El presidente hondureño, Manuel Zelaya regresó a la capital costarricense el miércoles luego del mes pasado haber sido arrestado, tirado como un bulto en un avión y exilado a San José. Al día siguiente fue el primero en negociar con el mediador asignado por Estados Unidos, Carlos Arias, presidente de Costa Rica.

Le siguió Roberto Micheletti, quien fue puesto al frente del Ejecutivo hondureño por el golpe y a quien las autoridades costarricenses llamaron "presidente en función". Esta apelación desconcertó a Zelaya y a sus partidarios, quienes ferozmente atacaron al ex presidente del parlamento como un criminal que había usurpado el poder ilegalmente.

Antes de las negociaciones, Arias había dejado claro que trataría a ambos imparcialmente como presidentes.

Los dos individuos se reunieron por separado con Arias en la mansión del presidente costarricense en el rico vecindario de Rohrmoser. La habían rodeado cientos de policías y manifestantes. Éstos últimos habían llegado para protestar el golpe. Muchos le gritaron "¡asesino!" a Micheletti y lo quemaron en efigie.

Luego de reunirse con Arias, Zelaya le dijo a los corresponsales que esperaban afuera:

"Creemos que hemos sido congruentes con la posición de Honduras, que es la restitución del estado de derecho, de la democracia y la restitución del presidente electo por el pueblo hondureño".

Poco después, Micheletti siguió a Zelaya en la residencia de Arias. Antes de llegar a la ciudad había pasado tres horas en el aeropuerto, aparentemente por razones de seguridad. Según varios informes, le había pedido a Arias que reuniera con él allí para evitar un encuentro con los manifestantes.

Por su parte, Micheletti se declaró "satisfecho" con la mediación de Arias e inmediatamente partió de nuevo a Honduras, lo que contradijo la promesa de Arias en mantener a los dos hombres negociando hasta que llegaran a un acuerdo. Pero Micheletti anunció que dejaba atrás una "comisión" de figuras políticas hondureñas que apoyaban el golpe. Zelaya entonces formó su propia comisión de partidarios que participaran en las negociaciones.

Luego de regresar a Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras, Micheletti le dijo a los corresponsales que "Estamos de acuerdo con el retorno de él (Zelaya) acá, pero directamente a los juzgados". Los dirigentes del golpe exigen que a Zelaya se le enjuicie como traidor porque trató de celebrar un plebiscito no vinculante para determinar si había apoyo popular a una enmienda a la constitución del país. Críticos han acusado a Zelaya de que esto fue una movida de su parte para ganarse otro plazo presidencial, lo cual es casi imposible puesto que el voto para una asamblea constituyente que cambie la constitución no podría tomar lugar hasta los comicios nacionales del 29 de diciembre, cuando se elige a un nuevo presidente.

Micheletti añadió: "Anticipo que en mi próxima visita a Costa Rica me recibirán como el presidente constitucional de Honduras".

El dirigente del golpe tiene suficientes razones para confiar en sí mismo. Casi todo el proceso de mediación favorece a los que destituyeron a Zelaya. A lo único que Micheletti le puede temer, aún cuando cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas, la iglesia y los sectores más poderosos de los sectores terratenientes y empresariales, son las masas del pueblo trabajador hondureño, quienes han sido el eje de la resistencia al golpe.

Por su parte, Arias ha reaccionado a su primer encuentro con Zelaya y Micheletti declarando que no tenía ninguna ilusión y que el proceso podría tomar más tiempo de lo que se imaginaba. Añadió que la solución a la crisis podía resolverse en dos días o en más de dos meses.

Puesto que los comicios tendrán lugar en apenas cuatro meses y medio, Micheletti y sus compinches del golpe pueden seguir con las sesiones de mediación hasta que el plazo de Zelaya termine.

Arias ha insistido que toda solución debe incluir la restauración de Zelaya a la presidencia. Su patrón, el gobierno de Obama, ha adoptado una postura muy ambigua en cuanto al caso. Por una parte, Obama ha pedido que se le reinstale, pero por otra la Ministro de Relaciones Exteriores, Hillary Clinton, deliberadamente ha rehusado seguir esa pauta. Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos ha declarado que Washington espera que la mediación bajo la tutela de Arias "devuelva el orden democrático en Honduras". No mencionó al presidente electo para nada.

Un ex funcionario costarricense con ciertos conocimientos de la misión que Arias ha aceptado de Washington sugirió otra alternativa: que Zelaya regrese de nuevo a Tegucigalpa para servir como presidente del régimen instalado por los golpistas, pero sin ninguna autoridad. Sólo sería una figura decorativa. El objetivo de semejante solución es evidente: pintar a la destitución militar de un gobierno elegido con colores democráticos. La destitución recibió el respaldo de los Estados Unidos.

Kevin Casas-Zamora, quien fue vicepresidente de Arias hace dos años y es ahora destacado socio de antigüedad en el Instituto Brookings, explicó en detalle esta hipótesis: "Mi sentido de lo que la comunidad internacional exige, y lo que es correcto, es que Zelaya ante todo debería regresar a la presidencia, pero no necesariamente al poder".

