El penetrante artículo sobre
México de Laura Carlsen que reproducimos a continuación ofrece una idea certera
de la situación y sobre todo del papel fundamental que tiene el sistema
financiero de Estados Unidos en el mantenimiento y la extensión de la industria
de la droga, una verdadera trasnacional sin cuyos ingresos en divisas tendría el
actual México un colapso económico. SP.
Por Laura Carlsen - Foreign Policy in Focus
La
Secretaria de Estado de E.U. Hillary Clinton afirmó el miércoles pasado que
México y Centroamérica están enfrentando una "insurgencia" que exige aplicar el
equivalente del Plan Colombia en la región. Sus comentarios despertaron al
instante la ira del gobierno mexicano, así como temores de una intervención
militar más extensa de Estados Unidos.
"…nos enfrentamos a la amenaza creciente de una red bien organizada de
narcotráfico que en algunos casos se transforma en o está haciendo causa común
con lo que consideraríamos una insurgencia en México y en Centroamérica",
declaró Clinton, añadiendo que "estos cárteles de la droga están demostrando
índices cada vez mayores de insurgencia; de súbito aparecen coches bomba donde
antes no los había."
Irónicamente, la pregunta a la que Clinton estaba respondiendo fue en torno a
qué ha estado haciendo Estados Unidos en lo tocante a su "responsabilidad en el
hecho de que las drogas vengan hacia el norte y las armas vayan hacia el sur."
En lugar de contestar la pregunta, Clinton comparó a México con Colombia y
pronunció la declaración más audaz hasta la fecha sobre la intervención
estadounidense, que incluye apoyo militar, en la guerra de México contra el
narcotráfico.
"[S]e está pareciendo cada vez más a la Colombia de hace 20 años", dijo Clinton.
"Y Colombia… llegó hasta el punto en donde más de una tercera parte del país,
casi el 40 por ciento del país en una u otra época estaba controlada por los
insurgentes, por las FARC. Pero se requerirá una combinación de capacidad
institucional y cumplimiento de la ley mejorados y, cuando se apropiado,
respaldo militar a ese cumplimiento de la ley, conjugados con la voluntad
política para ser capaz de evitar que el problema se extienda y procurar
reducirlo…" Clinton sostuvo que el Plan Colombia dio resultados positivos y
añadió que "necesitamos idear cuáles serían los equivalentes para América
Central, México y El Caribe."
La respuesta mexicana
Miembros del Congreso Mexicano reaccionaron con indignación. En sesiones para
analizar el cuarto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, un
diputado señaló que en el gobierno estadounidense "son buenos para criticar a
otros países y no reconocer que son una parte importante de esta negra cadena de
narcotráfico y crimen organizado. El pueblo mexicano debe rechazar cualquier
actitud injerencista de parte del gobierno de Estados Unidos." Algunos
congresistas demandaron que la Secretaria de Relaciones Exteriores envíe una
nota formal de protesta al gobierno de Obama.
La Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa declaró que "no
comparto una apreciación en este sentido", refiriéndose a las declaracines de su
contraparte norteamericana. A su vez, el vocero del gabinete Alejandro Poire
rechazó la comparación con Colombia.
En Washington, funcionarios de Obama se apresuraron a tratar de reparar el daño.
El Secretario de Estado Adjunto Arturo Valenzuela corrigió a su jefa, explicando
que el empleo "[d]el término 'insurgencia' no debería ser visto de la misma
forma en que nos referimos a una insurgencia colombiana. No una insurgencia de
un grupo militarizado que opera dentro de una sociedad e intenta apoderarse del
estado por motivos políticos." Posteriormente el Presidente Obama descartó la
comparación en observaciones hechas a La Opinión.
El comentario desató un remolino dentro del gabinete de Obama y en las
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México.
La comparación colombiana
Lo único sorprendente de los conceptos vertidos por Clinton es que los mencionó
en voz alta. La Iniciativa Mérida originalmente se propuso como "Plan México"
hasta que el nombre fue desechado. La comparación directa con el Plan Colombia
se consideró como una desventaja. En México, la idea de la presencia militar
estadounidense inflama el sentimiento nacionalista. Mientras tanto, en Estados
Unidos el impacto insignificante sobre el tráfico de drogas y el incremento de
violaciones a derechos humanos que implicó el Plan Colombia a un costo de 7,300
millones de dólares vuelve preocupante el que sea copiado en la frontera con
México.
