Analistas y
defensores de los derechos humanos condenaron los esfuerzos de
Estados Unidos para obstaculizar una acción contra Israel y Hamás
(acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica) por los
crímenes de guerra cometidos durante el último conflicto en Gaza.
Por Thalif Deen - IPS
El presidente del Movimiento de Países No
Alineados, de 118 miembros, el egipcio Maged Abdelaziz, instó al
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
a "considerar seriamente y actuar de acuerdo con las
recomendaciones" del informe presentado el mes pasado por la Misión
de Investigación de las Naciones Unidas para el Conflicto de Gaza,
dirigida por el juez sudafricano Richard Goldstone.
Pero el gobierno del presidente Barack Obama insiste en que las
acusaciones del reporte deberían ser estudiadas por el Consejo de
Derechos Humanos, con sede en Ginebra. Este jueves, ese órgano de la
ONU se reúne para analizar el informe.
A pesar de las reservas de naciones occidentales, el Consejo de
Seguridad aceptó realizar una reunión especial el miércoles sobre
Medio Oriente, encuentro que le dio a los estados miembros la
oportunidad de discutir el Informe Goldstone y concentrarse en las
graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto
de Gaza entre el 27 de diciembre y el 18 de enero tanto por Israel
como por Hamás.
"Que el presidente Obama reciba el premio Nobel de la Paz después de
no haber hablado durante la guerra en Gaza, y después de la
protección de su gobierno a un estado que ha cometido crímenes de
guerra, es una abominación", dijo a IPS el presidente del
independiente Centro para los Derechos Constitucionales, Michael
Ratner.
El número de palestinos fallecidos en el conflicto se estima entre
1.387 y 1.417, la mayoría civiles, mientras que del lado israelí
hubo cuatro civiles muertos en el sur de Israel y nueve soldados
caídos en combate en Gaza, cuatro de ellos por fuego amigo.
Ratner dijo que uno debería esperar que Estados Unidos no bloqueara
el envío del informe a la Corte Penal Internacional (CPI) para que
ese tribunal con sede en La Haya realice una investigación.
"Tristemente, su conducta en el Consejo de Derechos Humanos, donde
calificó de defectuoso el Informe Goldstone, muestra que seguirá
haciendo todo lo que esté a su alcance para sepultar cualquier
investigación sobre los crímenes de guerra" cometidos en Gaza,
añadió.
De esta manera, Washington le está dando a Israel luz verde para que
siga cometiendo atrocidades, sostuvo Ratner, y no llevar el caso a
la CPI socavaría cualquier reclamo para que la ley se aplique
igualmente a israelíes y palestinos, sostuvo.
"El hecho de que Estados Unidos haya atacado el informe, autorizado
por el juez Goldstone, uno de los juristas más preeminentes del
mundo, demuestra que está dispuesto a rebajar tanto la ley como a un
respetado jurista en su esfuerzo por proteger a un estado cliente, a
pesar de sus crímenes", añadió.
El Informe Goldstone recomendó al Consejo de Seguridad de la ONU que
obligara a Israel a que presente, en los próximos seis meses, un
reporte sobre las investigaciones y procesos legales que haya
realizado sobre las violaciones a los derechos humanos denunciadas.
Durante la implacable acción militar israelí sobre Gaza, llamada
Operación Plomo Fundido, fueron destruidas casas, fábricas, pozos de
agua, escuelas, hospitales, estaciones de policía y otros edificios
públicos. El informe también recomendó al Consejo de Seguridad que
creara su propio grupo de expertos independientes para seguir de
cerca los avances de las investigaciones y procesos legales
israelíes.
"Si los reportes de los expertos no indican dentro de seis meses que
se están llevando adelante procedimientos independientes de buena
fe, el Consejo de Seguridad debería llevar el caso de Gaza al CPI",
propuso Goldstone.
El informe también recomendó que el mismo grupo de expertos
informara al Consejo de Seguridad sobre procesos llevados a cabo por
las autoridades de Gaza respecto de los crímenes cometidos por Hamás.
