Los lobistas financieros de
Estados Unidos están tratando de utilizar la crisis griega como argumento para
presionar a favor de un recorte del gasto público en la Seguridad Social y el
programa Medicare. Es precisamente lo contrario de lo que están pidiendo los
manifestantes griegos: que se suban los impuestos sobre el patrimonio y las
actividades financieras y se reduzcan los que gravan la actividad laboral, y que
se atiendan las reclamaciones de los trabajadores de dar prioridad financiera a
las pensiones de jubilación sobre las peticiones de ayuda de los bancos para
costarles los cientos de miles de millones de dólares invertidos en préstamos
basura que hoy no valen nada.
Por Michael Hudson (*) - Revista Sin Permiso
Llamemos al “rescate griego” por su nombre: un programa de rescate de activos en
situación de riesgo de banqueros alemanes y de otros países europeos, así como
de especuladores de todo el mundo. El dinero procede de otros estados
(principalmente del Tesoro alemán, con el consiguiente recorte del gasto interno
en este país), los cuales han abierto una especie de cuenta corriente para que
el Estado griego pueda pagar a los tenedores de bonos del país que los habían
comprado a precios de saldo durante las últimas semanas. Éstos habrán hecho el
negocio de su vida; y de igual modo se forrarán los compradores de cientos de
miles de millones de dólares en títulos de cobertura por riesgos crediticios
contra los bonos del Estado griego, así como los especuladores y los distintos
jugadores del capitalismo de casino que hayan contratado seguros contra otros
bonos europeos. (A su vez, quienes tengan que abonar estos seguros por riesgos
crediticios van a necesitar que alguien les rescate, y así sucesivamente).
Esta ganancia inesperada va a salir del bolsillo de los contribuyentes (a la
larga, de los ciudadanos griegos, y básicamente de los trabajadores griegos,
puesto que los más ricos disfrutan de una fiscalidad muy favorable), que van a
tener que devolver el préstamo otorgado por los estados europeos, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro estadounidense en punto a mitigar los
efectos del sistema financiero depredador. El pago a los tenedores de bonos se
está utilizando como excusa para recortar drásticamente los servicios públicos,
las pensiones de jubilación y otros gastos del Estado griego. Sin duda
constituirá un modelo a seguir para otros países que querrán imponer medidas
similares de ajusto económica, a la vista del crecimiento de los déficits
públicos que van de mal en peor por la disminución de la recaudación fiscal
sobre un sector financiero que se ha enriquecido gracias a que la economía
basura se ha trocado en política pública internacional. De modo que los
banqueros apenas van a ver truncadas sus expectativas de ganancias para este
año. Y, para cuando el sistema entre quiebra, ellos ya habrán invertido su
dinero en activos seguros.
Los lobistas de la banca ya saben que el juego financiero ha llegado a su fin.
Ahora están jugando a corto plazo. El objetivo del sector financiero es
conseguir la mayor cantidad posible del dinero procedente del rescate y salir
corriendo, con unos beneficios anuales lo suficientemente grandes como para
poder exhibirlos de modo arrogante ante el resto de la sociedad cuando haya que
empezar de cero nuevamente. Que se gaste menos en programas sociales significará
que habrá más recursos disponibles para el rescate de los bancos, los cuales
tienen deudas carentes de garantías que crecen exponencialmente y de las que
jamás podrán hacerse cargo. Es inevitable que en una situación de quiebra
bancaria los préstamos y las deudas acaben figurando en los libros contables
como impagados.
Los trabajadores griegos aún no son tan pesimistas como para dejar de luchar. Su
lucha permite esperar que el pueblo ejerza algún control sobre el Estado (algo
que son incapaces de entender sus homónimos estadounidenses). Si los
trabajadores –el demos– flaquean en su espíritu combativo, el poder público
acabará permitiendo que sean los prestamistas extranjeros los que, por defecto,
dicten la política pública a seguir. Y cuanto más se satisfagan los intereses de
los banqueros, más endeudada va a acabar la economía. Sus beneficios provienen
de los sacrificios y la austeridad del propio país. Los recursos previstos para
las pensiones de jubilación y para el gasto social estatal de Grecia van a
servir ahora para reponer fondos en los bancos de capital alemanes y de otros
países europeos.
