En un año electoral, el
militarismo de los gobernadores está nutriendo la ya de por sí agresiva retórica
contra los inmigrantes indocumentados y la violencia en México.
Por David Brooks -
La Jornada, México
Con
un solo asesinato en la frontera de Arizona está en jaque todo el elegante
discurso de “cooperación bilateral” entre Estados Unidos y México, al
intensificarse los llamados para continuar la militarización de la línea
divisoria. Ahora, todos los gobernadores de los estados fronterizos con México,
con excepción de California, han solicitado que el gobierno federal envíe tropas
de la Guardia Nacional y más agentes federales, después de la muerte de un
prominente ranchero esta semana, y la creciente e incesante ola de violencia al
otro lado de la frontera, la cual recientemente incluyó dos víctimas
estadounidenses ligadas al consulado de este país en Ciudad Juárez.
El gobernador de Nuevo México, el demócrata Bill Richardson, uno de los
políticos latinos de mayor perfil en este país, ordenó el envío de tropas de la
Guardia Nacional a su frontera después del asesinato del ranchero Robert Krentz,
cometido el pasado sábado. Pese a que el rancho en que fue perpetrado el crimen
está en Arizona, se ubica en la frontera con Nuevo México, y la víctima fue
miembro de la Asociación de Rancheros de Nuevo México.
A su vez, la gobernadora de Arizona y el senador John McCain, de ese estado, han
solicitado al gobierno de Barack Obama enviar tropas de la Guardia Nacional.
Hace dos semanas, el gobernador de Texas, Rick Perry, solicitó a Washington el
despliegue de mil efectivos, lo cual le fue negado por ahora. Denunciando la
respuesta federal, Perry anunció que había activado la primera fase del “plan de
contingencia de derrame de violencia”, con lo cual se dedican más recursos
policíacos estatales al monitoreo fronterizo.
Pero con el homicidio de Krentz la presión sobre Washington se intensificó. El
ranchero fue asesinado en su propiedad, a unos 50 kilómetros del pueblo de
Douglas, al otro lado de Agua Prieta. Los investigadores no han arrestado a
nadie, ni dicen si cuentan con pruebas sobre la identidad del asesino o el
motivo; lo único que tienen son huellas que siguieron desde la escena del crimen
unos 30 kilómetros hacia la frontera con México, y con ello se especula que los
responsables son contrabandistas o “inmigrantes ilegales”.
El gobierno de Obama se ha limitado a reiterar su cooperación con México para
asegurar la línea divisoria y señalar que continuará evaluando la situación
fronteriza. El jueves, el Departamento de Seguridad Interna expresó su
“indignación” ante el asesinato y anunció una recompensa de 25 mil dólares por
información que lleve a los responsables del delito.
El gobernador Richardson comentó ayer en una entrevista con Fox News:
“Sí creo que necesitamos una presencia permanente, más Patrulla Fronteriza, más
Guardia Nacional en la frontera. La guardia está haciendo básicamente trabajo de
apoyo a la Patrulla Fronteriza”. Aunque se reconoce el esfuerzo mayor del
presidente Felipe Calderón, “desafortunadamente la violencia fronteriza no se ha
abatido. Entonces, tenemos que proteger a nuestros ciudadanos”, añadió.
A escala local, Michael Gomez, alcalde de Douglas, escribió esta semana a la
secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, sumándose al coro que pide
tropas de la Guardia Nacional; expresó que muchos residentes ahora temen más por
su seguridad. Mientras, en las tiendas de armas y municiones, las ventas se han
elevado en estos días.
Todo lo anterior está nutriendo la ya de por sí agresiva retórica contra los
inmigrantes indocumentados y la violencia en México en un año electoral.
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