En
marzo de 2008, el asesinato de Raúl Reyes, número dos de las FARC, por fuerzas
colombianas alteró el tablero de la región y desató un fuego cruzado de
acusaciones de Ecuador y Venezuela contra Colombia, que derivó finalmente
en una movilización de tropas ecuatorianas y venezolanas en la frontera
mientras, Chávez y Correa ordenaban el retiro de sus embajadores en Bogotá.
Un semana después, en un contexto de
distensión de la llamada triple "crisis andina"
Colombia-Venezuela-Ecuador, y con el patio trasero "sedado" luego de la
confrontación, EEUU salió a expresar su "satisfacción" por el modo en que Chávez
y Uribe resolvieron sus diferencias dándose la mano en la reunión del Grupo Río.
Esta semana, volvió a desatarse una
nueva escalada regional luego de que el gobierno de Uribe (recreando la
táctica utilizada con el famoso "ordenador" de Raúl Reyes) volviera a sus
andadas de acusar a Chávez de proveer armas a las FARC.
El gobierno colombiano denunció la
supuesta incautación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de
armas de fabricación sueca vendidas por Estocolmo al gobierno venezolano.
Por su parte, el fin de semana, el
presidente ecuatoriano Rafael Correa -todavía ofuscado por la divulgación de un
video en el que se sugería que las FARC habían contribuido a su campaña-
advirtió que si Colombia volviese a violar la soberanía fronteriza de su país,
"la respuesta será militar".
En un comunicado, las FARC mismas negaron esa conexión con Correa, calificándola
de "cortina de humo" creada por Colombia y Estados Unidos.
Este recalentamiento ocurre poco después de que se revelara que Washington y
Bogotá están cerca de firmar un acuerdo que permitirá a militares de EEUU
operar en tres bases colombianas.
Chávez, por su parte, anunció el "congelamiento" de la relaciones con
Colombia y ordenó el retiro de su embajador. El presidente venezolano
tildó a su par colombiano de "irresponsable" por "lanzar una bola de humo cuando
sabe que es absolutamente falso" y amenazó que de seguir ese tipo de
señalamientos Venezuela podría llegar a "expropiar" las empresas colombianas
en el país.
El líder bolivariano pidió además a
sus ministros sustituir las importaciones provenientes de Colombia y estudiar la
posible cancelación de proyectos conjuntos, como un gasoducto binacional.
"Que se quede (en Bogotá) el funcionario de más bajo nivel (...); vamos a
congelar las relaciones y advierto: la próxima vez que haya una agresión" de
este tipo "romperemos las relaciones", manifestó durante la reunión de un consejo de ministros
transmitida parcialmente por la emisora VTV de la red estatal de televisión.
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, fue más allá al afirmar que esa
"campaña" contra Venezuela busca "justificar lo injustificable", en alusión al
acuerdo que Colombia negocia con Washington para permitir a EEUU el uso de
sus bases militares.
Lo "injustificable", según Maduro, "es la intención de instalar cuatro bases
militares, concesión de territorio suramericano colombiano a tropas
estadounidenses, con inmunidad (...) para traer armamento de guerra del más
sofisticado y peligroso (...) a esta Suramérica en paz".
Fue precisamente el acuerdo militar que Colombia negocia con EEUU el que llevó
al presidente venezolano, Hugo Chávez, a anunciar una "revisión integral" de las
relaciones con su vecino, al considerar ese convenio como una "amenaza".
La ecuación para los bolivarianos es
simple: A modo de una ampliación de la trama hondureña, los halcones USA
vuelven a utilizar a Colombia para provocar un conflicto con Venezuela y
apostar a un nuevo proceso de desestabilización del presidente Hugo Chávez.
La sombra de Honduras
El conflicto encubierto entre
"halcones" y "demócratas", ya detonó el golpe de Estado hondureño
contra Zelaya, y ahora parece proyectarse (como una extensión ampliada) en un
conflicto regional naciente entre el gobierno de Chávez y la administración de
Uribe.
Washington, por estas horas, es un caldo de cultivo de todo tipo de rumores y
versiones sobre el proceso hondureño, cuyas orientaciones y aprovechamiento
político nacen de operaciones diseñadas en los despachos de demócratas y republicanos
donde se decide (desde posturas enfrentadas) el destino de Zelaya y de los
golpistas.
En ese tablero, tanto Zelaya como
Chávez y los gobiernos de izquierda regionales, son variables de ajuste
de la guerra entre los lobbistas de Wall Street (que sostienen a Obama) y los
lobbistas del Pentágono y del Complejo Militar Industrial que sostienen el golpe de los "gorilettis".
Para los halcones conservadores, sostenes del gobierno golpista de Micheletti,
"Obama y el Departamento de Estado de EEUU se unieron a Chávez y sus
aliados para exigir que Zelaya sea restituido en el poder".
Curiosamente (y quizás no tanto),
mientras el Departamento de Estado "presiona" al gobierno golpista de Micheletti
por una "salida negociada" con Zelaya retornando al gobierno, Uribe lanza una
nueva acusación contra Chávez señalándolo como proveedor de armas al
"terrorismo" de las FARC.
El secretario general de la OEA
(Ministerio de Colonias de Washington) , José Miguel Insulza, le dio una
llamativa entidad al conflicto al anunciar miércoles que está
dispuesto a mediar en el nuevo enfrentamiento entre Colombia y Venezuela.
El titular de la OEA dijo estar muy
"preocupado" por la tensión que ha aumentado en las relaciones entre los dos
países latinoamericanos debido a revelaciones sobre supuestos vínculos de
Caracas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además, este recalentamiento
del conflicto andino ocurre poco después de que se revelara que Washington y
Bogotá están cerca de firmar un acuerdo que permitirá a militares
estadounidenses operar en al menos tres bases colombianas.