Esta forma de entender el mundo ya había tenido su expresión en la periferia
europea más septentrional, en la que se ha aplicado el tipo de masoquismo fiscal
que los bancos desearían ver en Grecia. Si reconocieran lo que de veras les
ocurrió, los estados bálticos estarían a la vez celosos y resentidos al ver cómo
Grecia trata de salvar su economía, comparado con la situación que ellos
vivieron de completa incapacidad para plantar cara a las arrogantes demandas de
los países acreedores. “Visto desde el extremo más oriental de la Unión Europea,
la senda de austeridad a la que se dirige Grecia nos suena a algo familiar”,
escribe Nina Kolyako. “Durante al menos dos años los estados bálticos de
Lituania, Letonia y Estonia han recurrido reiteradamente a la aplicación de
medidas draconianas, recortando severamente el gasto público y aumentando los
impuestos para tratar de salir del agujero por sí mismos. El primer ministro
lituano Andrius Kubilius ha declarado en una reciente entrevista a la agencia
AFP: ‘Hemos aprendido de dolor, dificultad y eficacia la lección de que hay que
prestar mucha atención a la situación fiscal de un país. Comprendimos muy bien
que la vía de la consolidación fiscal era la única posible si queríamos
sobrevivir’”.
Al caer en un clásico síndrome de Estocolmo (literalmente, en este caso, en
relación a los bancos suecos), el gobierno lituano se apretó el cinturón de un
modo tan brutal que provocó que su Productor Interior Bruto disminuyera un 17
por ciento. Letonia sufrió una caída parecida. Los bálticos han recortado
salvajemente el empleo y los salarios del sector público para acabar hundiéndose
en la pobreza, en vez de conseguir acercarse a los niveles de prosperidad de la
Europa occidental (y a una fiscalidad progresiva que promoviera una clase media)
que les prometieron cuando se independizaron de Rusia en 1991.
Cuando el parlamento letón impuso medidas de ajuste en diciembre de 2008, las
protestas populares de enero hicieron caer al gobierno (al igual que ocurriera
en Islandia). Pero el resultado fue simplemente el de un nuevo “régimen de
ocupación” neoliberal que actuó al dictado de intereses bancarios extranjeros.
De modo que lo que se va extendiendo es una “guerra social” a escala global; no
es la guerra de clases imaginada en el siglo XIX, sino una guerra del sector
financiero contra economías enteras, contra la industria, contra los bienes
raíces y los estados, y sobre todo contra los trabajadores. Está ocurriendo al
ritmo lento en el que suelen producirse las grandes transiciones históricas.
Pero, al igual que ocurre en los conflictos bélicos, cada batalla se nos aparece
como algo que se desarrolla a un ritmo frenético y en la que las embestidas
salvajes provocan fluctuaciones rápidas y desconcertantes en las bolsas de todo
el mundo y en los tipos de cambio monetarios.
Todo esto son noticias realmente buenas para los que negocian valores por vía
telemática. En estos días en los que los mercados financieros han sido
zarandeados en todas direcciones por las enormes oleadas de crédito generadas
por las tormentas generalizadas en un planeta financieramente sobrecalentado, en
promedio los valores y las obligaciones sólo se han mantenido unos pocos
segundos en las mismas manos.
Lo que sigue: la distopía económica
La crisis griega muestra cuánto ha cambiado la “idea de Europa” desde que en
1957 seis de sus miembros crearan la Comunidad Económica Europea (CEE). A
instancias de Estados Unidos, Gran Bretaña y Escandinavia se creó la Asociación
Europea de Libre Comercio (EFTA), supuestamente rival de la CEE. Recuérdese que
la principal promesa del proyecto europeo –al menos antes de Maastricht y
Lisboa– era la de conseguir que los trabajadores alcanzaran la prosperidad de la
clase media; nada que ver con la imposición actual de programas de ajuste
propios del FMI que han devastado a los países del Tercer Mundo. El mensaje
lanzado a los países endeudados es claro: “Moríos”. Y, con el fin de apuntalar
el Consenso de Washington –la guerra de clases del sector financiero contra los
trabajadores y la industria–, estos países obedientemente se suicidan
económicamente.
Se está transfiriendo el poder político, social, fiscal y económico al aparato
burocrático de la Unión Europea y a sus controladores financieros del Banco
Central Europea (BCE), así como al FMI, cuyos planes de ajuste estructural
contra los trabajadores abocan a los gobiernos a liquidar el dominio público, la
riqueza del suelo y del subsuelo y las empresas públicas, y a comprometerse a
aplicar futuros gravámenes que permitan saldar las deudas contraídas con los
países acreedores. Desde el otoño de 2008, ya se ha impuesto esta política en la
“nueva Europa” (las economías postsoviéticas e Islandia). Ahora se va a exigir
su aplicación en Portugal, Irlanda, Italia, Gracia y España. ¡Que a nadie le
extrañe si surgen protestas por doquier!