Cualquiera que sea su nombre, el plan de Bush para México y Centroamérica
siempre guardó una relación estrecha con su antecesor del cono sur. El Plan
Colombia comenzó como un plan antinarcóticos estructurado según los lineamientos
del modelo de guerra antidrogas de aplicación de la ley, bloqueo y uso del
ejército, todo ello con la cercana participación de Estados Unidos. El Plan
México no incluye la presencia del ejército estadounidense pero sigue el mismo
modelo.
La fusión intencional que establece Hilary Clinton de la insurgencia con el
narcotráfico surge de una de dos fuentes posibles: ignorancia o desinformación
maliciosa. Una insurgencia busca apoderarse de territorio para producir un
cambio profundo en la estructura de la sociedad y, por lo general, tomar a su
cargo el gobierno. Los narcotraficantes, pese a declaraciones de Calderón en
contra, no lanzan ofensivas contra el estado para substituirlo. Su ocupación
principal es proteger y expandir su extremadamente lucrativo negocio. El mal
entendido –al parecer intencionado- respecto de esta distinción es en parte el
fundamento de la fallida política con la que se libra la guerra contra las
drogas.
Si la distinción fuera entendida, la estrategia obvia debía ser atacar el
negocio, no a quienes lo manejan. Contratar substitutos dentro de un cártel es
extremadamente fácil en México. La estructura de los cárteles es flexible, en
ellos nuevos dirigentes o pandillas rivales reemplazan a los eliminados o
debilitados. Existe una fuente inagotable de hombres jóvenes con escasas
perspectivas en la vida en un país donde el gobierno ha fracasado en
proporcionarles oportunidades educativas o laborales adecuadas.
Atacar el negocio significa ir tras las estructuras financieras trasnacionales
que lo soportan, y ambos gobiernos han parecido renuentes a hacerlo con decisión
dado que el dinero de la droga fluye a través de las principales poderosas
instituciones financieras, aporta liquidez y financia empresas exteriormente
legítimas.
La adopción de políticas regresivas
Poco antes de los señalamientos de Hillary Clinton, el Congreso de E.U. asignó
$175 millones de dólares más para la guerra antinarco mexicana sin ninguna
revisión o análisis estratégico comprehensivos de los terribles resultados que
el modelo ha arrojado hasta la fecha. La violencia vinculada con la droga
estalló al sur de la frontera con cerca de 30,000 muertos desde que se declaró
la guerra a fines de 2006. Las violaciones de derechos humanos de que se acusa
al ejército se habían sextuplicado el año pasado, y justo en los últimos meses
efectivos del ejército han matado a tiros a varios civiles.
Los representantes electos por los estadounidenses deberían asignar los dólares
de sus impuestos con base en un minucioso análisis de cómo los recursos
alcanzarán efectivamente los objetivos relacionados con el bien público. Hoy,
cuando se trata de asignar recursos para la defensa en general, y el Plan México
es un ejemplo extremo, el modus operandi es: gastar ahora, y lidiar con los
resultados desastrosos después…. gastando todavía más. De acuerdo con un informe
reciente de la General Accounting Office (Oficina de la Contraloría General de
E.U.), la Iniciativa Mérida ni siquiera contiene objetivos a alcanzar por medio
de los cuales evaluarla.
La asignación suplementaria para México estipula que las normas bajo el rubro
"Control y Cumplimiento de Leyes Antinarcóticos a nivel Internacional" (INCLE)
requieren que el Departamento de Estado emita un informe que demuestre el
cumplimiento de los requisitos de su Sección 7045(e). Estas "condiciones de
derechos humanos", que algunos legisladores y grupos de Washington impulsaron,
reflejan serias preocupaciones de que los fondos estarían fluyendo a fuerzas de
seguridad mexicanas notoriamente corruptas y abusivas.
No obstante, en la práctica el Congreso diluyó las condiciones de tal manera que
proporcionen una cortina de humo para esconder preocupaciones más graves
respecto de la estrategia. El Congreso ignoró las críticas contra la Iniciativa
Mérida de la AFL-CIO y organizaciones de ciudadanos y aprobó cinco asignaciones
separadas que en total suman casi 1,500 millones de dólares. La iniciativa se
transformó de un compromiso de tres años a un pacto permanente.
El 5 de septiembre la Secretaria de Estado Clinton anunció que el gobierno de
E.U. estaba reteniendo el 15% de la nueva asignación suplementaria con base en
las "condiciones de derechos humanos". El gobierno mexicano se quejó
públicamente y en voz alta pero lo celebró en privado. Las matemáticas son
bastante claras: 'te daremos 175 millones de dólares en fondos extraordinarios
pero te retendremos 26 millones de dólares'–de lo que resulta una ganancia neta
de 149 millones de dólares. Ambos gobiernos hicieron declaraciones santurronas.
