La próxima conferencia para
revisar el mandato de la Corte Penal Internacional instaló el debate en Estados
Unidos acerca de cómo debe ser su relación con este tribunal que juzga
genocidios y crímenes de guerra y de lesa humanidad. A Washington le preocupa su
jurisdicción universal.
Por Eli Clifton - IPS
Estados
Unidos debe ser un "socio no-miembro", colaborar con las investigaciones,
detener sospechosos y realizar procesamientos, sostiene la organización Council
on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores) en un informe divulgado
a principios de esta semana.
El concepto de "delito de agresión", acciones militares no provocadas de un
estado a otro, en los Estatus de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), es
demasiado vago y puede comprometer los intereses de Estados Unidos, señaló Vijay
Padmanabhan, profesor de derecho de la Universidad de Yeshiva y uno de los
autores del documento.
Estados Unidos debe contribuir de forma constructiva a la conferencia de
revisión y, de ser productiva, aumentar su cooperación con el tribunal, sostuvo
Padmanabhan.
La conferencia de revisión de la CPI se realizará en Kampala del 31 de este mes
al 11 de junio.
Los participantes del encuentro tratarán de mejorar las posibilidades del
tribunal para procesar a los responsables de graves violaciones a los derechos
humanos, señala un informe de la organización Human Rights Watch (HRW),
divulgado el lunes.
"Es una oportunidad para que los miembros de la CPI dejen en claro a los
delincuentes, y posibles delincuentes, que la justicia los alcanzará", señaló
Richard Dicker, de la organización con sede en Nueva York.
"Un debate serio puede realmente representar un avance para las víctimas de
asesinatos masivos y frenar el uso de la violación como arma de guerra", añadió
Dicker, director de justicia internacional de HRW.
La conferencia se concentrará en las cuatro áreas temática sobre las cuales
trabaja la CPI: paz y justicia, fortalecer los tribunales nacionales, impacto de
la acción del tribunal en las comunidades afectadas y cooperación de los países.
También está previsto que se trate el tema de la ampliación de su jurisdicción
para abarcar delitos vinculados al tráfico de drogas y al terrorismo.
Además se analizarán dos asuntos muy delicados: el alcance del "delito de
agresión" y un controvertido artículo que permite a los miembros apartarse de
los estatus en asuntos vinculados con crímenes de guerra.
El gobierno estadounidense de Bill Clinton (1993-2001) suscribió el tratado que
creó la CPI el 31 de diciembre de 2000, pero su sucesor, George W. Bush
(2001-2009) retiró la firma.
El actual presidente, Barack Obama, expresó su deseo de mejorar la cooperación y
de respaldar a la CPI, pero por ahora no ha dado señales de que firmará el
tratado.
El gobierno de Obama debe tomar ocho medidas en materia de justicia
internacional, propuso HRW en un documento divulgado en marzo.
Entre ellas "desarrollar una relación constructiva con la CPI", "colaborar en
investigaciones y procesamientos" y "marcar su oposición con las disposiciones
que quedan de la Ley de Protección a Militares Estadounidenses".
La aprobación de la norma fue una de las respuestas más hostiles del gobierno de
Bush hacia la CPI. La ley autorizó al presidente a recurrir a todos los medios
necesarios para liberar a funcionarios estadounidenses detenidos por el tribunal
y prohibir la participación de este país en misiones de paz, a menos que su
personal tuviera inmunidad.
A diferencia de su antecesor, Obama se ha esforzado por demostrar su apoyo al
mandato de la CPI.
La Casa Blanca terminó con ocho años de boicot a las reuniones de los estados
parte de la CPI cuando envió un observador al encuentro de noviembre. También
enviará uno a la conferencia de Kampala. Pero no llegó a anunciar que regresará
a la CPI.
Ni el Consejo de Relaciones Exteriores ni HRW reclamaron en sus informes el
retorno inmediato de Estados Unidos al tribunal internacional.
"Creo que es obvio que no es una opción inmediata", dijo a IPS Elis Keppler,
asesora de justicia internacional de HRW.
La CPI sólo interviene cuando los tribunales nacionales no pueden llevar
adelante procesos creíbles. Una mayor colaboración de éstos facilitará los
juicios contra delincuentes internacionales sin ampliar la jurisdicción de la
Corte, con sede en La Haya.
"La CPI es un tribunal de último recurso", señaló Dicker. "Mejorar la lucha
contra la impunidad no es sólo fortalecer el tribunal, sino lograr que la
justicia local funcione de acuerdo con estándares acordados" por la comunidad
internacional.
Hay numerosos obstáculos que impiden que Estados Unidos se integre a la CPI,
según detalló Padmanabhan en el informe del Consejo de Relaciones Exteriores,
pero reconoció la importancia de que este país colabore con el tribunal y apoye
su mandato.
"Por cuestiones morales y de seguridad, a Estados Unidos le interesa que sean
juzgados los responsables de delitos atroces. La CPI puede ser un instrumento
importante para lograr ese objetivo", escribió.
"Con la cantidad de miembros que tiene el tribunal, la realidad es que es
posible que la CPI se convierta en un foro para futuros juicios del alcance
internacional", añadió.
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