Está prohibida desde 1982, pero
igual Japón, Noruega e Islandia las cazan con fines científicos. Proponen
liberar la práctica y fijar nuevos cupos. Argentina y otros países de
Latinoamérica se oponen y quieren que haya veda total en el Santuario Austral.
Clarín, Argentina
En
un clima de fuerte controversia ante la posibilidad de que se vuelva a autorizar
la caza comercial de ballenas, desde ayer y hasta el viernes se lleva adelante
en Agadir, Marruecos, el encuentro anual de la Comisión Ballenera Internacional
(CBI), el organismo internacional que regula la captura de estos cetáceos.
En la reunión, representantes de 88 países discuten una iniciativa promovida por
el presidente de la CBI, el chileno Cristián Maquieira, y su vicepresidente,
Anthony Liverpool (de Antigua y Barbuda). De aprobarse tal como fue redactada,
volvería a permitir la caza comercial de ballenas, pero estableciendo cupos
decrecientes, cuyo cumplimiento sería supervisado por la CBI.
En la década del 60, unas 70.000 ballenas se capturaban al año con fines
comerciales, según entidades ambientalistas. La captura se prohibió en 1982 por
una moratoria de caza, que entró en vigencia efectiva en 1986. Sin embargo la
medida dejó huecos, ya que permite la caza con fines científicos (que practican
Japón, Noruega e Islandia) y la caza aborigen (de subsistencia). A su vez, la
normativa de la CBI da lugar para que los países miembros puedan objetar
determinaciones del organismo. Todo esto permite que hoy se estén cazando en el
mundo unas 1.500 ballenas por año, la mayoría, de la especie Minke.
Maquieira y Liverpool defienden su propuesta como superadora de la situación
actual con los argumentos de que regularizaría la caza que de hecho se produce,
establecería un control del cumplimiento de los nuevos cupos y reduciría el
número total de piezas cazadas al año.
Sin embargo, la iniciativa resulta inaceptable para los países y entidades
conservacionistas, que dicen que los cupos reducirían la caza, pero que son
insuficientes. Milko Schvartzman, especialista en ballenas de Greenpeace, le
explicó a Clarín que ellos apuntan a que cualquier cambio contemple la
prohibición total en el Santuario Ballenero Austral (los mares que rodean la
Antártida, donde hoy cazan buques japoneses); el mantenimiento de la prohibición
del comercio de subproductos de ballenas; y la no captura de especies
amenazadas.
La Argentina, en tanto, lleva a la reunión una postura conjunta con Brasil,
Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay,
Colombia, El Salvador y Venezuela. Estos países pretenden que se prohíba toda
forma de caza en el Santuario Ballenero Austral, se mantenga la moratoria
comercial y se promueva el uso no letal de las ballenas.
Por su parte, los países tradicionalmente balleneros tampoco apoyan el
documento. Ellos quieren cupos mayores, ya que utilizan la carne como alimento y
otras partes en la industria farmacéutica.
Laura Reyes, especialista en mamíferos marinos de la Universidad Nacional de la
Patagonia, le dijo a Clarín que el documento que se discute muestra buenas
intenciones al reconocer las actividades no letales (avistajes, por ejemplo) y
al apuntar a reducir el número de piezas capturadas, “el punto es que eso pueda
hacerse cumplir”, señaló la experta. Además, afirmó que “para evaluar la
conveniencia de permitir la caza, debe considerarse el estado de la población de
la especie y la tendencia que sigue, y eso parece haberse hecho.
El punto es con qué grado de precisión se hizo ”, explicó Reyes.
Ayer, en un ambiente salpicado por denuncias de corrupción (se acusa al
vicepresidente Liverpool de haber permitido que Japón le pagara el viaje y la
estadía en Agadir), se escucharon los discursos de apertura y se pasó a
reuniones a puertas cerradas. Se estima una rígida paridad entre las diferentes
posiciones y se sabe que EE.UU. apoyaría la postura de los balleneros.
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