Lo que Obama exige a GM es imponga una enérgica reducción del plantel, de los salarios y de las prestaciones sociales de sus obreros; una rebaja sustancial de los precios de los autopartistas; y una quita de la deuda con sus acreedores acompañada de propuestas de canje de préstamos impagos por acciones. Es lo que plantearía un juez de quiebras en el caso de que GM se viera obligada a declararse en bancarrota. Para Obama, sin embargo, se juega algo más: se juega la viabilidad de su plan para que un fondo público-privado compre los activos invendibles de los bancos para pagar con su resultado a los acreedores. Por ahora no hay señales de que los bancos quieran malvender esos activos, ni de que los privados quieran comprarlos por encima del precio de remate al que se cotizan en el mercado. Si no disciplina a los actores de la crisis de GM, corre el riesgo de que se caiga su plan bancario.

Lo mismo ha planteado para Chrysler, con el añadido de un acuerdo para que Fiat ingrese en su capital, en forma minoritaria, y venda autos pequeños en el mercado norteamericano. La idea es juntar los fondos que ingresen por esta asociación para apurar un acuerdo con obreros, proveedores y bonistas.

Como también ocurre con los bancos, Obama habría amenazado a GM y a sus acreedores con la creación de una GM ‘mala', que se haría cargo de liquidar las deudas con el dinero disponible, y otra ‘buena', que funcionaría con capital fresco. De concretarse, formalizaría la bancarrota de los acreedores de los bancos y empresas en bancarrota.

La presión que ejerce Obama para que los capitalistas se repartan ‘equitativamente' las quiebras, están condenadas al fracaso. La razón es que cosas semejantes solamente se arreglan en función del poder de las fuerzas en disputa, o sea mediante choques y crisis. Por eso, muchos observadores adelantan que Obama podría sufrir una crisis en política en su gabinete económico, a corto plazo, y una crisis política de su gobierno, en un plazo mayor.

La capacidad de los gobiernos de sustituir a los capitalistas en la determinación del rescate del capitalismo en crisis, depende de esas relaciones de fuerza entre los capitalistas en disputa y del régimen político existente. Un arbitraje de la crisis mediante la sustitución de los capitalistas por los funcionarios del Estado, obligaría a cambiar el régimen político. Fue lo que ocurrió con los fascismos europeos en el 30, cuya estatización fue de todos modos extremadamente parcial. Por eso señalamos en este periódico, hace varios meses, que luego de una larga campaña mediática de los gobiernos norteamericanos para promover la democracia en China, una estatización en Estados Unidos, que siempre será limitada y parcial, plantearía la instalación de un régimen como el del partido comunista chino en Washington; es decir, el fascismo.