Para aquellos observadores que no prestaran suficiente atención a lo ocurrido en
Islandia y Letonia el pasado año, es bueno que sepan que Grecia es el nuevo y
más importante campo de batalla de nuestros días. Islandia y los países bálticos
al menos tienen la opción de redenominar los créditos en su propia moneda,
realizar los apuntes de sus deudas exteriores según su criterio y gravar
fiscalmente la propiedad para recuperar para el Estado los beneficios que se les
habían prometido a los banqueros extranjeros. Pero Grecia está encerrada en la
unión monetaria europea, la cual está gobernada por cargos financieros no
elegidos mediante voto popular y que han invertido el significado histórico de
la democracia. En lugar de que el sector económico más importante –el
financiero– esté sujeto a la política electoralmente legitimada, los bancos
centrales (los lobistas nombrados por los banqueros comerciales y de inversión)
se han independizado de los controles políticos.
Los más derechistas de Europa y Estados Unidos (como el presidente de la Reserva
Federal, Ben Bernanke) llaman a esto un “hito de la democracia”. Más bien se
trata de un jalón de la oligarquía, que ha conseguido eliminar el control sobre
la asignación del crédito en la economía –y, en el mismo viaje, la capacidad de
planificación pública futura–, a la vez que ha otorgado a las grandes finanzas
un poder determinante sobre los programas de gasto público.
Islandia, Letonia y Grecia constituyen las primeras salvas de aviso en el
proyecto de involución del gran programa de reforma democrática del siglo XIX y
de la Era Progresista: fiscalidad sobre la tierra y sobre la “revalorización sin
esfuerzo alguno por parte del propietario” de los beneficios procedentes de los
bienes raíces, los bonos y la renta variable, así como la subordinación del
sector financiero a las necesidades de un crecimiento económico gobernado
democráticamente. Esta doctrina tuvo su continuación en la etapa posterior a
1945, con una la fiscalidad progresiva que permitió ver los mayores incrementos
del nivel de vida y de la actividad económica en todo el siglo XX. Pero desde
1980 la mayoría de países han modificado radicalmente su senda fiscal. Los
recaudadores fiscales “liberaron” a los ingresos de sus obligaciones públicas a
partir de la idea de que así se facilitaría que los bancos concedieran más
créditos, lo que a su vez permitiría aumentar la liquidez para facilitar la
adquisición de propiedades.
Las casas, los edificios de oficinas y las empresas tienen un valor ligado a la
disposición de los bancos a prestar dinero. De modo que las gentes en general (y
los salteadores empresariales en particular) han reaccionado a la política de
revisión fiscal pro-financiera solicitando créditos para comprar casas (y
empresas), a menudo yendo más allá de sus posibilidades. Y para pagar la deuda
pública resultante del incremento de la inflación y de la ruina financiera que
han causado los recortes en los impuestos sobre el patrimonio, la solución ha
consistido en aumentar la presión fiscal sobre los trabajadores. Esta es la
causa de la deuda pública de los países. Los estados se han endeudado como
resultado de disminuir las cargar impositivas sobre los más ricos, no sólo sobre
los bienes inmuebles.
Al haber seguido la misma línea de los países occidentales de rebajar la
fiscalidad sobre el patrimonio y de aumentar la carga sobre los trabajadores
durante las últimas décadas, el gobierno griego no puede o no quiere aumentar
los impuestos a los ricos, ni siquiera a los profesionales liberales acomodados.
Pero los neoliberales acusan al Estado griego y a los demás países deudores de
no haber vendido suficientes empresas y suelo públicos para cubrir las deudas.
La deducción de impuestos sobre los intereses ha hecho que las privatizaciones
realizadas a crédito estén exentas de tributación, de modo que los estados
perderán el derecho a las compensaciones que recibían por el uso de sus bienes
(a la vez que los ciudadanos pagarán “peajes” más caros para acceder a los
servicios públicos).
