En la imagen, sindicalistas
protestan contra las reformas laborales en una calle de Bilbao, en el País
Vasco. España cuenta con más de 4 millones de desempleados, una tasa de 20% de
la fuerza laboral.
The Wall Street Journal
Las
autoridades españolas reconocieron que a los bancos y empresas del país les
cuesta acceder al crédito, lo que deja de manifiesto la presión que enfrenta el
gobierno para recuperar la confianza de los inversionistas.
España ha tratado durante las últimas semanas de convencer a los mercados de que
es capaz de reducir el déficit y reestructurar su sistema bancario en medio de
las preocupaciones de que el país se vea obligado a solicitar un rescate. Uno de
sus mayores motivos de ansiedad tiene que ver con la dificultad de los bancos
españoles para hallar financiamiento en el mercado interbancario, una fuente
importante para las entidades con necesidades de liquidez de corto plazo.
El lunes, el secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, reconoció, al
intervenir en una conferencia, que la dificultad de acceder al crédito "es un
problema". Durante el mismo evento, el presidente del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Francisco González, manifestó que los mercados seguían "cerrados"
para la mayoría de las empresas y exhortó al país a aprobar las reformas
pendientes. "Restablecer la confianza del mercado es prioritario", señaló.
Los comentarios coinciden con la presentación, contemplada para el miércoles, de
una controvertida reforma laboral. España cuenta con un sistema laboral dual,
parecido al de Francia y Alemania. Un primer nivel, que abarca principalmente a
los trabajadores calificados y de mayor edad, ofrece empleos bien remunerados y
protegidos. El segundo nivel está conformado por empleados más jóvenes que ganan
menos y pueden ser fácilmente despedidos. Los detractores de este sistema
indican que ha resultado en un alto desempleo y sostienen que la liberalización
del primer nivel generaría más y mejores empleos.
La crisis de la deuda europea está obligando a los países más vulnerables de la
región a realizar grandes recortes en el gasto público y, al mismo, hallar
formas de estimular el crecimiento. Muchos economistas creen que la única forma
en que Grecia, Portugal y España podrían alcanzar esa meta es mediante la
liberalización de sus economías.
En un momento en el que abundan las preguntas sobre la viabilidad de la moneda
común europea, España se ha transformado en una prueba clave. Se trata de la
cuarta economía de la eurozona con un PIB del orden del billón (millón de
millones) de euros, que equivale a 11% del PIB de la región. El resto de las
economías en apuros, Grecia, Irlanda y Portugal, representan combinadas cerca de
6%.
Aparte de la reforma laboral, el gobierno español prepara otras medidas, como la
reestructuración del sistema bancario, consideradas fundamentales para reanimar
la economía y restaurar la confianza del mercado. La semana pasada, España no
tuvo más remedio que ofrecerles a los inversionistas un rendimiento promedio de
3,3% en una subasta de 3.900 millones de bonos a tres meses, frente a un
rendimiento de apenas 2% en una operación similar en abril. La diferencia, o
spread, entre el rendimiento de los bonos españoles y los bonos alemanes,
considerados como los más seguros de Europa, llegó recientemente a su nivel más
alto desde el lanzamiento del euro.
El gobierno tiene que recaudar 97.000 millones de euros este año para financiar
una deuda nacional de 553.000 millones de euros. El alza en los costos de
financiamiento podría complicar la campaña de España para reducir su déficit
fiscal desde el 11% del PIB del año pasado a 9% del PIB para finales de este
año, para luego dejarlo en 3% del PIB para 2013.
El sector privado también enfrenta restricciones de crédito, ante las dudas de
los inversionistas sobre el impacto del colapso del auge inmobiliario y la
recesión económica en el sector financiero. Los bancos no saben a cuánto
ascenderán los créditos incobrables y el valor de los bienes raíces en sus
libros sigue cayendo de la mano de los precios inmobiliarios.
Filas de desempleados
España relajó las condiciones para los contratos laborales de corto plazo en
1997, durante el gobierno conservador de José María Aznar. El cambio impulsó el
empleo durante el auge inmobiliario, pero creó un mercado laboral que absorbe
trabajadores durante las épocas de vacas gordas para luego expulsarlos durante
los bajones económicos.
Muchos de los empleos generados durante el boom de los bienes raíces fueron de
corto plazo y muchos trabajadores pasaron de trabajo en trabajo, a menudo
ganando el sueldo mínimo. Cuando la recesión golpeó finalmente con toda su
fuerza, el mercado laboral colapsó. Las filas de los desocupados pasaron de los
1,7 millones de personas en 2007 a los 4,6 millones de trabajadores a finales de
marzo, una tasa de desempleo de 20%.
Luego hay que contar a los millones de trabajadores contratados bajo el sistema
antiguo. La seguridad que les otorgan sus contratos significa que, a menudo, a
los empleadores les sale más barato mantenerlos que pagarles una indemnización
por despido.
La reforma del gobierno reduciría las indemnizaciones a los nuevos empleados de
45 a 33 días por año de trabajo. En un intento por animar a los empleadores a
depender menos de los trabajadores temporales, el gobierno usaría un fondo para
financiar ocho de los 33 días siempre y cuando el contrato sea de largo plazo, o
"fijo" como se conocen en España.
El gobierno, que está discutiendo un borrador de las reformas con los sindicatos
y partidos de la oposición, aprobará el decreto este miércoles en el Consejo de
Ministros y lo pondrá en vigor sólo de manera provisional.
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