
intentará ser reelegido.
Francia tiene una larga tradición de protestas sindicales, aunque solo el 10 por
ciento de sus trabajadores - la mayoría en el sector público - están afiliados.
En 1995,
un movimiento de protesta obligó al entonces presidente Jacques Chirac a
abandonar una propuesta de reforma de las pensiones y de la sanidad, y en 2006
los estudiantes lograron acabar con un contrato que preveía salarios bajos para
los jóvenes.
Esta
jornada de protestas coincide con la presentación, en la Asamblea Nacional, del
proyecto de reforma, uno de cuyos puntos claves es elevar a 62 años la edad
mínima de jubilación a partir de 2018..
El Gobierno conservador y racista de Sarkozy, para quien esta reforma es una
"prioridad absoluta" de los 18 meses de mandato que le quedan, cuenta con
que su aprobación parlamentaria sea a fines de octubre. Ello pondrá fin a una
conquista social emblemática en Francia desde 1983, durante la presidencia del
socialista Francois Mitterrand.
El ejecutivo francés justifica la reforma en la necesidad de salvar un sistema
amenazado por el aumento de la esperanza de vida y las consecuencias de la
crisis económica que triplicó el déficit del sistema de jubilaciones
elevándolo en 2010 a 32.000 millones de euros, según datos de un organismo
independiente.
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