Las fuerzas de seguridad de
Israel detienen a activistas y controlan a periodistas que cubren la creciente
ola de protestas en Cisjordania.
Por Mel Frykberg - IPS
La
Asociación de la Prensa Extranjera (APE) en Israel divulgó un comunicado
condenando lo que considera un cambio en el trato de las Fuerzas de Defensa
Israelíes (FDI) a los periodistas que informan sobre las numerosas
manifestaciones contra la muralla de separación en Cisjordania, los
asentamientos ilegales y la expropiación de tierras.
"Apreciaríamos que las autoridades le recordaran a las varias fuerzas
involucradas que la cobertura abierta y sin obstáculos de los acontecimientos
noticiosos es considerada parte esencial de la democracia", reza el comunicado.
La APE acusó a las FDI de realizar arrestos sumarios a periodistas y
camarógrafos, y de haber golpeado en la cara a un "fotógrafo claramente
identificado cuando trabajaba para una conocida y acreditada organización de
prensa", así como de amenazar con una granada de aturdimiento a otro reportero
gráfico.
La asociación divulgó el comunicado luego de un ataque contra tres periodistas
que cubrían una marcha cerca de un asentamiento israelí construido ilegalmente
sobre tierra que pertenece a la aldea palestina de Beir Ummar, en el sur de
Cisjordania.
Semanas atrás, en la aldea de Nabi Salah, al norte de Ramalah, dos activistas
israelíes fueron golpeados y arrestados por haber criticado a soldados que
dispararon contra a unos niños palestinos que lanzaban piedras.
Uno de los activistas, Yonatan Shapira, de 38 años, fue piloto de la Fuerza
Aérea y ahora integra la organización Combatientes por la Paz, que reúne a ex
beligerantes israelíes y palestinos. Shapira se granjeó el odio de las
autoridades israelíes cuando redactó la denominada "carta del piloto" en 2003,
firmada por 27 aviadores militares de Israel.
Los pilotos se negaron a volar sobre territorios palestinos ocupados y a
participar de operaciones deliberadas contra civiles, particularmente en Gaza.
Shapira fue interrogado por la agencia interna de inteligencia israelí Shin Bet
sobre su participación en protestas contra la ocupación y su apoyo al
pro-palestino Movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), que promueve
acciones de protesta pacífica contra Israel.
"Nada de lo que estamos haciendo es ilegal. No tengo miedo, pero no estoy cómodo
con que mi país se convierta en un estado fascista", dijo Shapira.
"Las autoridades israelíes están tratando de intimidar a los disidentes
políticos. No presentamos ninguna amenaza de seguridad. Pero la línea de
separación entre activismo político y seguridad está siendo cada vez más borrosa
por las autoridades", dijo Shapira a IPS.
"A veces, cuando vamos a manifestaciones somos detenidos en el camino por las
FDI, que parecen tener conocimiento previo de nuestros movimientos", dijo a IPS
el activista Shy Halatzi, de 23 años, estudiante de física y astronomía en la
Universidad de Tel Aviv y ex soldado.
El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu está preocupado por el
creciente apoyo internacional a una campaña de boicot en su contra. En
respuesta, pisotea las libertades civiles.
Cientos de profesores universitarios israelíes firmaron una petición denunciando
la amenaza del ministro de Educación, Gideon Saar, de que se castigaría a
cualquier académico o institución de apoyara el boicot.
Saar, del derechista Partido Likud, es aliado del movimiento nacionalista Im
Tirtzu, que lleva adelante una campaña para que todos los profesionales de la
educación demuestren su compromiso con el sionismo.
Neve Gordon, profesor de política en la Universidad Ben Gurion de Beersheva,
recibió amenazas de muerte luego de haber escrito un editorial el año pasado en
el periódico estadounidense Los Angeles Times explicando por qué apoyaba el
boicot a Israel.
Mientras, activistas palestinos que participan de acciones no violentas contra
la ocupación siguen siendo arrestados y encarcelados por lo que aseguran son
acusaciones falsas y confesiones extraídas bajo coacción.
Las FDI realizan redadas nocturnas en aldeas de Cisjordania donde se llevan a
cabo manifestaciones pacíficas regulares.
Wael Al-Faqia de la norteña ciudad cisjordana de Naplusa, fue sentenciado a un
año de prisión por "pertenecer a una organización ilegal". Había sido detenido
en diciembre pasado junto a otros ocho activistas.
Musa Salama, activista del Comité de Trabajadores de Asistencia Médica, asociado
a Al Faqia, fue sentenciado en diciembre pasado por los mismos cargos.
Abdullah Abu Rahme, del Comité Popular contra la Muralla, en la central aldea de
Bili’in, continúa detenido desde diciembre.
Entre otras cosas, es acusado de incitar protestas y de "poseer armas". Esta
última imputación se debe a que es costumbre de muchos activistas recolectar
latas de gases lacrimógenos y cartuchos usados por las fuerzas de Israel para
emplearlos como señal de paz.
"Lo que estamos sufriendo nosotros los activistas israelíes es apenas una parte
de lo que atraviesan los palestinos. Están sometidos a un trato mucho más duro y
brutal que nosotros", dijo Shapira a IPS.
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