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Golpe en Honduras y bases en Colombia

 
 

 (IAR Noticias) 25-Agosto-09

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A medida que pasan los días va quedando más en claro que el golpe en Honduras no fue un hecho aislado ni provocado por la consulta ciudadana que había convocado el presidente Manuel Zelaya.

Por Frida Modak (*) - Prensa Latina

De la misma manera, ya es evidente que las siete bases militares que Estados Unidos instalará en Colombia no tienen por objeto combatir al narcotráfico o a la insurgencia.

No son afirmaciones antojadizas.

Estados Unidos tiene una base militar en Honduras que hoy se llama Soto-Cano, pero que fue conocida como Palmerola, cuando se creó para combatir al gobierno sandinista.

De esa base salían los mercenarios de la "contra" reclutados, adiestrados y apertrechados por Estados Unidos.

El entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, bautizó a aquellos elementos terroristas como "combatientes de la libertad" y los financió de muy diversas maneras.

Cuando el Congreso estadounidense se negó a conceder más fondos para los mercenarios, el financiamiento salió del narcotráfico.

Aquello fue admitido y justificado por el entonces subsecretario para asuntos latinoamericanos Elliot Abrams, quien sostuvo que dada la actitud del Congreso de su país, la contra tenía que buscar medios de subsistencia.

Vale la pena recordarlo cuando el presidente colombiano, Álvaro Uribe, dice que con las bases estadounidenses en su país busca combatir el narcotráfico y erradicar a la guerrilla.

Volvamos ahora a Honduras.

Empresarios y un embajador en el golpe

En la noche del sábado 27 de junio, víspera de la consulta ciudadana, un asesor del presidente Zelaya me señaló en una conversación telefónica que se sabía de dos llamados del departamento de Estado a la Embajada estadounidense en Honduras y a los hasta entonces complotados, advirtiéndoles que "nada de golpes". Eso sugería que se iniciaría una acción contra el Gobierno de Zelaya el lunes 29 cuando se hubiera producido lo que ellos consideraban delito.

Pero el sector empresarial, que era parte del complot, estimó que no había que esperar porque la votación a favor de la cuarta urna iba a ser copiosa y no la podrían ignorar.

En Honduras los empresarios llegaron a un acuerdo con el alto mando de las fuerzas armadas, a quienes entregaron 30 millones de lempiras, equivalentes a un millón y medio de dólares, según una carta en circulación elaborada por oficiales de mediana graduación.

En esferas del gobierno del presidente Zelaya se estimaba que votarían a favor de la consulta entre un millón 200 mil y un millón 500 mil personas.

El país tiene un padrón electoral de cuatro millones 700 mil inscritos, de los cuales un millón 300 mil radican en Estados Unidos.

Se calcula que el promedio de votantes efectivos puede ser de dos millones 100 mil, por lo tanto los votos a favor de la consulta podrían alcanzar la mayoría absoluta.

Tal evidencia no podía ser desconocida y de ahí surge la decisión de los empresarios, entre los que se cuentan ex Presidentes de la República, de acelerar sus acciones.

En cuando al embajador estadounidense Hugo Llorens, su participación fue activa antes y después del golpe de Estado.

Así lo declaró públicamente hace unos ocho días el candidato presidencial del partido Demócrata Cristiano, Felicito Ávila, colectividad que suele actuar de acuerdo con los sectores que se han tomado el gobierno.

Ávila afirmó que el embajador iba a las reuniones conspirativas y la crónica respectiva se publicó en la prensa hondureña, que mayoritariamente pertenece al sector golpista, como una advertencia a Washington sobre todo lo que podrían contar.

Si unimos lo señalado respecto a la base estadounidense de Soto-Cano (ex Palmerola), con los antecedentes del golpe de Estado y la actuación del embajador Llorens, y lo vinculamos con las bases militares que Washington proyecta instalar en Colombia, tendremos los lineamientos de un proyecto que con justificada razón alarma a los países suramericanos.

Las siete bases

El gobierno colombiano quiere convencer a la opinión pública internacional, no sólo a la latinoamericana, de que su convenio con Estados Unidos no significa instalar bases militares estadounidenses en su territorio.

Según Uribe, sólo les permitirá ocupar un pedacito de siete bases colombianas para que ahí desarrollen sus actividades.

Insiste en que los van a recibir de allegados para que contribuyan a combatir el narcotráfico, pero no se refiere a los siete mil millones de dólares recibidos de Washington por el Gobierno a través del Plan Colombia.

A estas alturas ya es un hecho indiscutible que ese plan no ha disminuido en absoluto el narcotráfico y la corrupción.

Numerosas figuras políticas del partido del presidente Uribe están detenidas y procesadas por sus vínculos con el negocio de las drogas.

También está claro que los paramilitares sólo aparentemente se desmovilizaron, pero se conoce que volvieron a reagruparse con otro nombre.

El objetivo de las bases es otro muy diferente al declarado por autoridades colombianas y norteamericanas.

Cuando estaban instalados en Panamá, los militares estadounidenses tenían en la base Howard un centro de control no sólo hacia América Latina sino también para monitorear otros continentes, pues allí disponían de diversos equipos de espionaje de alcance internacional.

Los tratados canaleros Torrijos-Carter los obligaron a salir de territorio panameño y encontraron acogida en la localidad ecuatoriana de Manta, donde el después derrocado presidente Yamil Mahuad les permitió establecerse a sus anchas.

El actual presidente ecuatoriano, Rafael Correa, planteó desde su campaña que no renovaría esa autorización y obligó a desmantelar la base de Manta.

Ahora se van a siete puntos de Colombia con el pretexto de combatir el narcotráfico, lo que obviamente nadie cree, como tampoco es digerible que utilizarán sólo oficinitas en las bases colombianas para apoyar al Plan Colombia.

Las autoridades de las localidades en que se van a instalar tampoco están muy a gusto, porque consideran que la presencia de los soldados estadounidenses atrae prostitución y corrupción, como ya ha sucedido en los lugares donde están desde hace tiempo.

A los países suramericanos tampoco les gusta el asunto porque representa una amenaza y no lo han ocultado.

La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, acordó en su reciente reunión en Ecuador tratar el asunto directamente con Estados Unidos en el mes de septiembre, cuando se inicia el período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y, previamente, se reunirán en Argentina para analizar el tema.

Al mismo tiempo, UNASUR reiteró su apoyo a Zelaya y reclamó su restitución en la presidencia de Honduras, con lo cual también discrepan con Washington.

El presidente estadounidense, Barack Obama, reaccionó con molestia ante las críticas por no tomar medidas enérgicas contra los golpistas hondureños.

Según Obama "hay cierta hipocresía" por parte de los que exigen actuar con claridad en Honduras y los acusó de ser los mismos que llaman a Washington intervencionista.

Los que critican esa postura de Obama responden que la hipocresía no está ahí, sino en el papel del embajador Llorens en el golpe, en el adiestramiento del Pentágono a las fuerzas armadas hondureñas y en el "lobby" que defiende a los golpistas en el Congreso estadounidense.

También hay abundante información sobre el trasiego de dinero proveniente del narcotráfico y de instituciones estadounidenses, entregado en Colombia a opositores a gobiernos democráticamente electos en la región.

En otras palabras, la hipocresía consiste en seguir ayudando al golpismo con una pretendida no intervención.

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(*) La autora es una reconocida periodista chilena radicada en México y colaboradora de Prensa Latina.

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