No obstante, las imputaciones más duras del informe no son contra
Hamás, sino contra Israel, acusado de imponer un bloqueo sobre Gaza,
"lo que equivale a un castigo colectivo" como parte de una "política
sistemática de asilamiento progresivo y privaciones" contra la
población palestina en ese territorio. Stephen Zunes, profesor de
política y estudios internacionales en la Universidad de San
Francisco, dijo a IPS que la administración de Obama y los líderes
del Congreso legislativo, tanto del gobernante Partido Demócrata
como del opositor Partido Republicano, parecen continuar la política
del gobierno de George W. Bush (2001-2009) de ignorar y condenar a
aquellos que tienen el valor de reportar violaciones al derecho
internacional por parte de Washington.
"Están particularmente preocupados porque el caso derive en la CPI,
donde los palestinos e israelíes culpables de crímenes de guerra
podrían ser juzgados", añadió.
El gobierno de Obama parece decidido a concederle impunidad a esos
criminales de guerra, dijo Zunes, quien preside el Programa de
Estudios sobre Medio Oriente.
Zunes señaló que, aunque la embajadora estadounidense Susan Rice
había señalado hace apenas unos meses durante un debate en la ONU
sobre Darfur que las acusaciones de crímenes de guerra nunca debían
ser sacrificadas por razones políticas, ahora afirma que hacerlo en
el caso de Gaza contribuiría con el proceso de paz. "Es irónico que
la administración de Obama insista en que el tema siga confinado al
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha sido en varias
ocasiones calificado de anti-israelí", afirmó.
Funcionarios estadounidenses reconocen que si el caso es asumido por
el Consejo de Seguridad, como recomendó Goldstone, se generaría un
debate sobre las violaciones al derecho internacional de un aliado
clave de la Casa Blanca en un órgano que, a diferencia del Consejo
de Derechos Humanos, tiene mecanismos vinculantes.
"También permitiría una mayor exposición mediática de los crímenes
de guerra israelíes, la gran parte de los cuales fueron cometidos
usando sistemas de armas y artillería de Estados Unidos", indicó.
Yvonne Terlingen, representante de Amnistía Internacional en la ONU,
llamó a promover la creación de un comité independiente de expertos
en derecho humanitario internacional y leyes de derechos humanos
para seguir de cerca el caso y reportar los hallazgos.
Tal informe debería realizarse en un estricto marco de tiempo y ser
presentado ante el Consejo de Seguridad y otros organismos de la
ONU, incluyendo las medidas legales internas y otras tomadas por
Israel y las autoridades en Gaza para asumir su responsabilidad por
las violaciones a los derechos humanos en el conflicto.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos, a instancias de
los palestinos, decidió aplazar la redacción de una resolución que
habría adoptado las recomendaciones del Informe Goldstone.
Se esperaba que esa resolución fuera aprobada durante las próximas
sesiones del Consejo, en marzo de 2010.
Pero el aplazamiento causó tal alboroto político que obligó a los
palestinos a hacer un giro drástico: apoyar la reunión del Consejo
de Seguridad el miércoles y también una sesión especial del Consejo
de Derechos Humanos este jueves para discutir el Informe Goldstone.
Sarah Leah Whitson, director para Medio Oriente de la organización
Human Rights Watch, dijo que la falta de apoyo de Estados Unidos y
de los países europeos al Informe Goldstone en el Consejo de
Derechos Humanos "envió el terrible mensaje de que las graves
violaciones a las leyes de la guerra por países aliados son
toleradas".
En su discurso el miércoles en el Consejo de Seguridad, el embajador
estadounidense Alejandro Wolff señaló que su gobierno "tenía serias
preocupaciones por el informe, su desequilibrado enfoque sobre
Israel, el amplio alcance de sus recomendaciones y sus drásticas
conclusiones".
No obstante, "tomamos seriamente las denuncias incluidas" en el
reporte, aclaró.
"Israel tiene las instituciones y la capacidad de realizar serias
investigaciones sobre estas denuncias, y lo estimulamos a que lo
haga", añadió.
Pero también señaló que Hamás "es una organización terrorista sin la
capacidad ni la disposición a examinar sus violaciones a los
derechos humanos".