Iraq es el estado más cleptocrático del mundo. Según cálculos de International Transparency, los únicos estados más encanallados que Iraq son Somalia y Myanmar, mientras que Haití y Afganistán le siguen a corta distancia. A diferencia de Iraq, que disfruta de cuantiosos ingresos petrolíferos, ninguno de esos países tiene mucho dinero que robar.

Los iraquíes se duelen de tener que pagar sobornos por casi todo, pero no se vislumbra qué puedan hacer al respecto. Tampoco se creerán que el gobierno se toma en serio sus proclamas de medidas drásticas contra la corrupción hasta que altos cargos sean condenados. La primera señal de que eso podría estar empezando a ocurrir llegó el mes pasado cuando el ex ministro de Comercio, Abdul Falah al-Sudani, fue detenido después de que el avión en que viajaba a Dubai fuera drásticamente obligado a volver a Bagdad en pleno vuelo. El ministro de Comercio es conocido en Iraq como “el ministro de la Corrupción”, porque administra los 6.000 millones de dólares del sistema de racionamiento de alimentos, lo que le da infinitas oportunidades de enriquecerse mediante el soborno de los proveedores o el envío de bienes caducados a las tiendas. El escándalo del ministro de Comercio se hizo célebre al disparar los guardaespaldas del señor al-Sudani en las oficinas del Ministerio cuando la policía fue a detener a diez cargos, que lograron escapar por una puerta trasera durante el tiroteo. En Bagdad circuló de teléfono a teléfono un vídeo en que aparecen cargos del Ministerio de Comercio retozándose con prostitutas en una fiesta.

La corrupción en la mayor parte de Iraq llega hasta el nivel más humilde y habitualmente implica que los más nimios obstáculos burocráticos sólo puedan ser superados con un soborno. Por ejemplo, hace algunos años el estado empezó a emitir nuevos pasaportes supuestamente más seguros. Pero en la medida en que el más rápido y a veces único modo de obtenerlo era el soborno, caso en que las preguntas eran escasas, los nuevos pasaportes son aun más inseguros que los precedentes. Lo mismo vale para otros documentos de identidad. Si no se pagan sobornos para agilizar tales operaciones, los funcionarios someten a sus víctimas a acoso burocrático hasta que pagan. No se trata sólo de que los iraquíes se opongan a pagar a los funcionarios, sino de que no están seguros hasta que lo hacen. Laila Amr es una joven ama de casa que se licenció en el Instituto de Formación del Profesorado en 2005, pero desde entonces no ha obtenido empleo alguno. “No me quise afiliar a ninguno de los partidos islámicos”, dice. “Y no quise pagar por un empleo y luego encontrarme con que las promesas no se cumplían y había pagado por nada.” Si se logra el empleo, el sobornador empieza a aceptar sobornos para recuperar el dinero por el soborno original.

Iraq ha ofrecido oportunidades extraordinarias para el fraude desde la caída de Saddam Hussein. La guerra creó suficiente confusión para distraer la atención del robo y dificultó la comprobación de lo que realmente pasaba. En un caso notorio, el Estado asignó 1.300 millones de dólares para la compra de armas, que fueron realizadas por el jefe de adquisiciones militares, Ziyad Cattan, un polaco-iraquí que otrora había dirigido una pizzería en las afueras de Bonn. El ministro de Defensa era Hazem al-Shalaan, que trabajó en Londres en la pequeña propiedad inmobiliaria durante los años noventa. El ejército iraquí recibió algo de equipamiento militar, además de algunos helicópteros soviéticos de Polonia construidos hace más de 28 años, demasiado viejos para volar, y vehículos de segunda mano considerados obsoletos por el ejército paquistaní.

La violencia en Iraq durante 2004 y 2007 hizo altamente peligrosa la comprobación de si los bienes adquiridos por el estado habían sido entregados o siquiera existían. Un caso que se investiga actualmente afecta a 600 millones de dólares en comida supuestamente enviada a Anbar y otras provincias suníes en un momento en que éstas estaban parcialmente controladas por los insurgentes, por lo que es posible que jamás llegara a las tiendas desde donde debía distribuirse para los necesitados consumidores.

