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(IAR
Noticias) 29-Septiembre-09
Si no fuera porque tienen
detrás al Pentágono y a
los republicanos USA, se parecerían al régimen de Birmania que en el año 2007
expulsó de su territorio a la ONU y a todas las instituciones controladas por el
eje USA-UE. En Honduras, el régimen de Micheletti se endureció al extremo:
Advirtió a Brasil que podría quitarle el status diplomático a su embajada (con
lo cual Zelaya quedaría sin protección), expulsó a representantes de la OEA de
su territorio y decretó el estado de sitio previendo nuevas movilizaciones de
Zelaya y de su aparato político.
Informe
IAR Noticias /
Agencias
Militares
hondureños cerraron este lunes dos medios de comunicación leales al derrocado
presidente Manuel Zelaya, mientras sus seguidores se aprestan a lanzar una
"ofensiva final" para intentar su restitución.
En una conferencia de prensa desde la
embajada de Brasil, donde está atrincherado desde que regresó clandestinamente a
Honduras el 21 de septiembre, Zelaya dijo que militares podrían irrumpir pronto
en la sede diplomática, sitiada por centenares de soldados.
"Temo que en las próximas horas asalten esta sede diplomática", expresó
Zelaya. "La comunidad internacional debe actuar (...) pido protección al mundo",
agregó.
El régimen que controla Honduras
anunció este domingo que retirará el estatus diplomático a la embajada
brasileña en Tegucigalpa si Brasil no entrega o da asilo político al
derrocado presidente hondureño, Manuel Zelaya.
"Si en 10 días no se ha definido el status de Manuel Zelaya la sede perderá su
condición diplomática, pero por cortesía no se está planteando invadir el
local", dijo el ministro de Asuntos Exteriores Carlos López Conteras en una
rueda de prensa ante los medios hondureños.
El sábado por la noche, el presidente
de facto de Honduras, Roberto Micheletti, dio un ultimátum de 10 días a Brasil
para que definiese el "status" de Zelaya, refugiado desde el lunes 21 en su
embajada, pero no precisó que medidas se tomarían contra Brasilia si no cumplía
con lo exigido.
López Contreras explicó que Brasil perdería su derecho a tener embajada en
Tegucigalpa si no cumple con el plazo, aunque se comprometió a respetar la
soberanía del edificio durante ese periodo, desmintiendo así que existan planes
para allanar la sede diplomática y arrestar allí a Zelaya.
Desde que el presidente derrocado entrara por sorpresa en Honduras y se
refugiase en la sede diplomática brasileña, cientos de militares y policías
mantienen cercado el edificio, tratando de controlar también las concentraciones
de los seguidores de Zelaya en los alrededores de la embajada.
En otro frente del conflicto, el gobierno provisorio de Honduras impidió
este domingo la entrada de una misión de avanzada de la Organización de Estados
Americanos (OEA), que llegó al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.
La comitiva de la OEA no pudo salir del aeropuerto porque sus integrantes
fueron retenidos por agentes de la Dirección de Población y Política Migratoria,
informó la agencia de noticias mexicana Notimex.
El acto fue calificado de "acción de barbarie" por el embajador de
Honduras en Washington, Enrique Reina, leal al depuesto presidente Manuel
Zelaya, en declaraciones a una televisora local.
La policía y los militares que custodian el aeropuerto impidieron el paso de los
periodistas que trataron de entrar en la sección de Migración, donde están
retenidos los miembros del equipo de la OEA.
El grupo de funcionarios de la OEA viajaba al país centroamericano para preparar
la agenda de una misión de ministros de Exteriores de la OEA que visitaría esta
capital para trabajar en el diálogo entre el gobierno derrocado de Zelaya y las
autoridades del régimen de facto de Roberto Micheletti.
La base de la negociación sería el Acuerdo de San José, elaborado con la
mediación del presidente costarricense Óscar Arias, y que establece el retorno
de Zelaya al poder.
En otra línea ofensiva, el régimen que controla Honduras
suspendió 45 días las garantías constitucionales según un decreto revelado
por la agencia EFE y que restringe las libertades de circulación y
expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.
El decreto ordena el desalojo de
toda institución pública tomada por manifestantes, el cierre de medios de
comunicación que "ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o
atenten contra la ley" y la detención de personas que sean consideradas
sospechosas.
La norma fue dictada el pasado 22 de septiembre por el presidente de facto,
Roberto Micheletti, en consejo de ministros, y fue publicada el sábado, en La
Gaceta Oficial, confirmó a EFE una fuente del gobierno.
La medida se tomó, según el decreto, con el fin de "mantener la paz y la
seguridad interior" del país ante la "perturbación grave de la paz"
ocasionada por incidentes ocurridos después de que el presidente depuesto,
Manuel Zelaya, regresara al país tras su derrocamiento el 28 de junio pasado.
"Se prohíbe la libre circulación, la
cual se restringirá conforme a los parámetros" de territorio y duración fijados
en los comunicados en los que se establezca el toque de queda, dice el texto.
También se prohíbe, agrega, "toda reunión pública no autorizada por las
autoridades policiales o militares".
Otra prohibición es "emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o
televisado, que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o
atenten contra la ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo
atenten contra la paz y el orden público".
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), "a través de la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas, queda autorizada para suspender cualquier
radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su
programación a las presentes disposiciones", indica el decreto.
Establece la detención de "toda persona encontrada fuera del horario de
circulación establecido (por el toque de queda), o que de alguna manera se
presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares, de causar
daños a las personas o sus bienes" y "aquellos que se asocien con el objeto de
cometer hechos delictivos".
"Toda persona detenida deberá permanecer recluida en los centros de detención
legalmente establecidos", agrega.
Se ordena, asimismo, "el desalojo de toda instalación pública que haya sido
tomada por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando
actividades prohibidas por la ley".
El decreto ordena a todos los ministerios y demás instituciones del Estado, en
el ámbito local, "poner a disposición de la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas, sin dilación alguna, los medios a su disposición que les soliciten para
el desarrollo de las operaciones".
El ministerio de Exteriores hondureño
dijo además que no permitirá el regreso de los embajadores de Argentina, España,
México y Venezuela, retirados tras el golpe, a menos que esos países reconozcan
antes al gobierno de facto.
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