|
 |
|
Un policía antimotines custodia la embajada de
Brasil en Honduras, donde buscó refugio el depuesto presidente Manuel Zelaya.
|
Miles de habitantes
de esta capital se lanzaron el miércoles a supermercados y
estaciones de gasolina para abastecerse de alimentos y combustible,
tras la suspensión temporal del toque de queda decretado el lunes
por el gobierno de facto que encabeza Roberto Micheletti en
Honduras.
Por Juan Ramón Durán - IPS
El ministro de Industria y Comercio, Benjamín
Bográn, llamó a la calma en un mensaje por radio y televisión, ante
millares de personas que hacían largas filas frente a gasolineras y
tiendas de alimentos en esta capital que tiene un millón de
habitantes.
"Hay un inventario para seis meses que cubre la demanda de granos
básicos. Las compañías suministradoras de carne de pollo, res y
verduras informan que hay suficientes existencias y por ello no
deben angustiarse y acudir con calma y en orden", dijo Bográn.
Tras la suspensión del toque de queda a la hora local 10:00 (16:00
GMT), se produjo una especie de estampida de ciudadanos que
permanecían encerrados en sus casas desde el lunes por la tarde,
ante la perspectiva de que la reclusión volverá a imponerse a la
hora local 17:00 (23:00 GMT) cuando se restablezca la prohibición de
circular. La medida fue adoptada el lunes, cuando se supo que el
depuesto presidente Manuel Zelaya había retornado al país y se había
refugiado en la embajada de Brasil.
También se observaron centenares de personas frente a oficinas
bancarias para retirar dinero.
Francisco Martínez, un profesor jubilado de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
dijo a IPS que el toque de queda lo tomó de sorpresa. "Tenía pocos
alimentos y estaba desesperado", comentó al salir de un supermercado
de una zona céntrica, con dos bolsas de alimentos.
Mientras se encaminaba a su automóvil, Martínez, de 67 años, quedó
atrapado entre un centenar de policías armados de fusiles, bastones,
bombas lacrimógenas y escudos, cobijados tras tanquetas cisternas
que impedían el paso a unos 5.000 manifestantes del Frente Nacional
de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNR) que marchaban hacia
la embajada de Brasil.
Después de suplicar por más de media hora, los policías accedieron a
dejar salir el automóvil de Martínez, mientras los manifestantes
empujaban a los efectivos y gritaban la consigna "Queremos a 'Mel',
queremos a 'Mel'", el sobrenombre familiar de Zelaya.
Decenas de fotógrafos, camarógrafos y periodistas tomaban imágenes y
observaban el forcejeo. De pronto, desde una motocicleta, un
militante del FNR con un pañuelo rojo en la cabeza gritó: "Vos, hijo
de..., sos el conductor del carro de Romeo Vásquez".
El mentado se puso pálido y un guardia de seguridad del supermercado
lo dejó entrar y bajó la cortina de metal. "Gracias, amigo, me ha
salvado la vida", dijo el hombre, quien declinó dar su nombre, pero
admitió que era el chofer de uno de los automóviles de la guardia
personal del general Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas y uno de los principales protagonistas del golpe del
Estado perpetrado el 28 de junio.
Dentro del supermercado, los clientes urgían a los empleados que los
atendieran rápidamente, ya que temían quedar en medio de los
disturbios.
"Ya estamos cansados de esta situación. Estos políticos, Zelaya y
Micheletti, deben dialogar y resolver esta situación que nos tiene
estresados a todos", dijo la médica Lorena López, quien lamentó
haber perdido su participación en un congreso profesional en Perú
por el cierre de los aeropuertos decretado el lunes por la tarde.
Luego de más de dos horas y mientras el intenso sol causaba estragos
entre los manifestantes y policías, los primeros optaron por
retornar a sus casas y los que se quedaron fueron dispersados por la
policía.
"Esta marcha que intenta llegar a la embajada de Brasil es la única
movilización en Tegucigalpa", dijo un agente policial con el rostro
cubierto por una máscara antigás y el cuerpo protegido por un escudo
de plástico.
El dirigente Rafael Alegría, portavoz del FNR, dijo a IPS que las
medidas represivas solo estimulan la ira y solidaridad del pueblo
hondureño que comenzó a volcarse a las calles para exigir el retorno
de Zelaya a la Presidencia.
"Mire las protestas espontáneas que se dieron anoche en muchos
barrios y colonias de Tegucigalpa, que bloquearon calles y avenidas
con barricadas formadas con piedras, depósitos de basura y llantas
que luego fueron incendiadas", dijo Alegría.
