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(IAR
Noticias) 12-Marzo-2010
La crispación entre España y
Venezuela disminuye y aumenta al vaivén de las declaraciones de sus dirigentes,
por un problema que se remonta a 1989 y 1990, cuando llegaron a suelo venezolano
unos 30 vascos militantes de la organización separatista armada ETA.
Por Humberto Márquez - IPS
La
tormenta se desencadenó el 1 de marzo, cuando el juez Eloy Velasco de la
Audiencia Nacional (tribunal con jurisdicción en todo el territorio de España)
requirió a su gobierno que pidiese colaboración al de Venezuela para investigar
los vínculos entre ETA y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC).
Según el expediente de Velasco, un presunto enlace entre las dos organizaciones
es Arturo Cubillas, quien llegó a Venezuela en un grupo de deportados vascos en
1989, tiene un alto cargo en el gubernamental Instituto Nacional de Tierras y
habría co-organizado un entrenamiento de insurgentes colombianos y venezolanos
por expertos en explosivos de ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y
Libertad).
Ese entrenamiento se habría realizado en distintos puntos del occidente de
Venezuela, al tiempo que las FARC y ETA sumarían esfuerzos para varios
atentados, entre ellos un presunto intento de asesinato del derechista
presidente colombiano Álvaro Uribe durante una visita a España.
Para las autoridades españolas, ETA es una organización terrorista. Las
campesinas e izquierdistas FARC, también tildadas de terroristas por Bogotá, se
alzaron en armas en 1964.
Velasco se apoyaría en parte en documentos de un computador atribuido al
comandante "Raúl Reyes", portavoz internacional de las FARC que fue abatido el 1
de marzo de 2008 durante una incursión del ejército colombiano en Ecuador.
Bogotá maneja discrecionalmente la divulgación del supuesto contenido de uno o
de varios computadores, presuntamente incautados en el campamento de Reyes.
El presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero,
dijo que esperaba de Venezuela "una explicación ante estas informaciones que
parten de la Audiencia Nacional", con sede en Madrid.
Mientras la secretaria de organización del gobernante Partido Socialista Obrero
Español, Leire Pajín, reclamaba "una explicación inmediata" de Venezuela, el
opositor y centroderechista Partido Popular (PP) exigía retirar el embajador e
incluso romper relaciones si se evidenciaba apoyo del gobierno venezolano a la
supuesta entente ETA-FARC.
Este extremo habría sido una mala noticia para corporaciones españolas como
Telefónica, que hace en Venezuela negocios de 3.000 millones de dólares anuales,
o Repsol-YPF, que busca gas en el Golfo de Venezuela y acaba de ganar una
licitación con socios indios y malasios para producir en siete años hasta
480.000 barriles diarios de petróleo.
"No tengo que dar explicaciones ni a Zapatero ni a nadie en este planeta. Que le
pida explicaciones a ese juez irresponsable", fue la respuesta del presidente
venezolano, Hugo Chávez, quien además denunció el expediente de Velasco como
parte del cerco internacional contra su gobierno dirigido, según dijo, desde
Washington.
El canciller español Miguel Ángel Moratinos matizó entonces que Zapatero no
pedía explicaciones sino información, Chávez encontró esa posición más
aceptable, y las cancillerías produjeron un comunicado conjunto para manifestar
su voluntad de luchar contra el terrorismo y su compromiso de colaborar en los
ámbitos judicial y policial.
Analistas de temas internacionales consultados por IPS coincidieron en que el
choque golpeaba más a Madrid que a Caracas, por la oportunidad que tiene el
opositor PP de explotar electoralmente lo que presenta como falta de firmeza
para combatir a ETA y defender a los jueces que persiguen a ese grupo.
"Incluso pareciera que esta situación sorpresiva agarró desprevenido al gobierno
de Zapatero, a juzgar por los titubeos y cambios de léxico", comentó María
Teresa Romero, docente de estudios internacionales en la Universidad Central de
Venezuela.
Sin embargo, "también la imagen internacional del presidente Chávez se resiente,
y todos estos datos se acopian para alinearlo entre gobernantes que deben
explicar su conducta con respecto a pactos y tratados contra el terrorismo o por
los derechos humanos", dijo Romero.
El dirigente opositor venezolano Teodoro Petkoff, editor del diario Tal Cual,
criticó que, "sea un pedido de la Audiencia Nacional española o de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la reacción del presidente es siempre
superexcitada, defensiva e insultante, siempre reacia a referirse a los hechos
concretos que se le señalan".
En cambio, el diputado oficialista Calixto Ortega, de la Comisión de Política
Exterior de la Asamblea Nacional (poder legislativo unicameral), dijo que el
expediente de Velasco "forma parte de una campaña internacional que pretende
distorsionar la realidad de Venezuela", país que "no ha tenido colaboración de
ninguna naturaleza con ningún grupo irregular".
El canciller venezolano Nicolás Maduro acusó al juez Velasco de integrar "la
mafia de ultraderecha que dirige José María Aznar", el ex jefe del gobierno
español, lo que llevó a Zapatero y a otros portavoces a defender tanto al
dirigente del PP como al magistrado y al Poder Judicial de su país.
Ahora, como parte de la proclamada nueva cooperación antiterrorista, Zapatero
dijo que viajará a Caracas el director general de la Policía y Guardia Civil
españolas, Francisco Javier Velázquez.
Mientras, las relaciones entre Colombia y Venezuela, muy tirantes desde hace más
de un año, son objeto de una mediación que dirige, por encargo de gobiernos de
la región, el presidente dominicano Leonel Fernández.
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