egisladores como el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus,
propusieron un gravamen especial sobre las llamadas primas de retención
repartidas a 73 empleados en la subsidiaria de productos financieros de AIG.
Entre los que recibieron los fondos se encuentran 11 personas que ya no trabajan
en la empresa. Al cierre de esta edición, los detalles diferían, pero una idea
es cobrar una tasa impositiva de entre 90% y 95%. El resto de los pagos estaría
sujeto a gravámenes estatales y locales. Algunos consideran la medida como una
forma de presionar a los ejecutivos a que renuncien voluntariamente a las
bonificaciones.
AIG ha recibido US$173.000 millones en ayuda estatal y el gobierno
estadounidense es propietario del 80% de la firma. "Trataremos de hacer todo lo
que esté a nuestro alcance para prevenir que se hagan los pagos y para recuperar
el dinero que ya ha sido desembolsado", dijo el senador demócrata del estado de
Nueva York, Charles Schumer.
El senador Schumer y otros parlamentarios enviaron una carta al presidente de
la junta directiva de AIG, Edward Liddy, exigiendo que trate de renegociar las
bonificaciones. "Para una empresa que no existiría de no ser por el rescate de
US$170.000 millones financiado por los contribuyentes, es simplemente
inaceptable desde el punto de vista moral gastar US$165 millones en el pago de
bonificaciones", dijo la misiva.
El gobierno, por su parte, evalúa el uso de una cláusula del paquete de
estímulo recientemente aprobado por el Congreso que le permitiría al secretario
del Tesoro recuperar los pagos en caso de que fueran "inconsistentes con el
propósito" del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP) o que
estuvieran reñidas "con el interés público", dicen fuentes cercanas.
Los pagos han desatado una tormenta política para la Casa Blanca. El
presidente Barack Obama sabía que tenía pocas facultades para impedir que los
empleados de AIG recibieran los US$165 millones, a pesar de que prometió antes
las cámaras de televisión el lunes "bloquear estas bonificaciones", señalan
funcionarios del gobierno.
Al final del día, la Casa Blanca reconoció que sus opciones eran limitadas.
Su respuesta amenaza la agenda económica del gobierno estadounidense, en
especial su capacidad para obtener nuevos fondos del Congreso para financiar
paquetes de rescate.
AIG se ha transformado en un potente símbolo de los rescates que han pasado a
definir la política estadounidense. El lunes, los legisladores recibieron miles de
llamadas y correos electrónicos acerca de las bonificaciones otorgadas a
ejecutivos de la división que provocó el cuasi colapso de la aseguradora.
En una serie de acusaciones, un funcionario de la Casa Blanca esencialmente
culpó al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que ha tenido un papel
preponderante en el rescate de AIG, por no haber informado al gobierno antes
sobre los pagos. Agregó que el Tesoro desde hace mucho había pedido una lista de
los pagos que se les debía a ejecutivos de AIG y otras firmas que recibieron
fondos estatales, pero recibió la información recién el martes de la semana
pasada. Ya era demasiado tarde para tomar una medida efectiva, aseveró.
Los planes para hacer los pagos fueron ampliamente divulgados en enero y
algunas personas al interior de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro
estaban al tanto, manifestaron fuentes cercanas. El Secretario del Tesoro,
Timothy Geithner, quien previamente dirigió la Fed de Nueva York, se abstuvo de
participar en los asuntos de AIG a finales de noviembre luego de saber que sería
nominado como secretario del Tesoro de Obama.
Aunque el gobierno controla AIG a través de una participación de 80% y en su
calidad de prestamista principal, no tiene autoridad legal para frenar los pagos
por su cuenta. Estados Unidos ha inyectado US$173.300 millones en AIG,
incluyendo US$70.000 millones del fondo de rescate del Departamento del Tesoro.
La división de productos financieros de AIG, creada en 1987, vendía contratos
que aseguraban a los inversionistas contra una serie de riesgos, aprovechando
que la deuda de la empresa tenía una calificación de triple A, la más alta. En
2007, la filial incurrió en una pérdida operativa de US$10.600 millones.
Los paquetes de retención estaban ligados a los niveles de salariales de
2007, según documentos de la empresa.Una portavoz de AIG se limitó a señalar que
en la carta que Liddy le envió a Geithner el sábado, el ejecutivo expresó que
encuentra que los pagos son "de mal gusto".