El nuevo plan presupuestario
del presidente Obama no acabará con la plutocracia en Estados Unidos. Pero de
aprobarse este nuevo presupuesto, se le creará algunas molestias.
Por Sam Pizzigatti (*) - Too Much
Parece
que a la Fundación Heritage, gabinete de expertos con una generosa financiación,
no le ha gustado el plan presupuestario que presentara la Casa Blanca la semana
pasada. Los consultores externos de Heritage están embistiendo contra el
anteproyecto Obama para el año fiscal 2011 como el que consideran posiblemente
“el presupuesto más irresponsable de la historia”.
¿Qué hace que se enfaden los ricos y sus más fieles seguidores? Seguro que no ha
sido el déficit, la causa de preocupación que con tanto fervor profesan.
El aumento de los déficits presupuestarios, tal y como señalaba la semana pasada
la economista Polly Cleveland, puede que incluso funcione en beneficio de los
potentados, en especial porque los ricos ostentan una gran parte de esa deuda
pública. Los intereses que los ricos se embolsan por esa deuda “inclina” la
distribución de riquezas del país todavía más aún hacia su lado de la balanza.
Los ricos pueden vivir, y bastante bien, con presupuestos deficitarios. Pero los
impuestos les ponen enfermos, y el segundo presupuesto del presidente Obama
propone, para la próxima década, unos 970 mil millones de dólares en impuestos
de reciente creación para las mayores fortunas de América.
¿Pero “se calan hasta los huesos” los ricos con estos aumentos fiscales tal y
como piensan los críticos? A duras penas. De adoptarse el presupuesto de Obama,
a lo sumo se le causaría algunas molestias, pero no se les llegaría a empapar
demasiado.
Para los poderosos, puede que sea igual de malo. Los ricos simplemente detestan
los inconvenientes. A diferencia de las personas con recursos limitados, ellos
sí que pueden permitirse evitarlos, y el código impositivo de los EEUU, desde
hace años, se lo hace todavía más fácil.
Cómo de fácil resulta evidente cuando se analiza con detalle la letra pequeña de
los cambios fiscales propuestos por la Casa Blanca.
Un ejemplo: bajo la actual ley, los directivos financieros de las corporaciones
pueden catalogar a sus trabajadores como “contratistas independientes” en una
limpia maniobra que deniega a los trabajadores los beneficios que como tales les
corresponden y que supone el ahorro de unas cantidades importante para las
corporaciones, sumas que se verán reflejadas en los cheques mensuales de sus
ejecutivos.
El presupuesto de Obama propone nuevas regulaciones que dificultarían acogerse a
estas clasificaciones ambiguas.
La legislación actual también permite a los ejecutivos que pillan in fraganti
engañando a los consumidores que la indemnización punitiva por daños y
prejuicios demandada por los juzgados pueda ser deducida de sus impuestos. Muy
oportuno. El nuevo presupuesto de la Casa Blanca hará posible que sean los
ejecutivos y sus compañías los que apoquinen con estos daños, y esta vez por su
cuenta.
Otra ventaja de la que se aprovechan y disfrutan los ricos: según la legislación
vigente, la IRS (Servicios de Impuestos Internos por sus siglas en inglés) tan
sólo cuenta con el beneplácito de 3 años para averiguar si sus contribuyentes
acaudalados omiten en su declaración información referente a aquellos beneficios
por activos en el extranjero. Pasados los tres años el IRS ya no tendrá
autoridad para sancionar a estas grandes fortunas que evaden impuestos. El
presupuesto de Obama propone que se extienda este estatuto de limitaciones hasta
los seis años.
Mientras, bajo el presupuesto financiero de Obama, las ganancias de las rentas
más altas se verán afectadas con un aumento de las contribuciones impositivas.
En el año fiscal 2011, a las parejas con ingresos superiores a los 250.000
dólares y a los individuos con rendimientos por encima de los 200.000 dólares se
les aplicará una tasa de retención del 39,6 por ciento de los beneficios
ordinarios sobre los primeros 373.650 dólares.
Estos contribuyentes, bajo el plan Obama, tendrán además que pagar más impuestos
sobre los dividendos y “ganancias de capital” por la venta de capital social y
otros activos. La actual tasa impositiva del 15 por ciento para esta corriente
de ingresos ascendería al 20 por ciento.
Algunos de los contribuyentes más ricos −los peces más gordos de los fondos de
protección, sociedades de capital de riesgo y otras sociedades de inversión−
pagarían más bajo el plan presupuestario de Obama. Estos potentados han estado
declarando la mayoría de sus ingresos como “ganancias de capital”. El
presupuesto de Obama, una vez aprobado por el Congreso, acabará de una vez con
este argumento.
En 2008, 25 directores de hedge fund se embucharon como mínimo unos 57 millones
de dólares. En 2011, bajo el nuevo presupuesto de Obama, los 25 más importantes
pagarán impuestos sobre la mayor parte de esta cantidad a un tipo impositivo del
39,6 por ciento, más del doble de la actual tasa impositiva para ganancias de
capital de un 15 por ciento.
Pero estos inversores “de riesgo” y sus amigos fantásticamente ricos no tienen
en verdad que agobiarse por estas nuevas tasas. Siguiendo cualquier patrón
histórico razonable, y de aprobar finalmente el Congreso el nuevo presupuesto,
ellos continuarían sin tener problema alguno.
