esde ese día se han venido sucediendo las
manifestaciones de repudio por parte de distintas organizaciones en varios
países (principalmente indígenas), las protestas frente a embajadas de Perú y
las condenas incluso de algunos Gobiernos por lo que algunos han calificado como
"masacre" de indios de la Amazonia peruana.
Hoy fueron las organizaciones internacionales de defensa de los derechos
humanos Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional y un grupo de ONGs
brasileñas las que criticaron la actuación del Ejecutivo de Alan García,
mientras que los Gobiernos de México y Bélgica también hicieron pronunciamientos
sobre el conflicto.
HRW pidió hoy en una carta a la Fiscalía peruana una investigación
"exhaustiva e imparcial" sobre esos incidentes y puso en duda las cifras de 24
policías y nueve civiles muertos dadas por el Gobierno, ya que según
organizaciones indígenas, las bajas entre sus seguidores es de al menos 25.
Insinuó incluso que la policía peruana podría estar aprovechando "el acceso
que tienen a algunas zonas durante el toque de queda para ocultar o destruir
pruebas incriminatorias".
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) señaló en otro comunicado la
irregular situación de los detenidos por los disturbios, que según la Defensoría
del pueblo son 79, y pidió a sus simpatizantes enviar cartas a Alan García para
expresar "su honda preocupación por lo informes sobre violaciones graves de los
derechos humanos".
En Brasil, un numeroso grupo de organizaciones no gubernamentales y entidades
vinculadas al Episcopado de ese país protagonizaron un acto de protesta frente a
la embajada peruana en Brasilia y entregaron una carta en la que expresaron "su
indignación y repudio por la masacre promovida por el Gobierno del presidente
García".
También en Santiago de Chile, una decena de manifestantes se concentraron
frente a la legación diplomática de Perú y solicitaron el "cese de toda forma de
represión policial o militar sobre las comunidades indígenas".
En días anteriores, se registraron manifestaciones frente a las embajadas
peruanas en La Paz y Managua en apoyo a los indígenas de ese país.
A nivel gubernamental, Bélgica solicitó a las autoridades peruanas una
"investigación en profundidad e independiente" sobre los disturbios, condenó
"todo acto de violencia desproporcionada" y llamó a las autoridades a "retomar
el diálogo con la población autóctona".
En un tono más neutro, el Ejecutivo de México ofreció a través de un
comunicado de la cancillería sus "condolencias al pueblo y al Gobierno de Perú"
por los "trágicos acontecimientos" de la Amazonía y condenó "la violencia en
todas sus formas".
También, organizaciones indígenas, campesinas y sindicales de Ecuador,
Bolivia, Colombia y Guatemala acusaron al Ejecutivo de Alan García de
"represión" y "masacre" contra las comunidades indias.
La organización Amazon Watch, comprometida con los derechos de los pueblos
indígenas, denunció incluso que la policía peruana está haciendo desaparecer los
cadáveres de los aborígenes.
Igualmente, la violencia también suscitó reacciones de algunos Gobiernos
latinoamericanos.
El Ejecutivo del nicaragüense, Daniel Ortega, ofreció asilo político al líder
indígena Alberto Pizango, a quien Lima considera el instigador de la violencia y
a quien acusa de homicidio, ataque a las Fuerzas Armadas, sedición y rebeldía.
Desde Caracas, la cancillería manifestó en un comunicado su "solidaridad"
ante la violencia de la que "han sido víctimas cientos de hermanos peruanos, en
particular pertenecientes a los pueblos indígenas y a las fuerzas del orden
público".
Sin embargo, la ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, condenó
lo que calificó como "genocidio" y "acto terrorista" contra los indígenas y
aseguró que el Ejecutivo de García confirmó con ello "su condición de fascista".
En el caso de la vecina Bolivia, los violentos sucesos del pasado viernes
sirvieron para tensar aún más las relaciones entre ambos países.
La ministra de Justicia boliviana, la indígena Celima Torrico, provocó el
sábado un roce diplomático al asegurar que "el único responsable" por la
violencia era el Gobierno de Perú, lo que suscitó la reacción del embajador de
este país en La Paz, Fernando Rojas, que calificó de "intervención" en los
asuntos de su país estas declaraciones.
Por su parte, el portavoz presidencial boliviano, Iván Canelas, criticó el
sábado unas supuestas "insinuaciones" hechas por parlamentarios peruanos de que
el presidente Evo Morales estaría vinculado con los disturbios.
Y hoy, el embajador de Bolivia en Lima, Franz Solano, criticó que Lima
intenta "hacer quedar mal" a su país en relación a las acusaciones iniciales de
que el líder indígena Pizango había recibido asilo de La Paz.
También en el interior del país se han producido críticas hacia el Gobierno y
un grupo de organizaciones de izquierda convocaron para mañana una "Jornada
Nacional de Lucha" en solidaridad con los indígenas de la Amazonia.
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