La semana pasada, el gobierno venezolano anunció que comprará tanques de guerra
a Rusia para duplicar su flota y proteger la frontera con Colombia.
Sin ninguna duda, una nueva escalada
regional Colombia-Venezuela resulta una invalorable "cortina de humo" para
congelar y dilatar una resolución del conflicto de Honduras que ya amenaza
con un desenlace interno del conflicto entre el Pentágono (que sintetiza la
postura golpista) y el Departamento de Estado (que resume la posición
negociadora de la administración Obama).
De cualquier manera, analistas
europeos y estadounidenses no dejan de sugerir posibles puntos de contacto entre
el nuevo frente de conflicto y una "hondurización" de las relaciones de Colombia
con Venezuela que podría distraer la atención del golpe contra Zelaya.
En las últimas horas el Departamento
de Estado presionó al gobierno golpista de Micheletti para que abra una
instancia negociadora con Zelaya que el Pentágono y los sectores
ultraconservadores rechazan.
En ese interin, los servicios
militares y el Departamento de Defensa colombiano "revelaron" que habían
secuestrado un número indeterminado de lanzacohetes antitanque en
campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que
podrían haber sido vendidos originalmente por un fabricante sueco al ejército de
Venezuela.
Como era de prever, Venezuela
reaccionó acusando a los "sectores reaccionarios" de la ultraderecha
estadounidense de utilizar la denuncia como argumento para una
militarización la región.
Y de nuevo Chávez, con distintos
adjetivos, señala a Uribe como un instrumento sumiso de las políticas
militaristas del Pentágono en la región.
Y hay una pregunta interesante que
siempre se formulan los expertos: ¿Quién controla Colombia, el Departamento de
Estado o el Pentágono?
Y no es una pregunta antojadiza y
descolgada: La propia prensa norteamericana (desde una toma de posición
editorial hacia uno y otro sector) revela a diario que hay una guerra interna
desatada entre el Pentágono (los halcones conservadores) y el Departamento
de Estado (la administración Obama) por el control y la resolución del conflicto
hondureño.
Y si se busca similitudes, Colombia,
en la realidad verificable (Plan Colombia), es el "gran portaaviones"
terrestre del Comando Sur en América del Sur, como lo es Honduras -en menor
escala- en América Central.
Colombia reviste un valor estratégico
de primer orden en el diseño del control geopolítico y militar de América
Latina, y cuando sucede algún conflicto dentro de sus fronteras, el último
que se entera es el Departamento de Estado, señalan los expertos.
En Colombia, tanto como en Honduras,
las fuerzas y los militares del Comando Sur se mueven y actúan como un
virtual ejército de ocupación encubierto. Los estados mayores del ejército,
la policía y los servicios de inteligencia colombianos se reportan "naturalmente
a los oficiales y operativos de inteligencia USA plantados como "asesores"
en los distintos niveles funcionales del Plan Colombia.
En los albores del Plan Colombia, en
1998, la administración Clinton lanzó la iniciativa asistiendo con
US$ 330 millones y 500 miembros de personal militar para entrenamiento de las
fuerzas armadas y policía colombianas. Estas sumas, así como la presencia de
personal militar y técnico, se fueron incrementando gradualmente.
En octubre del 2004, el Senado
estadounidense aprobó una "ley de compromiso", incrementando el número de
"asesores" militares (léase oficiales operativos del Comando Sur)
estadounidenses que podían operar en el país como parte del Plan Colombia.
En el 2001, el gobierno de
George W. Bush expandió el programa con una partida de US$ 676 millones, y hasta
el 2007, de los US$ 5.000 millones que EEUU aportó al Plan Colombia, unos US$
4.000 millones se utilizaron en el componente militar de la iniciativa.
Estas aportaciones convirtieron a Colombia en el tercer mayor receptor de ayuda
militar de los EEUU (puesto conservado hasta antes de las invasiones y
ocupaciones de Afganistán e Irak).
Estas sumas multimillonarias se extraen de los presupuestos anuales del
Departamento de Defensa de EEUU, y permite al Pentágono una ascendente
"militarización" de las relaciones con Colombia y una subordinación
creciente de sus fuerzas armadas a la estrategia regional de EEUU.
Esta realidad (de dependencia
financiera bélica), descripta y probada por una multitud de informes, pone de
relieve una ingerencia excesiva del Pentágono en los "asuntos internos" de
Colombia, por encima del Departamento de Estado y de su representación
diplomática.
Este "detalle", es de fundamental
importancia para la comprensión del proceso que se avecina en las relaciones de
Colombia con Venezuela, marcadas por una insólita (y novedosa) guerra por
"áreas de influencia" entre el Pentágono y el Departamento de Estado.
Y cuando el gobierno de Uribe,
rompiendo el status de convivencia acordado después de la crisis regional de
2008, acusa nuevamente a Chávez de armar al "terrorismo" de las
FARC, la sombra de Honduras empieza a posarse en América del Sur.
Y surgen sospechas fundadas de que
los halcones imperiales del Pentágono, saltando por encima de las decisiones
constitucionales de Obama y del Departamento de Estado, van por Chávez.
Lo que no debería sorprender a nadie:
Venezuela (en el decálogo del golpismo ultraconservador) es la
continuidad de Honduras por otras vías.
En materia de política regional, Uribe
y su gobierno no mueven un dedo sin una consulta previa con el Comando Sur, y
los bolivarianos lo saben.
En ese contexto, hay que leer los
acontecimientos que se avecinan en la borrosa frontera de convivencia
Colombia-Venezuela