Ahora, a pesar de que el plan tuvo luz verde en la Cámara y está en camino al Senado, millones de latinos en Estados Unidos corren el riesgo de no acceder a los servicios de salud ofrecidos por la nueva legislación, advirtieron representantes de la comunidad hispana.

Mientras tanto, aquellos que se oponen a una reforma migratoria ejercen mayor presión sobre los legisladores para que se les niegue la cobertura sanitaria a los millones de inmigrantes indocumentados que residen en el país.

Salud para todos

A pesar de que han recibido con beneplácito algunas medidas que contiene el plan aprobado en la Cámara Baja, el liderazgo latino insiste en que se le ofrezca acceso a los servicios de salud a unos 4,2 millones de inmigrantes documentados que residen en Estados Unidos.

Además, abogan porque aquellos indocumentados que no tienen un seguro médico -unos 7,2 millones, según cálculos- puedann adquirirlo con sus propios recursos sin que se les cuestione su estatus migratorio.

Para que todos los hispanos en Estados Unidos puedan beneficiarse de mejores servicios de salud, los representantes de los latinos han pedido que se elimine una cláusula de la ley que requiere que los inmigrantes que obtienen su visa permanente esperen cinco años para poder ser incluidos en programas públicos como Medicare o Medicaid.

"Es que uno de cada tres latinos en Estados Unidos no tiene acceso a servicios de salud y muchos más no reciben atención médica de calidad", dijo a BBC Mundo Jennifer Ng'andu, directora de política de salud del Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que conformaron una plataforma hispana de apoyo a la reforma sanitaria.

Ng'andu afirmó que los hispanos figuran entre los que menos poseen un seguro médico, debido a su baja tasa de participación en el mercado laboral.

"Es a través del empleo que la mayoría de los estadounidenses obtienen su cobertura de salud", recordó la experta.

Aspectos positivos

La dirigente del NCLR destacó que el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes contiene aspectos positivos, ya que "una amplia mayoría de los ciudadanos estadounidenses y de los inmigrantes documentados podrán adquirir por su propia cuenta un seguro de salud asequible".

Sin embargo, "estamos preocupados porque en el proyecto no se ha integrado plenamente a los inmigrantes documentados y contiene varias debilidades que podrían impactar negativamente a la comunidad latina", añadió.

Esa incorporación de los indocumentados al servicio de salud es lo que desean impedir organizaciones como la Federación de Estadounidenses por la Reforma Migratoria (FAIR, por sus siglas en inglés).

A FAIR le preocupa lo que ha calificado de "laguna" en la norma, porque "el proceso de verificación del estatus migratorio en el nuevo proyecto tiene tantas fallas que los inmigrantes indocumentados podrán reclamar beneficios bajo este plan".

"Si persisten los intereses de estos poderosos grupos especiales, la versión final de una ley de reforma del sistema de salud será utilizada para transformar agresivamente las políticas migratorias de la misma manera en que fue utilizada para cambiar el propio sistema sanitario", dijo Dan Stein, presidente de FAIR.

Pequeñas empresas

Por otra parte, diez agrupaciones hispanas enviaron esta semana una carta conjunta al Congreso advirtiendo sobre el "demoledor impacto" que la legislación representa para las pequeñas empresas.

Las organizaciones dijeron estar preocupadas porque el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes "creará una mayor carga impositiva y exigencias gubernamentales injustas sobre las pequeñas compañías y las familias hispanas".

Héctor Barreto, presidente de la Coalición Latina, le dijo a BBC Mundo que está en desacuerdo con "muchas de las partes de la reforma que se aprobaron en la Cámara". "No creo que esa legislatura va a resolver los problemas que tenemos los hispanos", añadió.

Barreto resaltó que en Estados Unidos operan más de tres millones de pequeñas empresas de propiedad hispana, las cuales generan ganancias por más de US$400.000 millones cada año.

El dirigente comunitario abogó por que a las compañías y a los individuos se les permita adquirir seguros médicos "cruzando fronteras estatales, lo cual permitiría que sea más fácil y menos costoso para las pequeñas firmas brindar cobertura a los empleados".