Además de abandonar todo el poder, a Zelaya — según puntualizó Casas-Zamora — se le exigiría abandonar sus planes para enmendar la constitución (lo que ya ha prometido hacer), romper todas las relaciones que ha establecido con el presidente venezolano, Hugo Chávez y entrar en un explícito "acuerdo para compartir el poder" con los que lo derrocaron.

El New York Times y la "democracia hondureña"

Que esta haya sido la alternativa que los círculos políticos gobernantes de Estados Unidos favorecieran quedó bien claro cuando esta semana el Washington Post y el NewYork Times publicaron editoriales similares, ambos palpables de hipocresía y cinismo políticos.

El único problema que el Post tuvo con el golpe en Honduras fue la manera en que se llevó a cabo, pues "cayó en la trampa tendida por el protector de Zelaya, Hugo Chávez, quien intenta derrocar las instituciones democráticas en toda la región". Es decir, los que trataron de derrocar a la democracia no fueron los funcionarios hondureños que ordenaron a las tropas invadir el palacio presidencial y apoderarse de las calles, lo que resultó en el cierre de estaciones de radio y televisión que no simpatizaban con el golpe y en tiroteos contra manifestantes no armados. Más bien fueron las víctimas del golpe las que lanzaron el ataque contra la democracia.

El Post sostiene que los dirigentes de golpe hondureño no tienen nada que temerle si regresa Zelaya. "Aún si no termina en la cárcel", escribe el periódico, "existe poca probabilidad que ahora pudiera...tener éxito en cambiar la constitución".

Igualmente., el Times sostiene que "Probablemente l/o mejor sería que los militares hondureños, los juzgados y el gobierno de facto le permitan al Sr. Zelaya regresar a Tegucigalpa para cumplir lo que queda de su plazo, que termina en enero, a cambio de su promesa de abandonar todo esfuerzo por cambiar la constitución. Así se podría postular para un segundo plazo".

Ambos periódicos, para justificar el golpe y dejar sin ningún poder al presidente electo, recurren ha que hay que ser leal a la constitución hondureña, y se oponen firmemente a cambiar el documento para que éste se pueda postular para otro plazo. Pero la adherencia a estos "principios" depende completamente de la situación; estas leyes se pueden guardar o cambiar si ello sirve los intereses de la clase gobernante de Estados Unidos.

Por ejemplo, ninguno de los dos periódicos mostró alguna inquietud cuando Álvaro Uribe, presidente derechista de Colombia y leal partidario de la política extranjera de Estados Unidos, modificó la constitución colombiana para obtener un segundo plazo sin ni siquiera molestarse en presentarle la propuesta reforma a un plebiscito popular.

Cuando esto sucedió, el Times reaccionó con que la maniobra de Uribe "aseguraría que Washington retenga un mayordomo muy atento a dos de las prioridades principales del gobierno de Bush en esta tumultuosa región: la guerra contra las drogas y los rebeldes marxistas".

Pero hubo una situación mucho más cercana a estas costas. El periódico favoreció con entusiasmo la movida del alcalde millonario de la ciudad de Nueva York para reescribir las leyes municipales y ponerle fin a los límites de mandato. Así se daría a sí mismo la oportunidad de postularse para la alcaldía de la ciudad por un tercer plazo de cuatro años. El periódico propuso en este caso que los cambios se hicieran por medio de pactos entre Bloomberg y el ayuntamiento a escondidas del público. También se opuso a un plebiscito popular, tal como se propuso en Honduras, por ser "técnicamente difícil".

A medida que la "mediación" bajo la batuta de Estados Unidos tenía lugar en San José, los trabajadores y jóvenes hondureños continuaron resistiendo el golpe. Miles de personas se manifestaron el jueves y viernes en Tegucigalpa, San pedro Sula y muchas otras ciudades.

En varias regiones del país, manifestantes ocuparon carreteras y puentes y pararon el tráfico. El jueves bloquearon otra vez el tráfico por seis horas en la ruta principal que conecta a Honduras con la Carretera Panamericana y Nicaragua y El Salvador al sur. La línea de tractores que no se movía llegaba a la capital. El viernes miles marcharon al sector norte de Tegucigalpa para cerrar la carretera que conduce a San Pedro Sula, segunda ciudad principal del país.

La represión del nuevo régimen también continúa. El jueves, fuerzas de seguridad detuvieron al padre de Obed Murillo, el joven de 19 años de edad que murió a balazos el 5 de julio cuando soldados abrieron fuego contra manifestantes que se habían reunido en el aeropuerto de Tegucigalpa cuando Zelaya fracasó en regresar al país.

El padre, David Murillo, quien ya se ha expresado varias veces desde la matanza, ha exigido justicia para su hijo. La policía nacional lo arrestó luego de una reunión en las oficinas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, donde había prestado testimonio sobre la muerte de su hijo. Fue llevado directamente a una cárcel bajo control de las fuerzas militares.