La remuneración de los ejecutivos ha emergido, una vez más, como un tema importante en Washington. La semana pasada, el Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaron nuevas regulaciones diseñadas para supervisar y limitar el pago a los ejecutivos en miles de instituciones financieras. Esto es profundamente irónico, ya que los problemas son el resultado directo de anteriores intervenciones del gobierno.

Observando que los niveles de la remuneración ejecutiva habían recibido "escrutinio y críticas" negativas del público, la nueva ley apuntó a lo que llamó "remuneración excesiva de empleados". Hizo esto al limitar la capacidad de las empresas que cotizan en bolsa de deducir de los impuestos la remuneración ejecutiva para sus principales empleados a menos que el pago fuera en una forma que el Congreso considerara aceptable. Los sueldos eran malos. Las opciones sobre acciones tenían ventajas tributarias.

Específicamente, les prohibieron a las empresas por ley deducir como un gasto normal de negocios cualquier salario mayor a US$1 millón. Las opciones sobre acciones, no obstante, cumplían con los requisitos para ser deducidos de los impuestos corporativos sin limitaciones. En ese entonces se decía que las opciones sobre acciones, que son muy criticadas en la actualidad, estaban "basadas en el desempeño" y, por lo tanto, exentas de las nuevas reglas impositivas.

La nueva ley tributaria de inmediato provocó una revolución en la manera en que los presidentes ejecutivos y otros altos ejecutivos eran remunerados en EE.UU. Las acciones y las opciones sobre acciones se convirtieron en el componente dominante de los paquetes de remuneración ejecutiva.

El ímpetu por modificar las leyes de remuneración de ejecutivos en ese entonces era exactamente igual al de hoy. Los políticos querían pagar menos y cambiar el modelo de remuneración ejecutiva para "arreglar" la proclividad de los principales gerentes a la toma de riesgos.

En 1992, el gobierno pensaba que los gerentes eran demasiado reacios al riesgo. Las opciones sobre acciones eran consideradas la panacea universal para hacer que los gerentes actúen de forma más agresiva en el interés de los accionistas. En la actualidad, muchos en el Congreso culpan a los ejecutivos estadounidenses de causar la crisis financiera precisamente por una excesiva toma de riesgos. Lo que se olvidan de mencionar es que fue el jugueteo del mismo Congreso con el código tributario que dio origen a los paquetes de remuneración que incentivaban la toma de riesgo.

El presidente de la Fed, Ben Bernanke, afirmó la semana pasada que las "prácticas remunerativas en algunas organizaciones bancarias han llevado a incentivos desalineados y la excesiva toma de riesgo, lo que contribuyó a pérdidas bancarias y la inestabilidad financiera". Bernanke prometió que el gobierno "está trabajando para asegurar que los paquetes de remuneración aten de manera apropiada las recompensas al desempeño a largo plazo y no creen riesgos indebidos para la firma o el sistema financiero".

Otra interferencia del gobierno ha empeorado el problema de la remuneración ejecutiva aún más. Una estipulación de la ley tributaria de 1992 de que los ejecutivos alcancen ciertos puntos "objetivos" de desempeño para cumplir con los requisitos para el pago basado en los incentivos (deducibles de los impuestos). En el esfuerzo por establecer mediciones objetivas sobre las cuales basar el pago ejecutivo, "consultores de remuneración ejecutiva" de una industria informal surgieron como los arquitectos más importantes de planes de remuneración de ejecutivos.

Los consultores sobre remuneración prometieron diseñar programas de pago que hacían cosas como "estimular los comportamientos correctos" por parte de la gerencia empresarial, los que significó asumir más riesgos para maximizar a los accionistas. Los consultores pasaron a ser considerados esenciales para las juntas directivas que quisieran implementar las mediciones de desempeño apropiadas, y que cumplieran con los requisitos impositivos.

Los consultores más exitosos son los que pueden justificar los mayores aumentos salariales para los principales ejecutivos de las compañías que los contratan. Hace poco, investigadores de la Universidad del Sur de California (USC) hallaron que la remuneración mediana de un presidente ejecutivo es de US$1,5 millones en compañías que no utilizan consultores sobre pago ejecutivo, US$3 millones en compañías que compran datos de sondeo generales de tales consultores pero que no los retienen directamente, y US$4,2 millones en empresas que retienen a los consultores.

Algunas empresas usan varios consultores. El estudio de USC halló que cuantos más consultores contrataba una compañía, más les pagaba a sus principales ejecutivos. Cerca de un cuarto de las empresas de Fortune 250 contratan a múltiples consultores de remuneración.

El inversionista activista Carl Icahn resumió la situación bien cuando observó hace poco en su sitio Web que "el uso de estos consultores de remuneración les da tanto a las juntas como a los presidentes ejecutivos la apariencia de legitimidad para sus decisiones de otorgar enormes paquetes de pago a presidentes ejecutivos mediocres, al hacer que estas decisiones parezcan objetivas y científicas, lo que absolutamente no son".

El gobierno también trató de regular la remuneración ejecutiva al requerir una mayor revelación de los detalles de los planes de remuneración. De forma perversa, esto también ha contribuido a un incremento del pago ejecutivo.

¿Cómo? Ninguna junta directiva que se respete a sí misma está dispuesta a admitir que el presidente ejecutivo de su compañía es inferior al promedio. Por lo tanto, siempre que nuevas revelaciones indican que el pago de un ejecutivo está por debajo del promedio de cualquier forma, se ordena un aumento.

Desde principios de los años 90, la regulación gubernamental de la remuneración ejecutiva ha alentado una mayor volatilidad de los precios de las acciones y la toma de riesgo por parte de ejecutivos de empresas estadounidenses y llevado directamente a niveles de pago ejecutivo más altos, en vez de más bajos. De todas maneras, el gobierno del presidente Barack Obama ahora busca un papel aún mayor en la supervisión y regulación de la remuneración ejecutiva.

En junio, Gene Sperling, un alto asesor del secretario del Departamento del Tesoro, Tim Geithner, afirmó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que "nuestra meta es ayudar a asegurar que haya un alineamiento mucho más cercano entre la remuneración, una sólida gestión de riesgos y la creación de valor a largo plazo para las empresas y la economía en general".

Esto es precisamente lo que los reguladores nos dijeron en 1992. Las actuales propuestas sin dudas resultarán en porcentajes aún más altos de remuneración ejecutiva que provengan de acciones y estratagemas de opciones en lugar de sueldos. La historia enseña que las consecuencias más profundas de la nueva regulación de la remuneración serán imprevistas. También enseña que por mal que haya funcionado el manejo privado en su intento de corregir la remuneración ejecutiva, los resultados de la planificación central han sido aún peores.