Defensores de las libertades
civiles en Estados Unidos criticaron duramente la posibilidad de que el gobierno
de Barack Obama transfiera los juicios de sospechosos de terrorismo a tribunales
militares.
Por
William Fisher
- IPS
La
Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) publicó un aviso de
una página entera en la edición dominical de The New York Times, urgiendo a
Obama a seguir el plan original del Departamento de Justicia, de juzgar a los
sospechosos de terrorismo "de alto valor" en el sistema de la justicia penal
civil.
Según la ACLU, los tribunales militares constituyen "un sistema judicial de
segunda categoría que debería clausurarse para bien. La Constitución no es
opcional, y debe restablecerse el imperio de la ley".
El anuncio muestra una imagen de Obama transformándose en el ex presidente
George W. Bush (2001-2009).
"¿Qué será, señor presidente? ¿Un cambio o más de lo mismo?", pregunta.
"El candidato Barack Obama dijo que cambiaría las políticas de Bush-Cheney y
restablecería los valores estadounidenses de la justicia y el debido proceso.
Muchos de nosotros estamos conmocionados y preocupados de que justo ahora el
presidente Obama considere revertir la decisión de su fiscal general de juzgar a
los acusados del 11 de septiembre de 2001 en un tribunal penal", agrega.
El aviso señala que el sistema de la justicia penal en Estados Unidos "ha
manejado exitosamente unas 300 demandas por terrorismo, en comparación con
apenas tres en las comisiones militares".
El anuncio urge a los lectores a "decirle al presidente Obama que no se retracte
de su compromiso para con nuestro sistema judicial, y que juzgue a los acusados
(por los atentados) del 11 de septiembre (de 2001) en un tribunal penal".
"Recuérdenle al mundo que Estados Unidos significa el debido proceso, la
justicia y el imperio de la ley", añade.
Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU, dijo que la organización
publicó el aviso porque "es crucial que los estadounidenses sepan qué está en
juego aquí: nada menos que el compromiso de Estados Unidos para con la
Constitución y el imperio de la ley".
Otras autoridades legales han sido rotundas en sus críticas al gobierno de Obama.
"Muchos de los delitos que se alega fueron cometidos por detenidos en (la cubana
bahía de) Guantánamo no son delitos bajo el derecho de guerra y no pertenecen a
las comisiones militares. Si las comisiones militares son la única opción, esto
puede impedir que algunos detenidos sean juzgados del todo", dijo a IPS David J.
R. Frakt, director del Centro de Práctica de Derecho Penal en la Facultad de
Leyes de la Western State University. Frakt, teniente coronel de la Reserva de
la Fuerza Aérea, fue designado para defender al detenido en Guantánamo Mohammad
Jawad, un presunto combatiente que enfrenta cargos por hechos que tuvieron lugar
cuando él era menor de edad.
En 2008, Jawad desafió el rol del asesor legal ante la autoridad competente --el
número dos de la Oficina de Comisiones Militares--, brigadier general Thomas
Hartmann, al elegir a su cliente para el juicio.
Frakt sostuvo que Hartmann había "ejercido una influencia de comando ilegal".
A Hartmann se lo citó mucho diciendo que el juicio debería elegir acusar a
cautivos en base a si sus juicios "capturarían la imaginación del pueblo
estadounidense".
El ex secretario de Estado (canciller) Colin Powell se sumó a decenas de
oficiales militares retirados en su aliento al gobierno para usar el sistema de
la justicia penal civil.
"No sé de dónde sale el reclamo (republicano) de que estamos menos seguros… En
ocho años, los tribunales militares han juzgado a tres personas. Dos de ellas
cumplieron sentencias relativamente cortas y están libres. Un muchacho está en
la cárcel", dijo en una entrevista televisiva.
Mientras, "los tribunales federales, nuestro Artículo III, nuestro sistema
judicial legal regular, han puesto en la cárcel a decenas de terroristas, y son
totalmente capaces de hacerlo. Así que la sugerencia de que de algún modo una
comisión militar es el camino a seguir no es confirmada por la historia de las
comisiones militares", agregó.
Hace apenas dos semanas, el Departamento de Justicia se mostró inquebrantable en
su compromiso con los tribunales civiles.
"En la historia de nuestra nación no hay precedentes de que el Congreso
(legislativo) haya intervenido de modo tal de prohibir juzgar a personas o
delitos particulares", señaló el Departamento en un comunicado.
El gobierno pareció hacerse cargo. El presidente ha hecho pública su preferencia
por los tribunales civiles.
"Los pedidos de juzgar a terroristas solamente en tribunales federales carecen
de fundamento. En el sistema de los tribunales militares hubo tres condenas de
terroristas desde el 11 de septiembre, y cientos en el sistema de la justicia
penal, incluyendo a terroristas de alto perfil como (el británico acusado de
tener explosivos en sus zapatos, Richard) Reid y el conspirador del 11 de
septiembre Zacarious Moussaoui", dijo la semana pasada John Brennan, asistente
de Obama y subasesor nacional para la Seguridad Interna y el Antiterrorismo.
Pero la ofensiva política ya estaba creciendo. La mayoría de los congresistas
republicanos creen que los tribunales militares son el vehículo correcto para
juzgar a sospechosos de terrorismo.
También creen que quienes no pueden ser juzgados en un tribunal civil o en
comisiones militares deberían estar detenidos indefinidamente, sin mediar cargos
ni un juicio.
Algunos de estos legisladores reconocen de mala gana el fallo de la Corte
Suprema que establece que todos los detenidos deben tener el derecho a apelar su
detención ante tribunales estadounidenses, es decir, el habeas corpus. Pero
otros lo niegan.
Al mismo tiempo, algunos miembros del gobernante Partido Demócrata, con miras a
las elecciones parlamentarias del próximo noviembre, temen que se los catalogue
como "blandos con el terrorismo" y por lo tanto permanecen callados o adoptan la
línea republicana.
El Congreso fastidió los planes del Ejecutivo de llevar a los detenidos en
Guantánamo a Estados Unidos para someterlos a juicio y albergar a los condenados
en una prisión del central estado de Illinois que el gobierno iba a comprar.
Pero el órgano legislativo prohibió al presidente trasladar prisioneros a
Estados Unidos sin su consentimiento.
La ira de políticos, activistas y analistas de derecha dio un nuevo giro la
semana pasada, cuando Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, lanzó
un ataque contra siete abogados del Departamento de Justicia.
Los llamó "simpatizantes de Al Qaeda", en alusión a la red extremista liderada
por el saudita Osama bin Laden, porque los bufetes para los que trabajaban antes
de hacerlo para el gobierno defendieron a prisioneros de Guantánamo, a menudo
sin cobrar.
Cheney, codirectora de la organización Keep America Safe, los llamó "los siete
de Al Qaeda". Decenas de abogados y profesores de derecho la criticaron.
Carolyn Lamm, presidenta de la Asociación de Abogados Estadounidenses, dijo que
se trata de "una táctica" para dividir y desviar la atención e "impugnar el
carácter de abogados de quienes han buscado proteger los derechos fundamentales
de clientes impopulares".
*****
EN VIVO
