S
i se busca similitudes, Colombia, en la realidad verificable del Plan Colombia, ya es el "gran
portaaviones" del Comando
Sur en América del Sur, como lo es Honduras -en menor
escala- en América Central.
Esa posición se reforzó con
información difundida este miércoles precisando que serán siete las bases
militares en ese país que contarán con la presencia de oficiales y personal
estadounidense, en el marco de un convenio que el Gobierno de Álvaro Uribe
adelanta con las autoridades norteamericanas y que ha generado una fuerte
polémica en la región.
En un comienzo, el Ministerio de
Defensa colombiano había mencionado la posibilidad de utilizar cinco bases, pero
finalmente decidió incluir otras dos, según informó este lunes el jefe
del Ejército, Freddy Padilla.
En el marco del acuerdo, EEUU tendrá acceso a
tres bases aéreas, dos navales y
dos del Ejército ubicadas en Cartagena, Larandia (departamento de Caquetá),
Tolemaida y Palanquero (Cundinarca), Málaga (región del Pacífico), Apiay (Meta)
y Malambo (Atlántico).
"Se trata de profundizar unas relaciones que
han venido siendo exitosas con el
acceso a bases militares colombianas", indicó Padilla, al aclarar que "no son
bases norteamericanas, son colombianas".
Padilla hizo este anuncio
momentos antes de comenzar la Conferencia de Seguridad de Suramérica (SouthSec)
en la ciudad colombiana de Cartagena, organizada por el Ejército colombiano y el
Comando Sur de Estados Unidos.
En este encuentro, que culminará
mañana, también participan generales y altos mandos militares de Uruguay,
Paraguay, Argentina, Perú, Chile y México.
En la conferencia, Padilla
aprovechará la oportunidad para "explicar" los alcances del acuerdo que
suscribirán Colombia y Estados Unidos, que ha generado fuertes polémicas
especialmente en los países vecinos como Ecuador y Venezuela.
Tanto los presidentes de "izquierda"
como los del sector "liberal" coinciden en que el acuerdo militar entre EEUU y
Colombia podría transformar al país latinoamericano en un reducto de
operaciones militares estadounidenses en América del Sur.
El asesor de seguridad nacional de la
Casa Blanca, general Jim Jones, de visita en Brasil, escuchó impávido la
"postura" del gobierno brasileño sobre la existencia de bases militares
estadounidenses en Colombia.
"Expresamos nuestra percepción de que las bases
no contribuyen a la distensión" de
las relaciones en la región y parecen "resquicios de la Guerra fría",
dijo el asesor de asuntos internacionales de la presidencia de Brasil, Marco
Aurelio García, luego de un encuentro con el alto funcionario estadounidense.
Durante la conversación, García
también recordó a Jones que "la guerra fría ya acabó" y que la región
"está inmersa en un proceso de revolución democrática pacífica muy grande".
Precisamente, el jueves,
llegará a Brasil el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, como parte de una
"ofensiva diplomática" regional que busca explicar el acuerdo militar con
Estados Unidos a varios gobiernos.
Tal como se esperaba antes de
comenzar su gira por siete países sudamericanos para explicar el pacto militar
entre Bogotá y Washington, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, tuvo una
"escala difícil" en Bolivia y una buena estadía en Perú.
"Permitir bases militares en Latinoamérica es una agresión a los gobiernos y
democracias de Latinoamérica. Vamos a defender la soberanía de
Latinoamérica", dijo el presidente boliviano, Evo Morales, tras entrevistarse
con su par colombiano, haciendo referencia al posible uso de bases
colombianas por parte del ejército estadounidense.
Morales fue más allá y anunció que su gobierno planteará una resolución para el
rechazo a bases militares extranjeras en la cumbre de Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) que tendrá lugar el próximo lunes en Ecuador.
Horas antes, en Lima, el presidente
colombiano recibió un rotundo respaldo de su par peruano, Alan García,
quien dijo que "la historia va a reconocer mucho y muy pronto cuánto se ha hecho
en favor no sólo de Colombia sino del modelo democrático de nuestro continente
gracias al esfuerzo desplegado por el presidente Uribe y su gobierno".
García lamentó además que Colombia sufra "situaciones enojosas" y Uribe
le agradeció "su permanente amistad profunda y prolongada con Colombia y sus
instituciones democráticas.
El "gran portaaviones" USA
Colombia reviste un valor estratégico
de primer orden en el diseño del control geopolítico y militar de América
Latina.
En Colombia, tanto como en Honduras,
las fuerzas y los militares del Comando Sur se mueven y actúan como un
virtual ejército de ocupación encubierto.
Los estados mayores del ejército,
la policía y los servicios de inteligencia colombianos se reportan "naturalmente
a los oficiales y operativos de inteligencia USA plantados como "asesores"
en los distintos niveles funcionales del Plan Colombia.
En los albores del Plan Colombia, en
1998, la administración Clinton lanzó la iniciativa asistiendo con
US$ 330 millones y 500 miembros de personal militar para entrenamiento de las
fuerzas armadas y policía colombianas. Estas sumas, así como la presencia de
personal militar y técnico, se fueron incrementando gradualmente.
En octubre del 2004, el Senado
estadounidense aprobó una "ley de compromiso", incrementando el número de
"asesores" militares (léase oficiales operativos del Comando Sur)
estadounidenses que podían operar en el país como parte del Plan Colombia.
En el 2001, el gobierno de
George W. Bush expandió el programa con una partida de US$ 676 millones, y hasta
el 2007, de los US$ 5.000 millones que EEUU aportó al Plan Colombia, unos US$
4.000 millones se utilizaron en el componente militar de la iniciativa.
Estas aportaciones convirtieron a Colombia en
el tercer mayor receptor de ayuda
militar de los EEUU (puesto conservado hasta antes de las invasiones y
ocupaciones de Afganistán e Irak).
Estas sumas multimillonarias se extraen de los
presupuestos anuales del
Departamento de Defensa de EEUU, y permite al Pentágono una ascendente
"militarización" de las relaciones con Colombia y una subordinación
creciente de sus fuerzas armadas a la estrategia regional de EEUU.
Esta realidad (de dependencia
financiera bélica), descripta y probada por una multitud de informes, pone de
relieve una ingerencia excesiva del Pentágono en los "asuntos internos" de
Colombia, por encima del Departamento de Estado y de su representación
diplomática.
Cuando el gobierno de Uribe,
rompiendo el status de convivencia acordado después de la crisis regional de
2008, acusa nuevamente a Chávez de armar al "terrorismo" de las
FARC, la sombra de Honduras empieza a posarse sobre Venezuela.
La suscripción del nuevo acuerdo
militar es de fundamental
importancia para la comprensión del proceso que se avecina en las relaciones de
Colombia con Venezuela, marcadas por una insólita (y novedosa) guerra por
"áreas de influencia" entre el Pentágono y el Departamento de Estado.
Con el nuevo acuerdo suscripto por
Uribe con el Pentágono, Colombia, prácticamente bajo ocupación militar
encubierta de EEUU, pasa a desempeñar el rol de una "Corea del Sur" en
Latinoamérica.