De modo que, como se ha comprobado desde el juicio en Miami y en las distintas instancias de apelación, en este caso no hay nada que esperar del sistema de administración de justicia y todo de la solidaridad internacional. Sin ella no se habría producido la reducción de la sentencia de Antonio, ni su anulación previa, junto a las de Ramón Labañino Salazar (cadena perpetua más 18 años) y Fernando González Llort (19 años) ordenada por el tribunal de apelaciones de Atlanta. Los tres llevan 11 años tras las rejas junto a sus compañeros Gerardo Hernández Nordelo, condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años, y René González Sehwerert, 15 años.

Sólo en la medida en que continúe creciendo este clamor en el mundo será posible arrancar a los cinco de los calabozos del imperio. No en balde la fiscal federal Caroline Heck Miller alegó que el acuerdo de reducción de sentencia con la defensa de Antonio (a 20 años) estaba dirigido en parte a acallar las tergiversaciones y distorsiones que han circulado alrededor del mundo. Aquí comienza la indignación ante una sentencia reducida pero igualmente injusta, pero sólo comienza pues en un hecho insólito en Estados Unidos la jueza Lenard determinó añadir un año y 10 meses a la nueva condena por encima del acuerdo fiscalía/defensa.

En suma, ¡más de 21 años para Antonio, a pesar de que no se le han podido probar los cargos ni a él ni a los demás! Lo reconoció tácitamente el mismo tribunal de apelaciones cuando consideró excesivas las penas impuestas por el tribunal de Miami y ordenó anularlas argumentado que a los condenados no se les pudo probar la sustracción de información que dañara la seguridad nacional de Estados Unidos. Si es así, ¿por qué no ordenó su liberación?, ¿por qué continúan presos sujetos a sentencias totalmente desproporcionadas con los cargos nunca probados que se les imputaron?

El fondo de la cuestión es que este proceso está viciado de origen por la intervención directa y grosera de la contrarrevolución de Miami, que tomó a los cinco como chivos expiatorios de su impotencia ante la contundente derrota asestada por Cuba al conseguir la devolución del niño Elián González, secuestrado por ella en Miami. Todo en este proceso ha sido arbitrario e irregular. Debe recordarse que existía un compromiso solemne de la administración Clinton de cooperar con Cuba en el combate al terrorismo originado en Miami. Una visita de Gabriel García Márquez a la Casa Blanca narrada por el escritor con lujo de detalles fue la antesala del viaje a la isla de una delegación de alto nivel de la FBI, a la que le fueron entregadas decenas de videos, ubicación de los terroristas, cintas magnetofónicas de intercepción telefónica a Luis Posada Carriles y hasta muestras de explosivos encontradas en el escenario de atentados organizados por éste en La Habana.

A los pocos meses vino la respuesta yanqui. En lugar de detener y enjuiciar a los terroristas, la FBI actuó contra los que los vigilaban y obviamente enviaban a Cuba aquellos informes. Allí comenzó la cadena de arbitrariedades contra los cinco, que incluye la selección amañada y mafiosa del jurado, como se comprueba en una nota del 2 de diciembre de 2000 de El Nuevo Herald de Miami. “Sí tengo miedo por mi seguridad –declaró un jurado– si el veredicto no es seguido del agrado de la comunidad cubana”. A los cinco se le separó en distintas cárceles de alta seguridad a todo lo ancho de Estados Unidos y se les ha sometido a condiciones reservadas a los peores criminales pese a su excelente conducta, pero ello no impide que actúen a una en su digna actitud, ejemplo para el mundo, ante su carcelero imperialista.