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Omar Al Bashir.
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La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya,
revisará una decisión anterior de no acusar de genocidio al presidente de Sudán,
Omar Al Bashir.
Por Zukiswa Zimela - IPS
"Fue un error legal rechazar las acusaciones de genocidio
contra el presidente Al-Bashir", dijo en conferencia de prensa el fiscal jefe de
la CPI, Luis Moreno Ocampo.
La orden de arresto inicial contra Bashir, emitida el 4 de marzo de 2009,
sindicaba al presidente sudanés de crímenes contra la humanidad, incluyendo
asesinato, exterminio, traslados forzados, torturas y violaciones en la
occidental zona de Darfur.
El tribunal también acusó a Bashir de dirigir ataques contra civiles que no
participaban de la guerra ni de los saqueos, pero rechazó la acusación de
genocidio pedida por el fiscal.
La Cámara de Apelaciones de la CPI ordenó este miércoles al tribunal que
reconsiderara los cargos de genocidio, señalando que había exigido un incorrecto
estándar de evidencias al fiscal Moreno Ocampo.
La decisión no es un fallo sobre la culpabilidad o inocencia de Bashir, sino que
sólo exige a la Corte que reconsidere si el mandatario debería ser acusado de
ese delito.
"La fiscalía mantiene su postura de que la intención del presidente Al-Bashir es
destruir (las poblaciones de) Fur, Masalit y Zanghawa. El hambre y la violación
son sus armas. Esto es genocidio", dijo Moreno Ocampo.
Aun si la CPI añade esta grave acusación a la ya pesada orden de arresto contra
Bashir, él no parece estar en riesgo de detención inminente: se prepara para
participar de las próximas elecciones en su país, previstas para abril.
Un portavoz del gobierno sudanés dijo a la prensa que la decisión de la Cámara
de Apelaciones de la CPI tenía motivos políticos y podía socavar los comicios.
"Este procedimiento de la CPI es sólo para detener los esfuerzos del gobierno
sudanés hacia las elecciones y un pacífico intercambio de poder", dijo Rabie
Abdelati, alto funcionario del Ministerio de Información sudanés.
Bashir depende del apoyo de países de la Unión Africana (UA) y de algunos
estados árabes que se negaron a respaldar las acusaciones contra él, a pesar de
que 30 naciones de África integran la CPI.
Dismas Nkunda, co-director de la Iniciativa Internacional por los Derechos de
los Refugiados, dijo que la mayoría de los estados africanos todavía tienen la
impresión de que Occidente procura interferir en sus asuntos.
"Los estados africanos se sienten como objetivos. La mayoría de los crímenes
graves contra la humanidad se cometen en África. Varios ex jefes de Estado de la
UA han sido juzgados por la CPI. La decisión de la UA fue política", dijo
Nkuynda a IPS en conversación telefónica desde Kampala.
En cambio, "la CPI tomó una decisión legal", sostuvo.
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