Hace poco menos de dos semanas, el
diario israelí Haaretz reprodujo conversaciones y testimonios de
militares que participaron en la operación militar de 22 días consecutivos
en Gaza, conocida como "Plomo Sólido", y en la cual fueron asesinados casi 1500
palestinos, entre ellos 400 niños y 250 mujeres, y destruida casi en su
totalidad la infraestructura del país que hoy permanece "cercado" por mar,
tierra y aire, por las tropas israelíes.
El informe publicado por el diario
Haaretz, con confesiones de soldados israelíes que intervinieron en la
operación Plomo Sólido, la última masacre militar de Israel en Gaza, reveló cómo
las tropas judías asesinaron a civiles, mujeres y niños y destruyeron y
propiedades de manera intencionada siguiendo órdenes de combate
permisivas de sus superiores.
Una ola de indignación mundial surgió
a raíz de las camisetas que encargan los militares invasores para celebrar, por
ejemplo, la conclusión de un cursillo, con caricaturas y lemas tan crudos como
"Un disparo, dos muertes" escrito bajo un dibujo de un punto de mira que
apunta al vientre de una mujer embarazada vestida con la típica túnica
islamista.
Según denuncia el diario israelí
Haaretz, soldados de diversas unidades, en especial los francotiradores,
encargan camisetas con inscripciones y dibujos espeluznantes sobre sus
víctimas en Gaza.
La clausura de la "investigación, que
formalmente ordenó el Estado judío, se produce a menos de dos semanas de
publicados los testimonios de soldados israelíes en servicio y en la reserva.
La fiscalía militar justificó la
decisión en que no se encontraron pruebas delictivas y que los testimonios no
fueron de "testigos directos".
Soldados israelíes habían denunciado los asesinatos de civiles durante una
reunión a puertas cerradas en una escuela militar.
Sus relatos, junto con informes de
vandalismo en hogares de palestinos, provocaron una gran reacción y polémica en
la sociedad israelí. Un caso involucró el presunto asesinato de una anciana
palestina por parte de un francotirador que estaba subido en un techo. Un
segundo episodio incluyó a otro francotirador que habría asesinado a una
embarazada.
Uno de los soldados citados describió
cómo un francotirador le disparó a una mujer y a sus dos hijos. Otro dijo que se
ordenó matar a una anciana.
No obstante, el informe del Ejército
concluyó que se trataba sólo de versiones no comprobadas y dijo que su
difusión había causado un daño considerable a la imagen del ejército israelí.
El brigadier general Avichai
Mendelblit criticó a los soldados que testimoniaron, acusándolos de
haber atentado contra la imagen y la moralidad de las fuerzas armadas israelíes.
Con anterioridad, el Jefe de las
fuerzas armadas, general Gabi Ashkenazi, había declarado en un encuentro con
nuevos reclutas: "No puedo creer que soldados israelíes hayan puesto en la mira
de su fusil a una mujer o un niño palestino". Y agregó: "Nuestro ejército es
el más moral del mundo".
La decisión del fiscal militar fue repudiada por las organizaciones de derechos
humanos, cuyos voceros exigieron desde el primer momento la creación de una
comisión de investigación independiente que revise los testimonios y las
pruebas.
Grupos de derechos humanos criticaron duramente la conclusión de la
investigación sobre lo ocurrido en la Franja de Gaza, a la que calificaron de
"sesgada" y "precipitada".
Al conocerse el cierre de la investigación de la policía militar, Sarit Mijaeli,
de la ONG de Betzelem, comentó a la prensa: "La investigación militar no
tuvo como objetivo la verdad sino el deslindar responsabilidades. No se tomaron
en cuenta pruebas que verifican los testimonios de los soldados y, por supuesto,
tampoco las declaraciones de los palestinos mismos. Sólo una comisión
independiente podrá llegar a la verdad."
Uno de los principios fundamentales
del Estado de Israel es que su Ejército no comete crímenes de guerra y opera
según los "más altos estándares éticos", aun en tiempos de guerra.
A este principio los doctrinarios
judíos lo llaman "pureza de armas".
El informe con los relatos de los
soldados israelíes fue entregado hace tres semanas al jefe del Estado Mayor,
general Gaby Ashkenazi. El ejército declaró que las acusaciones iban a ser
investigadas a fondo, pero nada de eso sucedió.
Como primera reacción al informe,
Israel rechazó las acusaciones provenientes de organizaciones de derechos
humanos y desvió nuevos pedidos para investigar denuncias de crímenes de guerra,
con el argumento de que constituían mera "propaganda anti-israelí".