El
ultraconservador presidente francés, Nicolás Sarkozy, con su imagen en picada y
graves problemas de corrupción en su gobierno, declaró la "guerra" a los
estallidos sociales el miércoles tras un fin de semana de disturbios, y cesó al
prefecto del Gobierno en la región más afectada por los disturbios,
sustituyéndolo por un oficial de policía.
IAR
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/
Agencias
Sarkozy dijo que el Gobierno no va a dar marcha atrás, después de dos
incidentes separados durante el fin de semana en los que los alborotadores
quemaron coches, atacaron un tranvía, dispararon a la policía y destruyeron
propiedad pública.
"El Gobierno seguirá peleando una batalla sin fin contra el crimen. Esta es
una guerra que llevaremos a los traficantes y los delincuentes", señaló en
un comunicado tras una reunión del Gabinete. "El estado de derecho debe
respetarse en todo el territorio nacional".
El malestar en los superpoblados barrios de edificios altos en las afueras de
las ciudades es un reto para Sarkozy, que ganó las presidenciales de 2007
prometiendo expulsar a las "alimañas" criminales con una manguera, pero
no ha conseguido reducir la violencia ni los desmanes sociales a pesar de una
escalada en la retórica.
Los socialistas en la oposición dicen que el Gobierno debería hacer más para
afrontar los graves problemas sociales y de vivienda en los barrios
problemáticos en lugar de simplemente enviar a los policías antidisturbios
cuando explotan.
El ministro del Interior, Brice Hortefeux, admitió el miércoles en una
entrevista radiofónica que los actos de violencia contra las personas siguen
en aumento a pesar de las operaciones de seguridad mandadas por el
presidente conservador.
Los disturbios estallaron en el barrio de Villeneuve, en Grenoble, en protesta
por la muerte de un hombre que huía de la policía al parecer tras haber atracado
un casino.
Sarkozy designó a un antiguo oficial de policía como prefecto del Gobierno en la
región alpina, un cargo que tiene competencias sobre la seguridad.
También
condenó la destrucción de una comisaría y otras propiedades gubernamentales por
unos 50 alborotadores gitanos armados con hachas, que protestaban por la muerte
de un joven de 22 años, al que disparó la policía en otra región.
"Estos incidentes ponen de manifiesto un cierto tipo de comportamiento entre
algunos de los romaníes e itinerantes", dijo Sarkozy. Los que viven en
asentamientos ilegales serán expulsados, agregó.
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