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NORTEAMERICA |
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El Gobierno de EEUU ha interceptado e-mails
y llamadas telefónicas por encima del límite legal, según el "NYT" |
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(IAR
Noticias)
17-Abril-09
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La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos ha interceptado en
los últimos meses e-mails y llamadas de teléfono por encima de los límites
permitidos por el Congreso norteamericano y contemplados en la normativa
aprobada el año pasado, según fuentes de inteligencia consultadas por el diario
"The New York Times".
IAR
Noticias
/
Europa Press
L as diversas fuentes consultadas difieren, sin embargo, en el cometido de
estas incursiones en el ámbito privado de los estadounidenses, ya que mientras
unas las califican de sistémicas y significativas, otras las consideran
involuntarias.
El Departamento de Justicia se limitó a asegurar que desconocía estas
prácticas y a aclarar que, en cualquier caso, las analizaría para resolver
cualquier incorrección. No obstante, el 'New York Times' señaló que
representantes del Gobierno se han reunido en las últimas semanas para tratar
las controversias detectadas y evitar que los errores, intencionados o no,
puedan dañar la imagen de los servicios de inteligencia y de la administración
comandada por Barack Obama.
La NSA aclaró ayer por la noche (madrugada en España), en un comunicado, que
sus programas respetan "estrictamente" las leyes y regulaciones estadounidenses.
"Cuando se cometen errores involuntarios, nos los tomamos muy en serio y
trabajamos inmediatamente para corregirlos", afirmó la agencia en su nota.
Ruptura con Bush
Las fuentes denunciaron que la vigilancia sin garantías de llamadas y correos
electrónicos no implica necesariamente la escucha o lectura de estas
comunicaciones, sino la simple interceptación. Al parecer los objetivos de estas
acciones fueron estadounidenses que se comunicaban con objetivos de la NSA en el
extranjero.
El Congreso estadounidense revisó las políticas de vigilancia el año pasado
en respuesta a la polémica despertada por los sistemas utilizados durante el
Gobierno de George W. Bush. La anterior administración mantenía la "guerra
contra el terrorismo" por bandera para defender unas políticas iniciadas tras el
11-S y que asociaciones tanto de dentro como de fuera de Estados Unidos
denunciaron por suponer una violación de la intimidad.
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