Al igual que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, los griegos han emitido
bonos para financiar el déficit resultante de estas rebajas fiscales. Los
compradores de los bonos (principalmente bancos alemanes) exigen que los
trabajadores griegos (y ahora también los contribuyentes alemanes) paguen de sus
bolsillos los déficits originados por los recortes impositivos. El resultado es
que los bancos, y demás tenedores de bonos, alemanes y de otros países europeos
cobrarán lo que se les debe a costa de la aplicación de drásticos recortes en
las pensiones y en los gastos sociales (e incluso mediante una mayor
privatización de bienes públicos, malvendidos éstos a unos precios subordinados
a una necesidad acuciante).
Las protestas callejeras ocurridas en Grecia han estallado porque los
trabajadores han entendido algo que va más allá de la percepción de cierto
periodismo que trata el asunto como una confrontación episódica. Los salarios
reales hace tiempo que han disminuido (en Estados Unidos se frenaron en seco
alrededor de 1979). El acceso de muchos ciudadanos a la propiedad inmobiliaria
sólo ha sido posible mediante la aceptación de créditos hipotecarios vitalicios.
Y las economías postsoviéticas conquistaron su libertad política de Rusia al
precio de ser hoy insolventes, dependiendo por completo de los dictados del FMI
y la Unión Europea en punto a obtener créditos que les permitan hacer frente a
las deudas contraídas con banqueros extranjeros, que a su vez han impuesto
fuertes cargas crediticias sobre sus viviendas, empresas públicas, industria y
familias.
Los tenedores de bonos y los especuladores financieros se han confabulado para
exigir el apoyo de la Unión Europea, el FMI y Estados Unidos para la rápida
obtención de los beneficios que consideran que les corresponden antes de que se
colapse la competición financiera. La apropiación rapaz puede realizarse con más
rapidez mediante la política de adelgazamiento de las economías a través de la
fórmula de los planes de ajuste del FMI. El desempleo aumenta a la misma
velocidad con la que las economías se endeudan (y el asunto importante no es
sólo que todo ello lleve a una disminución de los ingresos fiscales de cada
país, sino que la deuda extranjera provoca un aumento de la dependencia de las
importaciones).
Los acreedores reciben lo que se les debe permitiendo que se apropien del
excedente económico; esta apropiación puede tomar la forma de endeudamiento por
nuevas inversiones de capital, inversión en infraestructuras, gasto público
social y aumento de los niveles de vida. Económicamente, la asonada griega es
una revuelta contra esta política de sacrificar la prosperidad para pagar a los
acreedores extranjeros.
En lo político, la lucha consiste en salvar a Grecia de convertirse en un anti-Estado.
La definición clásica de “Estado” se fundamenta en la capacidad del mismo para
fijar impuestos y emitir moneda. Pero Grecia ha traspasado su autoridad fiscal a
la Unión Europea y al FMI, los cuales han acusado al país de violar aquello que
los teóricos políticos establecen como el primer mandato de cualquier Estado:
actuar a favor del interés nacional a largo plazo. El gobierno griego se conduce
a las órdenes del capital bancario y, de hecho, actúa siguiendo la pauta de
terceros estados que le obligan a liquidar activos, lo cual no redunda
precisamente en una promoción del crecimiento a largo plazo.
Lo que realmente está en cuestión aquí es si en el momento de recoger los
beneficios del crecimiento económico los países estarán gobernados por los
acreedores o lo estarán por la voluntad popular. El embate oligárquico de los
créditos del FMI y la Unión Europea destinados a rescatar a los bancos
extranjeros y a los especuladores tenedores de bonos a costa de los trabajadores
griegos (los supuestos futuros contribuyentes) tienen como objetivo que sean
precisamente los trabajadores, y no el capital financiero, quienes tengan que
hacer frente a las pérdidas por las atrasos del gobierno en el pago de la deuda
a causa de la reducción de los impuestos que gravaban la riqueza. Se trata de
permitir que los bancos extranjeros eviten tener que pagar el precio de aparecer
como protagonistas en la operación de vaciado del mercado interior. Se pretende
apartar la política gubernamental de las manos de los votantes y subordinarla al
FMI y la Unión Europea, que a su vez actúan como instrumentos del sistema
financiero internacional.
Esto lleva a una situación en la que ni Grecia ni la Comisión Europea son
propiamente “estados” o “gobiernos” en el sentido político tradicional. Las
burocracias de la Unión Europea y del FMI no pasan la prueba de una elección
popular. Cuando sus planes financieros al dictado de terceros alcancen el éxito
que ellos pretenden, el capital económico habrá sido irremisiblemente saqueado y
la democracia social se desmoronará.
