Por Bruno Lima Rocha (*) - Barómetro Internacional

En el Gran Río, que sobrepasa los 10 millones de habitantes, se vive una situación cotidiana de no-gobierno, en espacios geográficos donde el Estado entra sólo en forma negociada o a la fuerza. Tal como afirman la mayoría de los especialistas y reporteros de las páginas policiales, derrumbar un helicóptero implica un aumento de escala y no de la naturaleza del conflicto. Veamos.
 
Breve retrospectiva de la historia que se repite
 
La invasión de morros dominados por redes de pandillas rivales, que los medios corporativos insisten en llamar con el eufemismo de “facciones criminales” (como si eso resolviera algo) es una costumbre en la ciudad. Desde el final de los años ’70, dos redes de pandillas se organizan por lazos de coacción y coerción de dentro del sistema penal y llevan sus lealtades y asociaciones a los morros de la ciudad. Las más conocidas, el Comando Rojo (CV) y su eterno rival, Tercer Comando (TC), ya se escindieron en decenas de fracturas, cuya rama más conocida es la facción “Amigos de los Amigos” (ADA). En el inicio de los años 2000, la acción de para-policiales evolucionó en forma organizada y con el beneplácito de las fuerzas del “orden” (protagonizadas por el Comando Azul, el color del uniforme de la PMERJ), Se instauró el régimen de “milicias” (para desgracia de los milicianos de la Revolución Española de entre otras formaciones de tipo pueblo en armas), dominando áreas de comunidad de la  favela.
 
El uso de camiones-flete, aplicando tácticas de tipo “caballo de Troya” es empleado desde la guerra en el Complejo de la Marea (conjunto de 13 favelas, de más de 100 mil personas, localizado al lado de los trechos tomados a la Bahía de Guanabara, al lado del aeropuerto internacional), entre 1999 y 2000, cuando veteranos de la guerra civil angolesa operaron al servicio de la pandilla TC contra una de las bandas del Comando Rojo. El desvío de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas (FFAA) es otra constante, una vez que Río sigue concentrando cuarteles militares y absorbiendo en ancha escala la mano de obra temporal de jóvenes en edad de servicio militar obligatorio. Al ser dispensados de las FFAA como reserva no-remunerada, algunos tienen un nivel técnico profesional, sirviendo en unidades operacionales como la Peleada de Infantería Paracaidista (BPqd). Al salir de la caserna, muchos son empleados como soldados del narcotráfico. Por distintos motivos, Río sigue siendo un centro militar de peso, aunque la zona deflagrada para control de fronteras no esté en la antigua capital. ¿Qué genera ese absurdo? La costumbre de militarizar la ciudad, en convivencia de vecinos entre cuarteles y locales bajo otros mandos que no son los del Estado de Derecho del régimen de democracia liberal burguesa. Los efectos de tamaño desvarío se notan en la presencia de armas de grueso calibre en manos de menores de edad, con poca o ninguna escolaridad y mínima expectativa de vida.
 
Ya el pasaje de caravanas de hombres armados en una ciudad como esa, revela algo de mayor profundidad. Con la tecnología de GPS, la instalación de radares y los agrupamientos tácticos móviles, es prácticamente imposible que los “tranvías” no sean notados. Los “tranvías” son formados por caravanas de automóviles, camionetas y hasta camiones-flete (del tipo camiones de cambio de larga distancia) No se puede afirmar de forma irresponsable que hubo  complicidad en la tentativa de invasión del último fin de semana (sábado día 17 y domingo 18 de octubre), pero si hubo como mínimo, negligencia. 150 hombres armados no transitan en la segunda ciudad más importante de la 11ª economía del mundo sin ser notados por los profesionales de la seguridad pública. Ahí hay un problema de fondo, incluyendo el aprovechamiento político de las operaciones policiales y la fragmentación de las fuerzas de seguridad, tanto o más responsables por la guerra de favelas que las redes de pandillas que los medios corporativos insisten –equivocadamente– en denominar “crimen organizado”.
 