Iraq no fue siempre corrupto. En la década de los setenta su administración era probablemente más eficiente y honesta que en la mayoría de países productores de petróleo. Fueron las secuelas de la invasión de Kuwait en 1990 lo que criminalizó a la sociedad iraquí. Las sanciones de la ONU impusieron un estrecho sitio y fueron diseñadas para alejar la renta petrolífera de la elite gobernante. Aplicadas durante más de 13 años destruyeron la sociedad y la economía. El estado carecía de dinero para pagar a sus empleados. La moneda se desplomó. Un profesor universitario se encontró con que sólo cobraba el equivalente a cinco dólares al mes y que no podía dimitir de su función pública. Conocí a uno, que se llamaba Jawad, que sólo consiguió retirarse falseando un ataque al corazón y pagando a los médicos para que le expidieran certificados que acreditaran que estaba a punto de morirse. Desde que el estado dejó de pagarles, los empleados públicos cobraron directamente a la población por cualquiera de los servicios que ofrecían. A pesar de que los funcionarios actualmente están bien pagados, este sistema sigue funcionando.

En la cúpula del estado, Saddam Hussein y sus lugartenientes encontraron rápidamente modos de burlar las sanciones en provecho propio. Controlaban el mercado negro. Uday, el hijo mayor de Saddam, cobró millones de dólares por los importadores de tabaco. Los agentes petrolíferos rusos relajaron los contratos que se les concedían, de modo que el dinero fue al gobierno de Bagdad y no a la ONU, tal y como se pretendía con el programa petróleo por alimentos. Los hombres que gestionaban ese mercado negro se percataron rápidamente de que podrían establecer el mismo tipo de relación con los gobiernos posSaddam. Ya estaba en su lugar una red criminal.

Como Iraq se había empobrecido por las sanciones en la década de los noventa, menudearon los atracos callejeros y robos. En un país que había registrado escasa delincuencia común los taxistas empezaron a llevar pistola. Para detener la violencia criminal el Estado empezó a amputar orejas y manos a los ladrones y a enseñar por televisión tales prácticas gore.

En 2003 millones de iraquíes empobrecidos tenían que hacer de todo para sobrevivir, incluyendo la delincuencia. Con la caída de Bagdad, tuvieron su oportunidad. Los beneficiarios del saqueo de Iraq fueron apodados al-hawasim o “los finalistas”, una alusión burlesca a la fanfarronada de Saddam según la cual la invasión estadounidense vería “la batalla final”. Robaron y, desde que vieron como ilegítimo y títere de los EEUU al gobierno impuesto por éstos, consideraron que tenían derecho a robar. Esta actitud no se ha desvanecido.

A medida que la violencia menguaba desde su cenit en 2006-07, las iraquíes se han vuelto más sensibles a la corrupción y el robo. Saben que muchos funcionarios y políticos poseen lujosas villas en Jordania y Egipto. La reconstrucción es dolorosamente lenta porque el dinero destinado a ella se esfuma. Muchas familias reaccionan a una situación relativamente carcelaria averiguando cómo pueden pagarse la libertad. Los partidos políticos utilizan los ministerios que controlan como fuente de saqueo y patrocinio.

Incluso los mejor conectados tienen que pagar. Uno de ellos, un opositor de toda la vida a Saddam Hussein, fue gravemente herido por disparos este mismo año. El hombre conocía a todo el mundo entre las filas de la cúpula del estado y se le prometió una pronta investigación. Tiene sólidas sospechas sobre quién pudo llevar a cabo el intento de asesinato, pero se encontró con que la policía y los jueces competentes actuaban muy lentamente. Sospechó alguna trama negra de sus enemigos políticos y consultó a su abogado. Éste se rió de sus sospechas. “No, hay una razón más simple de por qué la policía y el juez no hacen nada por encontrar a los pistoleros”, dijo. “Están esperando a que les soborne para iniciar la investigación.”