El pasado domingo 9 de mayo los votantes alemanes expresaron su irritación por
el papel jugado por su gobierno en el rescate de los bancos alemanes (calificado
con el eufemismo de rescate de “Grecia”) a costa de los contribuyentes alemanes;
el Banco Central Europeo (BCE) no se ocupa de velar para que haya una moneda
europea independiente, sino de pasar factura a los gobiernos estatales. Los
socialdemócratas (SPD) superaron al partido de la Unión Cristianodemócrata (CDU)
de la canciller Angela Merkel en el land de Renania del Norte-Westfalia. Al
obtener sólo un tercio de los votos –algo menos que los socialdemócratas (y diez
puntos porcentuales por debajo de la anterior elección, cuatro de los cuales
correspondieron a la semana en la que la señora Merkel propuso el paquete de
rescate)–, la CDU perdió su mayoría en la Cámara Alta alemana.
Puede que muchos votantes alemanes se preguntaran si penalizar a los pobres para
pagar a unos ricos que practican la usura era algo tan “cristiano” como pregonan
las siglas del partido de la canciller. O puede que estuvieran seriamente
preocupados por el hecho de que la hacienda pública alemana deba aportar cerca
de 30.000 millones de dólares de su parte del rescate a los banqueros (se calla
por sabido que no todo el mundo en Alemania siente aprecio por ellos, aun cuando
sean alemanes). Y no cabe duda de que algunos ciudadanos cayeron en la cuenta de
que se trataba de una jugada consistente en un engaño financiero perpetrado por
obedientes políticos a las órdenes del sector bancario.
El engaño
Los lobistas financieros europeos sacaron provecho de la crisis al tomarla como
una oportunidad para promover una extensa serie de rescates. La Unión Europea
aprobó una ampliación de 60.000 millones de euros de las facilidades de crédito
para bancos suecos y austriacos, unas disposiciones que ya estaban habilitadas
para ayudar a que Hungría, Rumanía y Letonia pudieran seguir al corriente de los
pagos de las deudas contraídas con bancos, precisamente, austriacos y suecos.
Para sortear la norma que prohíbe los rescates en la eurozona, este rescate
especial se basa en el artículo 122.2 del Tratado de la Unión Europea, el cual
permite el otorgamiento de préstamos a los estados en “circunstancias
especiales”. (1)
Si consideramos que la señora Merkel conoce bien la situación de las economías
de las que hemos hablado, entonces no tenemos más remedio que acusarla de haber
mentido descaradamente. El problema de la deuda báltica es crónico y
estructural, no “excepcional”. La señora Merkel también debe saber que está
actuando de forma engañosa al pretender ayudar a Letonia mediante la extensión
de los créditos que la Unión Europea limita explícitamente al apoyo del tipo
cambio del lats, y en cambio prohíbe para fomentar el desarrollo económico
interno de los países. Las divisas van destinadas a cubrir el coste que los
letones deben soportar por pagar en euros las hipotecas contratadas con los
bancos suecos, así como para ayudar a los consumidores letones a comprar comida
y productos manufacturados que los estados de la Unión Europea subsidian, a la
vez que someten a los letones a un estado de dependencia económica y financiera.
De esta manera, lo que se consigue es victimizar a Letonia, no ayudarla. Se
trata de permitir que los bancos suecos ganen algo más de tiempo para seguir
cobrando las liquidaciones de créditos que es obvio que en condiciones normales
acabarían impagados. Las divisas dedicadas a facilitar el pago de deudas
privadas a bancos extranjeros se convierten así en deuda nacional que recaerá
sobre los contribuyentes letones. Esta forma de crédito de la Unión Europea es
una expresión descarnada de neo-colonialismo.
¿Permitirá hacer algo el tardío trasvase de votos de los ciudadanos alemanes
hacia la coalición rojiverde del SPD con los partidos Verde y de la Izquierda?
Probablemente no. El presidente griego Papandreu ha sido un colaborador
necesario con lo sucedido a pesar de liderar la Internacional Socialista. De
modo que ahora la cuestión es saber si Grecia es víctima de un jaque mate y está
irremisiblemente destinada a detenerse a ver cómo el gasto público, las
pensiones, la sanidad, la educación y el nivel de vida sufren un deterioro
parecido al que han vivido los bálticos. Éstos se han convertido en un
experimento de la planificación centralizada neoliberal. Si son un ejemplo de lo
que nos deparará el futuro, entonces el mundo pronto verá una oleada de
emigración griega parecida a la ocurrida en los países bálticos.