Raíces del problema
 
No es por falta de militarización que la ciudad vive bajo pánico. Hay militares de sobra, comenzando por el absurdo de tener como policía ostensiva a una fuerza descendiente del Guardia Real de Policía (nacida en 1809) y cuya obra magistral fuera despejar a los habitantes de Río para alojar a los que salieron disparados (miembros de la familia real portuguesa que cruzaron el Atlántico corriendo de miedo ante la invasión de la Francia napoleónica). En el Brasil, vivimos bajo el segundo absurdo de tener a la policía judicial (la Civil) coexistiendo con una fuerza castrense con patentes y jerarquías semejantes a la infantería del Ejército. Esto tiene que resultar errado, porque está hecho para crear injusticia y violencia estatal.
 
La convivencia e influencia de militares profesionales y conscriptos con el universo policial y el de los bandidos, suministra la representación ideológica que motivará a la carne de cañón que usa uniforme. No por casualidad, el famoso y temido Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la PMERJ realiza sus primeros entrenamientos dentro de la unidad de los Toneleros, batallón de élite de la Fuerza de Fusileros de Escuadra del Cuerpo de Fusileros Navales. En ocasiones recientes, llegaron a ensayar el empleo ostensivo y permanente de la BPqd para la seguridad en Río. El desastre sólo iría a aumentar.
 
Siendo directo, la verdad es que tanto la capital como su Región Metropolitana viven un estado cotidiano de guerra civil, motivada por el control clásico de territorio, lo que incluye a su población, sus recursos y su propio terreno. El descalabro viene de antes, de la década del ’50, cuando los esfuerzos de urbanización no tuvieron en cuenta a los habitantes de los morros. Los morros, nacen a finales del siglo XIX y aumentan su población con los despejos masivos de conventillos y cuyo ápice fue la Revuelta de la Vacuna (1904). Durante el periodo de la dictadura militar (1964-1985) nada se hizo para mejorar las condiciones de vida de aquellos que sobrevivían en condiciones precarias –con desempleo estructural- y con una forma de vida razonablemente autónoma del Estado en sus distinguidos regímenes. Y, para desesperación colectiva, la situación de control territorial por parte de pandillas organizadas en torno a la baja economía del tráfico ¡se agrava desde 1983!  En mi parecer, esta es la raíz de todos los problemas de orden público de la “Ciudad Maravillosa”.
 
Entre la guerra urbana y la lucha por derechos civiles básicos
 
José Mariano Beltrame es delegado de la Policía Federal (órgano de elite, civil e investigativo) y actual Secretario de Seguridad del Estado de Río. Correctamente, como manda el manual de la Escuela Superior de Guerra y otros libros-base, quiere recuperar la soberanía estatal sobre manchas de territorio urbano. El problema es de legitimidad, una vez que el derecho colectivo no es respetado por los agentes que deberían ejercerlo. Me explico: Si un habitante de favela llama el número 190 (discado de emergencia en Brasil) y llama el auxilio policial para proteger su integridad física, es casi imposible que un vehículo oficial suba el morro en su auxilio. A la vez, en la zona sur carioca –área del metro cuadrado más caro del país- la presencia de policiales ostensivos es superior a la recomendada por la ONU. Se trata de dos pesos y dos medidas para quienes viven, literalmente, codo con codo.
 
Cuando el Estado no reconoce de hecho la ciudadanía integral de más de 2 millones de personas, no tiene ninguna condición para actuar como represor. La presencia física de fuerzas policiales debería ser obligatoriamente acompañada, o por lo menos precedida, de un esfuerzo descomunal para integrar estas regiones a la ciudad. Río necesita de una especie de Plan Marshall, como el aplicado para reconstruir la Europa devastada por la 2ª Guerra Mundial. No es lo que ocurre. Entran y salen gobiernos estaduales y todas las medidas son paliativas y pirotécnicas. La Unión solamente repasa presupuestos y poco cuida de las prevenciones necesarias, como en el caso del tráfico de armas y de drogas. No hay ni fábrica de armamentos y menos aún plantaciones de hoja de coca, papola o marihuana en los morros de la ciudad.
 