El de Estados Unidos criticó a México "olvidando" el hecho de que el crimen
trasnacional no podría funcionar sin corrupción dentro de sus propias fronteras.
El gobierno de Calderón protestó contra el escándalo sobre los derechos humanos
que hacía su vecino cuando tiene una guerra que librar. Hasta la prensa
convencional señaló las contradicciones del juego de cifras.
A estas alturas se pensaría que la estrategia de imponer condiciones para lograr
una guerra antinarco más bondadosa y amable (como diría Bush padre) estaría
absolutamente desacreditada. La interpretación más generosa es que fue una
estrategia de parte de grupos y congresistas que malentendieron tanto la
situación en México como la nueva relación binacional del Pentágono que se
estaba forjando a través del Plan. En lugar de proceder a la necesaria
rectificación inmediata, la administración Obama planea pedir todavía más fondos
públicos para la política fracasada mientras, de dientes para afuera, defiende
los derechos humanos.
Dudas cada vez mayores
La última controversia sobre políticas para el narcotráfico en México sobreviene
en medio de las dudas a ambos lados de la frontera. Los senadores mexicanos de
todos los partidos políticos excepto el de Calderón, criticaron acremente el
"fracaso" de la guerra contra las drogas del presidente en un análisis del
cuarto informe anual de la administración. El Partido Revolucionario
Institucional señaló que el informe anual presentado por el presidente Calderón
mostraba menos incautaciones y ningún aumento notable en arrestos comparados con
niveles históricos, y una asignación de tan sólo 1,500 millones de pesos a la
prevención de adicciones. Un miembro del Partido de la Revolución Democrática
deploró la ecuación de "a más recursos, más muertes", ya que a la fecha, la
guerra contra las drogas le ha costado al castigado presupuesto mexicano cerca
de 7 mil millones de dólares.
En Estados Unidos también han crecido las dudas en cuanto a la eficacia de la
estrategia. El Subdirector del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus
siglas en inglés) Alonzo R. Peña lamentó que el gobierno mexicano a menudo no
tome en cuenta los servicios de inteligencia de E.U. antes de actuar. Peña
comentó que en ocasiones el motivo podía ser simple precaución pero que en otras
"era completamente corrupción". En Washington, el aumento de consecuencias
negativas ha conducido a inquietudes sobre la falta de una estrategia de salida
o un camino claramente definido hacia el éxito.
No hay fórmulas mágicas que se presenten, en particular si se atiende al grave
deterioro de la situación en México. No obstante, el Congreso de E.U. no debe
ignorar la violencia desencadenada bajo los términos de la política actual, y no
puede aceptar los asesinatos como daño colateral. En México, los especialistas
calculan que a este paso las muertes relacionadas con el narcotráfico alcanzarán
más de 70,000 hacia el final de la presidencia de Calderón, a un ritmo de 50
muertes diarias en todo el país.
Estados Unidos debe empezar por reconocer la responsabilidad que comparte por el
crecimiento del crimen organizado en México. Estados Unidos se enfrenta también
a enormes desafíos dentro de sus fronteras y comparte la responsabilidad por
respaldar una estrategia que de forma tan evidente ha incrementado la brutalidad
de los cárteles de la droga. Hay muy escasa información sobre las actividades
anticorrupción en Estados Unidos que no sólo no han prevenido, sino de hecho han
facilitado el trasiego transfronterizo de substancias ilegales para su
distribución a ciudades de una a otra costa. Los programas de tratamiento contra
adicciones y prevención de abuso de drogas tienen un presupuesto de miseria.
Medidas como la del referendo sobre la regulación de la mariguana podrían
eliminar una enorme parte del ingreso de los cárteles sacando la droga del
mercado negro.
Las declaraciones de Hillary Clinton revelan las fuertes corrientes dentro del
gobierno estadounidense que buscan intensificar la injerencia de E.U. en la
guerra mexicana contra las drogas. Nunca es fácil admitir un fracaso de tal
magnitud en las políticas, o revertir planes como el Plan México que involucran
a los poderosos grupos cabilderos de empresas de defensa y de seguridad privada.
Pero el Presidente Obama ha demostrado el valor para admitir errores en el
pasado y buscar rectificarlos. Tanto su administración como el Congreso de E.U.
deben demostrar hoy ese valor para reorientar decisivamente la descontrolada
guerra contra las drogas.
(*) Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas del Center
for International Policy en www.cipamericas.org.
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