La detención de ocho
colombianos en Venezuela, acusados de espionaje, dio otra vuelta de tuerca a la
fuerte controversia política y diplomática que los gobiernos de ambos países
sostienen desde hace un año.
Por Humberto Márquez - IPS
El
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reclamó explicaciones a Bogotá sobre el
incidente, pues, según dijo, dos de los detenidos "tenían carnés del ejército
colombiano" y "andaban recorriendo el país tomando fotos de instalaciones
termoeléctricas e hidroeléctricas".
Venezuela sufre una crisis de producción y distribución de electricidad,
atribuida por el gobierno a la sequía que afecta al país por acción de El Niño,
el fenómeno climático derivado del aumento de la temperatura superficial del
agua del océano Pacífico. Pero la oposición culpa a la imprevisión y mala
gestión en el área estatal, que llevó al deterioro del parque termoeléctrico.
Chávez vinculó el caso de las detenciones al uso de bases colombianas por
militares de Estados Unidos, que percibe como una amenaza.
"No creo que sea un hecho aislado, forma parte de algo mayor y ese algo mayor
tiene que ver con la desesperación del imperio (Estados Unidos), lo cual lo hace
más peligroso", dijo el mandatario.
Como respuesta, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró que Venezuela
viola los derechos de sus connacionales detenidos.
"Esto se llama violación de los derechos humanos, y el gobierno de Colombia no
puede permitir la violación de derechos humanos contra sus ciudadanos, vivan en
Colombia o en el extranjero".
La cancillería colombiana, en una declaración, exigió garantías a Caracas para
con sus ciudadanos y pidió la "intervención urgente" de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, a fin de "evitar daños irreparables a la
vida, seguridad y garantías judiciales" de los detenidos.
Según las versiones divulgadas por autoridades y familiares, los primeros
detenidos fueron Luis Carlos Cossio, de 52 años, y su sobrino político Santiago
Giraldo, de 21, arrestados el 23 de marzo en el centro-norte del país.
Al ser revisados en un puesto de control, a Cossio y Giraldo se les encontró una
cámara fotográfica con imágenes de instalaciones eléctricas, una de las cuales
correspondería a una antena de comunicaciones utilizada por la policía política.
Cossio y su esposa Elva Giraldo, tía de Santiago, poseen una pequeña fábrica de
helados en Barinitas, una población de las llanuras del oeste en el estado de
Barinas, cercano a la frontera colombiana.
Uribe admitió que la pareja había pertenecido al ejército de su país. Elva
Giraldo, que es farmacéutica, trabajó en el dispensario militar de Medellín, y
Cossio lo hizo "como médico general en ese mismo lugar hasta el 2002, luego se
radicó en Canadá donde obtuvo la nacionalidad. Desde entonces, ellos han estado
vinculados a Venezuela, donde tenían una fábrica de helados", dijo el mandatario
a la prensa local.
La instalación de la empresa familiar fue allanada, así como algunas viviendas,
y Elva Giraldo y cinco operarios fueron también detenidos.
Según el ministro del Interior de Venezuela, Tarek El Aissami, en las pesquisas
se consiguieron "algunos documentos en inglés y otras cosas de interés
criminalístico", que sumados a la nacionalidad de los detenidos "ya es un
elemento preocupante".
La nota de protesta de la cancillería desde Bogotá expresó, tras esa
declaración, su "preocupación por la práctica de estigmatización de ciudadanos
por ser colombianos".
El vicepresidente del parlamento venezolano, Saúl Ortega, dijo que la detención
de los ocho colombianos "es un alerta importante". "Del actual gobierno de
Colombia, vinculado al terrorismo paramilitar y al narcotráfico, se puede
esperar cualquier cosa", agregó.
En cambio, el dirigente opositor Enrique Ochoa criticó a Chávez porque, dijo,
"es experto en ver la responsabilidad en los demás y nunca en sí mismo". "Es
propia de todo régimen autocrático la paranoia institucional que busca enemigos
debajo de cada piedra", apuntó.
Por su parte, el defensor del pueblo de Colombia, Volmar Pérez, vinculó la
detención de los ocho compatriotas suyos con la de otros 12, detenidos apenas
unos días antes en una finca de las llanuras del sudoeste venezolano, donde "les
encontraron cinco escopetas viejas y por eso los acusaron de integrar un grupo
paramilitar".
El contrapunteo entre Bogotá y Caracas recordó de seguidas la matanza de nueve
jóvenes colombianos en Táchira, extremo sudoeste de Venezuela, en octubre de
2009, presumiblemente por ajuste de cuentas entre paramilitares de derecha y
guerrilleros izquierdistas del vecino país. Se desconoce el desarrollo de esa
investigación.
La ristra de incidentes tiene como telón de fondo la ruptura política con
Colombia que Venezuela decidió una vez que su vecino decidió el año pasado abrir
nueve bases aéreas, navales y terrestres a fuerzas militares estadounidenses. El
comercio binacional se detuvo parcialmente y las relaciones diplomáticas se
colocaron "en el congelador".
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