La Corte Constitucional de
Colombia declaró inexequible el proyecto de referendo para habilitar la
reelección del presidente Álvaro Uribe.
Por Helda Martínez - IPS
La
ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto fue apoyada por siete magistrados,
mientras dos se manifestaron en contra. Se puso fin así a los intentos de que
Uribe aspirara por tercera vez consecutiva a la primera magistratura en las
elecciones del 30 de mayo.
"La Corte resuelve declarar inexequible por su inconstitucionalidad en su
totalidad la ley 1.354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo
constitucional al pueblo colombiano", afirma el dictamen.
El fallo fue anunciado ante los medios de comunicación por el presidente de la
Corte Constitucional, Mauricio González, quien ocupara la Secretaría Jurídica de
la Presidencia del gobierno de Uribe.
González aseguró que era intención de la Corte "contribuir con la consolidación
de una cultura constitucional", y agradeció el respeto de la sociedad en general
a la independencia de la corporación.
El dictamen enumeró una serie de vicios de inconstitucionalidad en materia de
procedimientos, de competencias y de fondo.
Uno de esos vicios de procedimiento fue la campaña de recolección de firmas para
respaldar la iniciativa, que gastó seis veces más de lo permitido y recibió
aportes por una suma 30 veces superior a la legal.
"Es la decisión más trascendental de todas las que ha tomado la Corte
Constitucional desde su creación en 1991", dijo a IPS el abogado Armando Novoa,
miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la carta magna.
Otros vicios mencionados por la Corte fueron las sesiones extraordinarias
convocadas por el Congreso legislativo en diciembre de 2008 para tratar el
proyecto de referendo, la aprobación de textos distintos en los debates de cada
cámara y el procedimiento para unificarlos.
Pero, sobre todo, la Corte sostuvo que la iniciativa atacaba los "ejes
estructurales" de la Constitución de 1991, violando preceptos como la separación
de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la alternancia democrática y el
principio de igualdad democrática. Esos son vicios de fondo.
La discusión se realizó en siete sesiones plenarias durante dos semanas. La
decisión puso fin a una de las mayores encrucijadas de la política colombiana,
aseguran los analistas políticos.
La recolección de firmas para presentar el intento reeleccionista como una
iniciativa popular se inició en octubre de 2007, a cargo del ex parlamentario
oficialista y entonces presidente del Partido de La U, Luis Guillermo Giraldo.
Por entonces había estallado el escándalo por las prebendas que el gobierno
habría entregado a parlamentarios para que votaran a favor de la reforma
constitucional que habilitó la primera reelección de Uribe (2006-2010), quien
gobierna desde agosto de 2002.
Giraldo creó la Fundación Colombia Primero, apoyada por empresarios y políticos
que ahora son investigados por prevaricato.
La oposición, ejercida por representantes del tradicional Partido Liberal y el
izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), denunció que algunos miembros
de Colombia Primero tenían contratos vigentes con el Estado.
La fundación recolectó cinco millones de firmas. Se denunció entonces que una
buena parte de los fondos para esa campaña habían sido donados por David Murcia
Guzmán, principal accionista de la empresa financiera DMG, extraditado el mes
pasado a Estados Unidos por lavado de dinero.
A la suma de denuncias siguió el debate en la Cámara de Representantes, que
aprobó el texto del referendo en una sesión extraordinaria citada después de la
medianoche del 18 de diciembre de 2008.
Pero las sesiones extraordinarias sólo pueden ser convocadas durante recesos
parlamentarios y mediante publicación en el Diario Oficial, explicó el
representante liberal Carlos Piedrahita.
El representante Germán Navas, del PDA, denunció por prevaricato a 86
parlamentarios que aprobaron el proyecto de referendo. Esa "demanda ahora duerme
el sueño de los justos en algún despacho de la Fiscalía General de la Nación",
dijo Navas a IPS.
La decisión de la Corte "confirma que siempre he estado en lo cierto sobre el
referendo reeleccionista", agregó.
En mayo de 2009, correspondió debatir el proyecto al Senado, que aprobó un texto
habilitando la reelección consecutiva. La diferencia entre los textos votados en
las dos cámaras fue armonizada por una comisión conciliadora, lo que se
convirtió en otro vicio de inconstitucionalidad señalado ahora por la Corte.
En el centro de la ciudad, en la plaza de Bolívar, cientos de personas
festejaron el dictamen.
En su primera reacción, Uribe dijo que "la participación de los ciudadanos no
puede ser contraria a la Constitución".
"El Estado de opinión es una expresión del Estado de derecho, por lo tanto debe
respetar la Ley y la Constitución", agregó.