España ingresó el miércoles a un escenario de "gran ajuste" en su
economía al anunciar una rebaaja en salarios públicos y una congelación de
las pensiones que, además de recortar el déficit fiscal, mermarán
inevitablemente la capacidad de crecimiento económico en una de las naciones
puntales de la eurozona. Los dos sindicatos mayoritarios españoles rechazaron el
miércoles las nuevas medidas de ajuste fiscal, afirmando que amenazan el
crecimiento del país y la reforma laboral en marcha.
IAR
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/
Agencias
El Gobierno de Zapatero anunció este
miércoles una rebaja de los sueldos de los empleados públicos este año y su
congelación el que viene, la retirada de las ayudas por nacimiento de hijos
a partir de 2011 y que el próximo ejercicio dejará de subir las pensiones
contributivas.
Éstas son las tres principales
medidas anunciadas por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en su
comparecencia extraordinaria en el Congreso de los Diputados, en la que
justificó estas para acelerar la reducción del déficit.
Este esfuerzo, dijo, es "especial,
singular y extraordinario" y debe hacerse "precisamente ahora", cuando se
están viendo "signos" que ponen de manifiesto el inicio de la recuperación
económica.
La primera gran medida anunciada por
Zapatero es la de la rebaja media del 5% en el sueldo de los empleados
públicos, que se congelarán el año que viene.
Con este anuncio, el gobierno de
Zapatero rompe con el acuerdo que alcanzó en septiembre del año pasado con
los sindicatos para elevar los sueldos de los empleados públicos un 0,3%
este año con una cláusula de revisión salarial al final del ejercicio.
Zapatero también anunció
que se suprimirá a partir del 1 de enero de 2011 el denominado cheque-bebé, la
prestación de 2.500 euros por nacimiento o adopción de un hijo.
Esta prestación, una de las medidas
"estrella" de la política social del Gobierno socialista, fue anunciada
también por Zapatero en el pleno del Congreso en julio de 2007, durante el
Debate del estado de la Nación, y entró en vigor de manera inmediata.
El líder de la oposición, el
conservador Mariano Rajoy, acusó hoy al Gobierno español de recortar los
derechos sociales para acelerar la reducción del déficit público y aseguró
que esta "improvisación" la pagarán todos los españoles, especialmente los
empleados públicos y los pensionistas.
Rajoy, presidente del Partido Popular
(PP), el principal de la oposición en España, realizó un duro discurso ante el
Congreso de los Diputados, donde minutos antes el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, anunció el ajuste para reducir el déficit público y
situarlo en el 3 por ciento del PIB en 2013.
Rajoy insistió en que Zapatero ha
tenido que decidir "en tres días" una reducción del gasto de 15.000 millones de
euros (unos 19.000 millones de dólares), y eso es "improvisación", especialmente
si se tiene en cuenta que hace una semana Zapatero aseguraba que no
acometería un recorte "drástico" para no afectar a la recuperación económica.
España se había colocado entre los
cinco países del mundo (junto a EE.UU. Reino Unido e Irlanda) con un déficit
público superior al 10%, tras alcanzar el 11,2% del PIB al finalizar el 2009
como señaló el martes el propio gobernador del Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez.
Hay que tener en cuenta que el
déficit público es una acumulación de deuda, originada en buena parte porque
el gasto se ha mantenido a pesar del desplome de los ingresos y esta situación
se ha visto agravada por el gasto adicional en planes de estímulo económico.
El Gobierno de Zapatero suspenderá
en 2011 la revalorización de las pensiones, excepto las no contributivas y
las mínimas, lo que significa que las contributivas no se actualizarán el
próximo año de acuerdo con el IPC.
Asimismo, se prevé la eliminación
del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley
40/2007.
Esto implica que sólo podrán acceder a esa modalidad de retiro los mayores de 61
años, que tengan un mínimo 30 años cotizados a la Seguridad Social y al menos 6
años de antigüedad en la empresa, en tanto que sólo se podrá reducir la jornada
laboral un 75% como máximo.
Los dos sindicatos mayoritarios
españoles rechazaron el miércoles las nuevas medidas de ajuste fiscal, afirmando
que amenazan el crecimiento del país y la reforma laboral en marcha.
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