El plan contempla una sociedad entre Fiat y el sindicato de trabajadoresUnited Auto Workers (UAW), una de las estructuras de propiedad más peculiares en la tortuosa historia de Chrysler. La medida podría allanar el camino para General Motors Corp., cuyo plazo dado por el gobierno para reorganizarse vence en un mes.

La decisión de frenar con un proceso de bancarrota el prolongado declive de Chrysler, que hizo popular los Jeep y las minivans, marca la última de una serie de intervenciones gubernamentales extraordinarias en la economía de Estados Unidos. En meses anteriores, Washington se hizo con participaciones en bancos en problemas y en el gigante de seguros American International Group Inc.

Con la medida, el gobierno demostró su férrea voluntad de proteger los empleos de los miembros del sindicato UAW y a salvar al tercer fabricante de automóviles de EE.UU., aunque eso perjudique a los acreedores no asegurados de Chrysler.

Críticos dentro del grupo de acreedores dijeron que el acuerdo dejaría por el suelo prácticas establecidas del proceso de bancarrota, al darle prioridad a los acreedores secundarios sobre los asegurados.

El inicio del proceso de bancarrota en una corte de Nueva York representó el fin de meses de enfrentamientos que empezaron el año pasado cuando Chrysler y General Motors Corp. le pidieron al gobierno estadounidense un paquete de rescate. Esto finalizó con un acuerdo para que Fiat asuma el control de Chrysler, un nuevo pacto sindical que cubre a unos 150.000 trabajadores y jubilados y un polémico intercambio de deuda por efectivo.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. contribuirá con US$3.300 millones en fondos para pagar las cuentas de Chrysler durante el proceso de bancarrota, US$2.000 millones de los cuales se usarán para pagarles a los acreedores. El gobierno está preparado para inyectar US$4.760 millones adicionales para que la automotriz siga operando durante los próximos meses. Este monto se suma a los US$4.000 millones que el gobierno ya le ha prestado a la compañía en meses recientes, una deuda que será perdonada como parte de las negociaciones con el sindicato y los acreedores.

El anuncio fue una victoria no muy clara para el presidente Obama, quien en un discurso ayer tuvo que explicar por qué planeaba salvar a Chrysler y sus empleados, obligándola a declararse en bancarrota. Una sociedad con Fiat, dijo, le daría ahora a Chrysler no sólo "una oportunidad de sobrevivir, sino de prosperar en el marco de la industria automotriz global".

Desde hace tiempo que el equipo de Obama había identificado las ventajas de hacer desaparecer los pasivos más onerosos de Chrysler a través de un procedimiento de bancarrota. Fiat ahora puede elegir las operaciones y los negocios que quiera y deshacerse con mayor facilidad de cientos de acuerdos con concesionarios y otras obligaciones.

A la vez, en una nueva muestra de las fuertes tensiones entre Washington y Wall Street, el presidente y sus asesores culparon de lleno por la solicitud de bancarrota a un grupo de unas 20 pequeñas firmas de inversión y fondos de cobertura. Este grupo votó contra la última oferta del gobierno para eliminar US$6.900 millones en deuda.

"Decidieron esperar que surgiera la posibilidad de un rescate injustificado con fondos de los contribuyentes", acusó Obama. El legislador demócrata John Dingell calificó a los acreedores que se negaron a canjear la deuda como "fondos de cobertura deshonestos" y "buitres", y afirmó que "ahora se lidiará con ellos como corresponda en la corte".

Los más sumisos entre los grandes acreedores de Chrysler —entre ellos J.P. Morgan Chase & Co. y Citigroup Inc.— han recibido cientos de miles de millones de dólares en ayuda del Tesoro.

Fiat no contribuirá con dinero. Se ha comprometido con lo que ha caracterizado como miles de millones de dólares en nuevas tecnologías y plataformas para nuevos vehículos.

Los bancos más pequeños representan cierta amenaza al proceso de reestructuración de Chrysler, que más allá de eso podría ser relativamente tranquilo, según abogados y banqueros involucrados en el caso. Estos probablemente argumenten en la corte que EE.UU. está pasando por alto leyes contractuales y de bancarrota, además de protecciones constitucionales contra la confiscación de la propiedad privada.

El gobierno estadounidense ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene planes de administrar Chrysler ni de dictar su plan de negocios. Pero su rol central en el futuro de la empresa ha llevado al gobierno a participar en una empresa privada de una forma que no se veía desde hacía décadas.