La Corte Constitucional de
Colombia dejó sin efecto este martes el polémico acuerdo de cooperación que se
había suscrito con Estados Unidos el 30 de octubre de 2009 y que le permitía a
este último país utilizar las instalaciones de siete bases militares.
IAR
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BBC
La
suscripción de ese convenio generó grandes tensiones entre Colombia y los países
de la región, como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil.
El presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, explicó que el
tribunal concluyó que, contrario a lo que siempre alegó el gobierno del entonces
presidente Álvaro Uribe, el convenio no era una simple extensión de los acuerdos
militares que Colombia ha suscrito con EE.UU. desde 1952.
González sostuvo que el convenio contiene "nuevas obligaciones", que, según la
Corte, "exceden" lo que ya se había pactado y que, por esa razón, lo devuelve al
presidente de la República.
Eso significa, en otras palabras, que el uso de las siete bases, que es lo nuevo
frente a los anteriores convenios militares, entre ellos el Plan Colombia, queda
sin vigencia.
"No puede aplicarse"
"No puede aplicarse el acuerdo de 2009", declaró
el magistrado González, luego de subrayar que la Corte no se pronunció sobre la
constitucionalidad del convenio, que fue demandado por el Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, una organización defensora de derechos humanos.
Sin embargo, González precisó que los demás convenios militares siguen vigentes,
entre ellos el Plan Colombia, gracias al cual 500 militares y 300 contratistas
de Estados Unidos pueden permanecer en Colombia para operaciones contra el
narcotráfico y la guerrilla.
El gobierno aceptó la decisión de la Corte y en un comunicado leído por el
ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció que estudiará la decisión "a la luz
de las normas del derecho internacional".
Aún no se sabe si el gobierno, que asumió el pasado 7 de agosto, llevará el
texto del convenio al Congreso para que lo ratifique, como lo dispone la
Constitución de Colombia en materia de tratados internacionales.
Repercusiones
El acuerdo permitía a los militares estadounidenses utilizar siete bases en
territorio colombiano.
El presidente del Senado, Armando Benedetti, declaró que él siempre alegó que el
convenio debió haber sido llevado al Congreso.
Otro senador, Camilo Sánchez, del Partido Liberal, opinó que la decisión de la
Corte no lo sorprende, porque "estaba cantada".
No obstante que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene amplias
mayorías en el Congreso, aún no se sabe si decide someter el texto a su
consideración.
En diálogo con BBC Mundo, el profesor Francisco Leal, un veterano experto en
temas militares, señaló que "lo más sano para una democracia es que un tema de
esta naturaleza sea debatido en el Congreso".
"Es probable que el gobierno tenga las mayorías suficientes para aprobarlo, pero
el debate público le da más claridad al tema", declaró Leal, profesor honorario
de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes.
Según Leal, que el Congreso intervenga en la aprobación del texto "le da la
transparencia que el acuerdo no tuvo al comienzo".
Colombia decidió hacer público el texto cuando surgió la polémica con los demás
países, como una muestra de que no había nada oculto en la negociación.
Hernando Salazar / BBC
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