La cifra refleja el gasto del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP)
del Tesoro estadounidense, así como la financiación para varios programas de la
Reserva Federal y Federal Deposit Insurance Corp., según datos que el inspector
especial Neil Barofsky planea presentar al comité de finanzas del senado. Esto
no incluye los costos de los préstamos de capital de trabajo para General Motors
Corp. y Chrysler LLC o el nuevo programa de garantía de autos del gobierno
anunciado el lunes.
Tal despliegue de fondos en tan corto plazo "inevitablemente atraerá a
aquellos que buscan beneficiarse de manera criminal" dijo Barofsky en un
testimonio preparado para la audiencia ante el comité. "pero si se aplican
algunos de los cálculos de fraude en recientes programas gubernamentales, en
términos porcentuales, al TARP, podemos contemplar la pérdida de cientos de
miles de millones de dólares por fraudes", dice el texto de la intervención.
En otro informe publicado el martes, la Oficina de Responsabilidad del
Gobierno de EE.UU. dijo que el Tesoro ha anunciado planes por hasta US$667.400
millones en fondos TARP. Sin embargo, la entidad indicó que no todos esos fondos
han sido distribuidos y que los cálculos de desembolsos ya hechos para programas
anunciados hasta el momento probablemente alcancen los US$590.400 millones.
Ese cálculo dejaría al TARP con apenas US$109.600 millones, menos que los
US$134.500 millones que el Tesoro calcula que le quedan en el fondo.
En su informe, la Oficina de Responsabilidad dijo que sigue siendo complicado
el medir los efectos del programa y recomendó que el Tesoro busque concesiones
de los empleados de American International Group Inc. y las otras partes que han
tenido negocios con la aseguradora.
AIG, que recibió US$173.000 millones en ayuda del gobierno estadounidense, se
ha convertido en el blanco de duras críticas por pagar US$165 millones en
bonificaciones a sus empleados después de ser rescatada por el gobierno, además
de los pagos que ha hecho a los bancos con los que tiene relaciones comerciales.
En su testimonio, Barofsky dijo que su despacho ha iniciado una investigación
sobre los pagos de bonificaciones en AIG.
"Daremos una mirada detallada para asegurarnos que las bonificaciones a los
empleados de AIG no sean inconsistentes con las obligaciones legales o
contractuales de AIG", dijo Barofsky, agregando que su despacho "informará al
Congreso la secuencia de eventos que llevó a la aprobación de esos pagos por
parte de funcionarios del gobierno".
"Yo también estoy frustrado por la entrega de estas sustanciales
bonificaciones en momentos en que AIG habría estado en bancarrota de no ser por
las repetidas inyecciones de capital del gobierno", dijo.
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(*) Manuel
Freytas es periodista, investigador y analista, especialista en inteligencia y
comunicación estratégica. Es uno de los autores más difundidos y referenciados
en la Web.
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