En la noche del martes, tras el violento desalojo que practicaron
fuerzas combinadas de la policía y el ejército a millares de
manifestantes del FNR apostados frente a la embajada de Brasil,
grupos de pobladores erigieron barricadas en las colonias Honduras,
Víctor Ardón, Hato de Enmedio y El Pedregal, entre otras, pero
fueron dispersadas por uniformados.
Un hombre murió en uno de esos choques entre policías y
manifestantes. Decenas de heridos fueron reportados en el Hospital
Escuela de Tegucigalpa.
También se cometieron saqueos de tiendas de cadenas de
supermercados. Pobladores redujeron a los guardias privados de
seguridad y rompieron puertas de metal y vidrio de los locales para
extraer electrodomésticos y víveres.
El comisario Orlín Cerrato, portavoz de la policía, sostuvo que en
ciertos momentos no se daba abasto para atender denuncias y llamados
solicitando protección policial tanto de población contraria a las
protestas callejeras como de propietarios de establecimientos
comerciales.
"Esto es delincuencia común, y la población debe abstenerse de estos
actos, porque serán castigada", dijo Cerrato, quien informó que
había más de un centenar de detenidos por esas acciones, que fueron
liberados en horas de la madrugada.
Mientras, crece la polarización entre seguidores de Zelaya y los que
apoyan al régimen.
Micheletti anunció el martes por la noche que estaba dispuesto a
dialogar con Zelaya "pero solo dentro del marco de la Constitución",
lo que inmediatamente fue interpretado como una negativa rotunda a
la restitución del mandatario en su cargo. "La salida a la crisis
son las elecciones", declaró el canciller Carlos López, en un
mensaje transmitido por cadena de radio y televisión.
Zelaya fue derrocado en la madrugada del domingo 28 de junio, cuando
militares encapuchados irrumpieron en su casa, lo capturaron y lo
expulsaron del país en un avión rumbo a Costa Rica. Poco después, el
parlamento y la Corte Suprema de Justicia avalaron las acciones del
ejército, asegurando que habían sido apegadas a la Constitución,
pues el mandatario se aprestaba a efectuar una consulta popular
considerada ilegal.
Desde entonces, el régimen de facto sobrevive en un casi total
aislamiento internacional.
El propósito de Zelaya era celebrar ese mismo domingo 28 una
encuesta no vinculante que consultaría a la ciudadanía si deseaba
habilitar o no un proceso constituyente que se iniciaría, de
resultar ganador el sí, en las elecciones generales del 28 de
noviembre.
En esos comicios, los ciudadanos serían convocados a elegir, además
de las autoridades nacionales y locales, delegados a una asamblea
constituyente. La Constitución hondureña está blindada y prohíbe
abrir un nuevo proceso constituyente. Las sucesivas reformas que se
le han practicado son resueltas y votadas en el parlamento.
El miércoles, la prensa nacional destacó la posición del
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en el marco
de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en
Nueva York, solicitó una reunión extraordinaria del Consejo de
Seguridad para tratar la situación de Honduras.
Lula reclamó además que el gobierno de Micheletti respete la
integridad de todas las personas alojadas en su embajada y de la
propia sede diplomática.
El sacerdote católico Andrés Tamayo, que acompaña a Zelaya en la
legación brasileña, exhortó a las autoridades a que dejen de lanzar
gases y retiren un sonar que produce sonidos insoportables. Además,
la policía y el ejército emplazaron allí un vehículo con un potente
equipo de sonido que difunde sin interrupciones el Himno Nacional.
"Esto es una agresión, lo mismo que la ocupación por parte de
militares y policías de las casas que están contiguas a la
embajada", dijo Tamayo a IPS.
La sede diplomática está sitiada desde el lunes por fuerzas
militares y policiales en perímetro de unos cinco kilómetros. Sólo
se permite el ingreso a personal del sistema de las Naciones Unidas
y de la embajada de Estados Unidos para entregar suministros a unas
30 personas hondureñas y brasileñas, entre ellas Zelaya.
El mandatario depuesto reiteró hoy la necesidad de diálogo para
resolver la crisis, mientras empieza a resquebrajarse el sólido
respaldo que prestan al régimen los partidos políticos mayoritarios
(el gobernante y centroderechista Liberal y el opositor y derechista
Nacional), la empresa privada y algunas organizaciones civiles.
El primero en desmarcarse fue el candidato presidencial del Partido
Nacional, Porfirio Lobo, quien exhortó el martes a Zelaya y
Micheletti a dialogar. El mismo pedido fue formulado por una docena
de diputados liberales que reconocieron este miércoles públicamente
que hubo un golpe Estado en Honduras y el descontento de la
población por el toque de queda.