Evidentemente, esto es lo que anticiparon los mercados bursátiles de todo el
mundo cuando en la mañana del lunes dispararon sus cotizaciones ante el anuncio
europeo de un fondo para rescates de 750.000 millones de euros. Lo que
verdaderamente se garantizó con esa acción fue el principio de que para que
pueda gobernar el capital financiero primero deben saquearse a fondo las
economías. Pero no cabe duda de que la batalla no ha terminado. Esta situación
persistirá durante toda la presente década, puesto que el actual proceso
consiste básicamente en una involución de las luchas de los siglos XIX y XX por
substituir el poder omnímodo de la propiedad privada oligopólica y los intereses
financieros por principios de fiscalidad progresiva y empresa pública.
¿Es en esto en lo que supuestamente la civilización occidental ejercía su
liderazgo? Enfrentados a los parlamentos controlados por la aristocracia, los
reformistas del siglo XIX trataron de tomar el poder para implantar principios
democráticos. La economía política clásica consistió básicamente en un programa
de reforma destinado a gravar fiscalmente los beneficios privados de las rentas
de la tierra, las rentas monopolistas y los intereses financieros derivados de
las mismas. John Maynard Keynes celebró este programa reformista calificándolo
sobriamente como la “eutanasia del rentista”.
Pero los intereses creados regresaron con fuerza. Al rotular a la democracia
social y la regulación pública como un “camino a la servidumbre”, trataron de
situar a las economías europeas en el camino de la deuda por peonaje. Al
dictaminar la limitación del poder de los gobiernos estatales democráticamente
elegidos en beneficio del Consenso de Washington, tanto el FMI como las
instituciones de la Unión Europea han ganado capacidad de control fiscal y
económico sobre esos gobiernos y sobre sus políticas fiscales, logrando así
recortar drásticamente los impuestos sobre los más ricos (a quienes les piden
prestado para financiar los déficits fiscales resultantes).
Los partidarios del Tea Party estadounidense y los contrarios al pago de
impuestos han abandonado la lucha por reformar el Estado. Asfixiados por una
deuda de la que no ven salida, lo que piden son impuestos menos gravosos y
esperan ver que los que más ganan sean los que más provecho saquen de una
fiscalidad aún más regresiva. Enfrentados a un Congreso corrompido por los
lobistas que actúan de parte de los intereses creados, rechazan la idea misma de
Estado y buscan refugio en comunidades locales bunquerizadas. Ven cómo los
Congresos y parlamentos de los países de todo el mundo van perdiendo autonomía a
favor del FMI, la Unión Europea y otras organizaciones surgidas del Consenso de
Washington, que buscan imponer medidas de ajuste y trasladar las cargas fiscales
a los trabajadores y la industria, liberando de las mismas al patrimonio privado
y al sistema financiero depredador.
La única forma de impedir una reforma fiscal regresiva y una asfixia por deudas
es mediante la consecución de mayores niveles de control sobre los estados sobre
la base de los principios de la economía clásica y de las reformas de la Era
Progresista. Para esto es para lo que se han declarado en rebeldía los
trabajadores griegos. Alguien debe controlar al Estado, y no cabe duda de que si
las fuerzas democráticas se retiran de la lucha, entonces el sector financiero
estrechará aún más su cerco.
Lo ocurrido la semana pasado es sólo el principio de por dónde discurrirá este
drama. Su peculiar desarrollo en las economías postsoviéticas, que han seguido
manteniendo sus propias monedas, se verá en los próximos verano y otoño.
(*)Michael Hudson trabajó como economista en Wall Street y actualmente es
Distinguished Professor en la University of Misoury, Kansas City, y presidente
del Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). Es autor de
varios libros, entre los que destacan: Super Imperialism: The Economic Strategy
of American Empire (nueva ed., Pluto Press, 2003) y Trade, Development and
Foreign Debt: How Trade and Development Concentrate Economic Power in the Hands
of Dominant Nations (ISLET, 2009).
Nota: (1) Ben Hall, “Governments to control loan guarantee scheme”, Financial
Times, 10 de mayo de 2010.
Traducción para www.sinpermiso.info: Jordi Mundó
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