Sin embargo, Andreu rechazó en un escrito la recomendación, argumentando que no había encontrado evidencia alguna de que las autoridades israelíes estuvieran estudiando lo ocurrido.

"En el caso que nos ocupa", dijo el juez, "no ha existido, ni existe en Israel ningún procedimiento judicial dirigido a la investigación de los hechos denunciados".

Mientras el gobierno de Israel calificó la decisión de "ridícula", el grupo palestino que redactó la denuncia aseguró que se trata de una "gran victoria".

Andreu decidió abrir el caso en enero, tras aceptar una demanda de familiares de las víctimas presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos.

El juez explicó que los siete ciudadanos israelíes _ entre los que se encuentra Benjamín Ben-Eliezer, ministro de Defensa cuando tuvo lugar el bombardeo _ se enfrentan a un posible cargo de delito de crímenes contra la humanidad y precisó que actúa bajo la doctrina que permite a España investigar casos de esta naturaleza, incluso si se han cometido fuera de sus fronteras.

Andreu dijo que el ataque de Israel en julio de 2002 pretendía acabar con la vida de Salah Shehadeh, considerado en aquel momento como uno de los comandantes de Hamas.

Según el juez, una bomba potente lanzada por el ejército israelí alcanzó de lleno la casa de Shehadeh, quien falleció en el acto, y afectó a uno de los barrios más habitados de la Franja de Gaza. Otras 14 personas perdieron la vida a consecuencia del bombardeo, nueve de ellos menores.

Andreu aseguró que los hechos podrían constituir un delito de crímenes contra la humanidad por tratarse de un ataque contra la población civil "claramente desproporcionado y excesivo".

No obstante, el gobierno de Israel volvió a expresar el lunes su malestar con los tribunales españoles por no cerrar el proceso definitivamente.

El portavoz del Ministerio israelí de Exteriores, Yigal Palmor, explicó a AP que todo este procedemiento es ridículo.

"(La decisión) es incosistente con las leyes internacionales. Esto es una maniobra puramente política que desacredita el sistema judicial español", dijo.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Ehud Barak, señaló que tiene intención de hablar con el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero si hace falta para, dijo, revocar esta "malévola decisión".

"No hay un ejército más ético que las Fuerzas Armadas de Israel", afirmó ante un grupo de periodistas. "No tengo ninguna duda de que aquellos que actuaron para alcanzar a Sheahadeh lo hicieron con la cabeza puesta en un sólo objetivo: proteger a la población israelí".

Por su parte, Raji Sourani, director del Centro Palestino para los Derechos Humanos en la Franja de Gaza, consideró que la investigación es un primer paso para hacer justicia.

"Celebramos esta decisión como el primer paso hacia la justicia para los supervivientes de esta operación de ejecución ilegal masiva perpetrada por las fuerzas de ocupación israelíes. Es una gran victoria", subrayó.

Hace unos meses, el canciller español Miguel Angel Moratinos anunció que el gobierno podría reformar la ley para que los tribunales sólo pudieran investigar casos de justicia universal en los que hubiera víctimas españolas.

Hasta el momento, no se ha tramitado ninguna norma para aprobar estos cambios.