Hace medio siglo, en 1961, a aquellos ingresos por encima de los 400.000 dólares
−3 millones de dólares a día de hoy− se les aplicaban un impuesto del 91 por
ciento. En el 2011, si el plan presupuestario de Obama se pusiera en práctica,
la tasa impositiva máxima para beneficios por encima de los 3 millones de
dólares se quedaría en un 39,6 por ciento, por debajo de la mitad del tipo más
alto aplicado a las mejores fortunas de Estados Unidos a mediados del siglo XX.
La semana pasada, políticos y expertos pasaron por alto esta perspectiva
histórica. En su lugar, el debate en el Congreso y aledaños se centró casi en su
totalidad sobre las muestras de preocupación por el tamaño del déficit del
presupuesto federal.
En un mundo un poco más lógico, los legisladores y comentaristas que tanto se
preocupan por el déficit no pasarían por alto la historia estadounidense de
grava-más-a-los-ricos, y las compañías que los engendraron, ya que subir los
impuestos a los ricos podría ser una salida obvia para la reducción del déficit.
Pero los analistas y estrategas de programas políticos más influentes de
Washington han venido a vetar la subida de impuestos entre los ricos como una
posibilidad estratégica para reducir ese déficit.
La última evidencia de este rechazo: los principales expertos del Tax Policy
Center (Centro de Política Impositiva) de la Institución Brookings en Washington
presentaron la semana pasada un nuevo documento base que asegura probar que
“subir los impuestos exclusivamente a los ricos no cubrirá nuestros déficits
presupuestarios”
Este documento, titulado con condescendencia Se buscan ingresos
desesperadamente, razona que el aumento de impuestos sobe los ricos tendrían que
ser “enorme” para conseguir reducir el déficit presupuestario federal a niveles
razonables para el 2019; tan importantes, que esta cotización podría poner en
peligro el “funcionamiento económico” del país.
¿Cuán elevados habrían de ser los impuestos sobre las rentas más altas, según el
aceptado análisis Brookings, para reducir el déficit significativamente para el
año 2019?
Si sólo subieran los impuestos para las parejas con ingresos anuales de más de
250.000 dólares y los individuos con ingresos de más de 200.000 dólares, apunta
el análisis Brookings, el porcentaje impositivo máximo tendría que ascender a un
77 por ciento para que el déficit bajara a un 3 por ciento del producto interior
bruto para el 2019 (el objetivo marcado por el director del presupuesto de Obama,
Peter Orzag). Para llegar al objetivo del 2 por ciento que favorece Brookings,
esa cotización impositiva tendría que elevarse a “casi un 91 por ciento”.
El hecho de que los Estados Unidos contara con un tipo del 91 por ciento para
los tramos más altos por más de un cuarto de siglo tras la Segunda Guerra
Mundial- y que le fuera tan bien- pasa totalmente desapercibido en este análisis
Brookings.
Una curiosa omisión. Durante la década de los 50 y principios de los 60, con el
tipo impositivo más alto en un 91 por ciento, el déficit anual federal no llegó
nunca al 3 por ciento del producto interior bruto y tan sólo una vez al 2 por
ciento, déficit por el que aboga Brookings. Estos años fueron unos de entre los
más prósperos para las clases medias de los EEUU.
Lo tipos impositivos para las rentas altas, se aprecia tras una lectura más
atenta del estudio Brookings, no tendrían por qué llegar al 91 por ciento para
que se desatara el hechizo de una sensible reducción en el déficit. Los expertos
de Brookings, en sus análisis, han tomado como ciertos una serie de supuestos
que, en su conjunto, exageran el tipo impositivo sobre las rentas altas
necesario para la reducción del déficit, de manera significativa, en el
transcurso de una década.
Estas suposiciones ponen de relieve lo increíblemente atrofiada que se ha vuelto
la imaginación política dominante en lo que se refiere a las medidas impositivas
sobre los ricos y poderosos.
Los analistas de Brookings asumen, en primer lugar, que el tipo impositivo para
el tramo máximo propuesto por la administración Obama no podría ascender por
encima del 39,6 por ciento de aquí al 2015. Y en segundo lugar, dan por hecho
que no habría ningún aumento sobre el impuesto a la rentas de sociedades.
Pero de subir los impuestos de sociedades −hasta el punto de que el gobierno
federal recibiera de los mismos la mayor parte de sus ingresos, como sucediera
antes de la década de los 80− y si el tipo impositivo para el tramo fiscal mas
alto subiera por encima del 39,6 antes del 2015, los impuestos a los ricos no
tendrían que alcanzar el 91 por ciento de aquí a una década para reducir el
déficit de manera considerable.
De hecho, el nuevo presupuesto Obama incluye una serie de subidas sobre los
impuestos de sociedades, y más concretamente, sobre aquellas que usan sus
operaciones en el extranjero para evadir impuestos en los Estados Unidos. Pero
desde el año pasado, según apunta la experta en impuestos Linda Beale, la Casa
Blanca, ha “recortado aquellas propuestas que afectaban a compañías que
transfieren beneficios a los paraísos fiscales”.
¿Qué ha pasado? General Electric, Microsoft, Caterpillar y otras grandes
corporaciones se han quejado. La Casa Blanca les ha escuchado.
(*) Sam Pizzigatti edita Too
Much, la revista electrónica semanal sobre los excesos y la desigualdad.
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