Retomar la soberanía del Estado implicaría algunas medidas, como: regularización de la tierra urbana; policías ostensivos y permanentes (y no ocupación policial); saneamiento básico (detalle, con los caños cloacales en la vertical) y una amplia oferta de servicios públicos fundamentales. Un caso límite es el de la salud pública, incluyendo el problemático servicio de ambulancias para atenciones de emergencia, cuyo uso obligatorio de sirenas se hace inviable en áreas de conflicto.
 
Si los habitantes no tienen derecho a una parte significativa de su ciudadanía, no se espera que reconozcan la legitimidad de administraciones que poco o nada les ofrecen. Con ese argumento no afirmo que sea preferible el control territorial de las redes por pandillas del narcotráfico y menos aún la tiranía de para-policías con el apodo de “milicias”. Lejos de eso. Pero, afirmo con todas las letras. Si la violencia de narcotraficantes se resumiera a las áreas de favelas, los gobiernos de turno de Río y sus élites convivirían sin problema alguno con ese absurdo. Esa opinión no es mía, y sí de gente como Hélio Luz, delegado de la policía civil y ex-Subsecretario de Seguridad, con quien modestamente concuerdo.
 
Asegurar la plena ciudadanía a las comunidades implica políticas estructurantes al costo de millones de millones de reales. Infelizmente, los habitantes no deben esperar nada en ese sentido de los gobernantes de plantón. La condición es otra. En la historia de la democracia liberal, los derechos fundamentales son fruto de conquistas y no de concesiones. O se obliga el Estado a cumplir con su deber, o tendremos más helicópteros derrumbados seguidos de miles de muertos por año.
 
En búsqueda de conclusiones posibles
 
Puede parecer un pensamiento extremo, pero en situaciones como las del Río, solamente las soluciones extremas son posibles de ser aplicadas. Vale recordar que el descontrol también es un ramo importante de los negocios. Las fuerzas del “orden” de Río siempre coexistían con el Juego del Bicho (mafia de apuestas en paralelo y que es la gran financiadora de las Escolas de Samba y, por consecuencia, del Carnaval Carioca). El peligro constante era el de bandidos independientes, con atención especial a los asaltantes de banco. Ese es el periodo anterior a las lealtades de falanges de la cadena que vinieron a transformarse en “mandos”.
 
El desmadre es hijo de la desigualdad con injusticia. Porque la violencia policial-estatal, que garantiza la impunidad la parte de encima de la sociedad brasileña, es la misma que cobra la coima (comisión) semanal de los gerentes de boca de tabaco y suministra mano de obra para las “milicias”. En el negociado del orden urbano, se trata de una forma de vida y un amplio sector de la economía organizado en paralelo al sistema impositivo. El suministro de servicios, además de la venta de drogas ilegales, complementa la renta y lavan el dinero del tráfico o de la extorsión para la policía. Implican suministro de gas, transporte de pasajeros en Vans y Kombis, redes de gatos en los puntos de energía e implantación de redes de telecables piratas. A la hora del negocio, el brazo armado del Estado en paralelo “vende” los morros como haciendas con portones cerrados, incluyendo la población y los votos de adentro.
 
Sería necesario un amplio y profundo movimiento civil de los habitantes de esas áreas, como fue en la época de la Apertura, cuando la Federación de Asociaciones de Habitantes de Favelas (Faferj) era un espacio masivo de lucha popular, yendo además de la carrera electoral cada dos años. Tampoco bastarían maquillajes u obras inacabadas como el antiguo proyecto Favela Barrio, todos saben que el problema es de orden estructural. Para barrer esa escalada de violencia como molino propulsor del capitalismo en su forma más salvaje, es preciso un amplio movimiento popular, dentro y fuera de las favelas, en el muero o en el asfalto.

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(*)Bruno Lima Rocha es politólogo, docente universitario y milita en el frente de medios del Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas (Elaopa.org)