Las noticias menos irrelevantes no fueron en absoluto buenas: los asistentes acordaron cuadriplicar la dotación del FMI, llegando al billón de dólares. Cualquier cosa que venga a robustecer la autoridad del FMI no puede ser buena para los países que se verán forzados a someterse a sus planes de austeridad. Porque el destino previsto para esos países será el de su estrujamiento, a fin de sacar más dinero para pagar a los acreedores más predatorios del mundo. Así que, en la práctica, este acuerdo del G-20 significa que los gobiernos que llevan la batuta en el mundo están respondiendo a la actual crisis financiera con el propósito manifiesto de "encoger" a los deudores. Para empezar: un 10% de recortes salariales en la desdichada Letonia; Hungría, obligada a la cartilla de racionamiento; e Islandia, sometida a una permanente servidumbre por deudas. Todo un contraste con los EEUU, que están respondiendo a la caída con un gigantesco programa keynesiano de gasto con déficit, a pesar de su deuda, manifiestamente impagable, de 4 billones de dólares a los bancos centrales extranjeros.

Las economías postsoviéticas

De modo que el doble rasero del sistema financiero internacional sigue vivito y coleando, o al menos, dando coletazos a los países o en caída o sucumbidos. Los países deudores tienen que tomar prestado un billón del FMI, no para reflotar sus desmayadas economías, no para perseguir políticas anticíclicas capaces de restaurar la demanda –eso sólo vale para las naciones acreedoras—, sino para que, con la "ayuda" del FMI, pasen dineros a los ponzoñosos bancos que hicieron en su día los irresponsables préstamos tóxicos. (Si tóxicos son, ¿quién puso la toxina? Decir que no se trató sino del "funcionamiento "natural" de los mercados, monta tanto como decir que los mercados libres están hechos trizas y enfermos. ¿Es eso lo que pasa?)

En el Parlamento ucraniano se llegó a las manos, cuando el Partido de las Regiones bloqueó un acuerdo con el FMI para recortar el presupuesto público. ¡Y a fe que hicieron bien! La filosofía operativa del FMI consiste en la destructiva (en realidad, tóxica) creencia de que imponer una depresión más profunda, con mayor desempleo, lo que obrará será la reducción de los niveles salariales y de los niveles de vida de un modo lo suficientemente drástico como para que se puedan pagar unas deudas que resultan ya insostenibles gracias a la "evitación" fiscal y a la fuga de capitales practicadas por la cleptocracia. El rescate del FMI por valor de un billón de dólares es, en realidad, un rescate para esos grandes bancos internacionales; para que puedan coger su dinero y correr. Pero todas las culpas se cargan sobre el mundo del trabajo: el espíritu neomalthusiano del actual neoliberalismo.

Los mayores beneficiarios de los préstamos del FMI a Letonia, por ejemplo, han sido los bancos suecos que en la pasada década se dedicaron a financiar la burbuja inmobiliaria del país, sin mover un dedo para ayudar a desarrollar su potencial industrial. Letonia ha pagado sus importaciones exportando el trecho de edad más apto de su fuerza de trabajo masculina, actuando como vehículo de la fuga de capitales en Rusia y tomando en préstamo, para pagar hipotecas, dinero denominado en divisa extranjera. Para pagar esas deudas y no ir a la quiebra, Letonia tendrá que rebajar los salarios en el sector público un 10%, y eso en una economía ya en plena depresión y cuyo gobierno espera para este año un ulterior encogimiento del 12%.

Para salvar a los bancos de pérdidas en sus negocios hipotecarios tóxicos, lo que hace el FMI es rescatar a esos bancos y obligar al gobierno letón a exprimir superlativamente al mundo del trabajo, así como a cobrar por la educación, en vez de proporcionarla gratuitamente. La idea es que las familias no sólo queden endeudadas de por vida para poder seguir viviendo bajo techo, sino también para conseguir educación. Las tasas de alcoholismo se disparan, como lo hicieron en la Rusia de Yeltsin en circunstancias similares, durante la era cleptocrática de los "Harvard Boys", luego de 1996.

El problema de insolvencia de las economías postsoviéticas no es atribuible exclusivamente al FMI, desde luego. La Comunidad Europea trae buena parte de responsabilidad en el asunto. Lejos de ver a las economías postsoviéticas como pupilos que tenían que ir acoplándose a los niveles de la Europa occidental, lo último que deseaba la UE era el desarrollo de potenciales rivales. Deseaba consumidores: no sólo para sus exportaciones, sino, sobre todo, para sus préstamos. Los Estados bálticos pasaron a la esfera escandinava, mientras que los bancos austriacos se labraron esferas de influencia en Hungría (perdiendo, dicho sea de paso, hasta los calzoncillos en sus préstamos hipotecarios, como les sucediera a los Habsburgo y a los Rothschild en tiempos pretéritos). Islandia fue neoliberalizada, y por mucho, merced a tratos truhanescos organizados por bancos alemanes y tahúres financieros británicos.

En efecto, diríase que Islandia –que es en donde me hallo en el momento de escribir estas líneas— es una suerte de (cruelísimo) experimento controlado, llevado a cabo para comprobar hasta qué punto puede ser "financiarizada" una economía y cuánto tiempo puede una población someterse voluntariamente a un comportamiento financiero predatorio. Si el ataque hubiera sido militar, habría suscitado una respuesta más alerta. El truco consiste en mantener a la población en la ignorancia de la dinámica financiera operante y del subyacente carácter fraudulento de las deudas con que ha sido cabalgada (con la ayuda de su propia oligarquía local).

En el mundo de hoy, la forma más fácil de obtener riqueza por la anticuada vía de la "acumulación primitiva" es la manipulación financiera. Y esa es la esencia del Consenso de Washington a la que ha venido a dar apoyo el G-20 sirviéndose del FMI en su habitual papel de capataz. La declaración del G-20 sigue la senda trazada hace seis meses por los rescates bancarios del Tesoro y de la Reserva Federal estadounidenses. Que, en suma, consiste en lo siguiente: resolver la crisis de la deuda con más deuda todavía. Si los deudores no pueden pagar con lo que son capaces de ingresar, préstales lo suficiente para que se mantengan al día en los vencimientos; y colateraliza eso con sus propiedades, su sector público, su autonomía política, incluso con su democracia. El objetivo es mantener al día el gasto de deuda. Y eso sólo puede hacerse haciendo que el volumen de deuda crezca exponencialmente, a medida que crece el interés que se añade al préstamo. Es la "magia del interés compuesto". Es lo que hace que economías enteras se conviertan en gigantescos esquemas Ponzi (o esquemas Madoff, como se les llama ahora).

Eso es "equilibrio", al estilo neoliberal. Además de pagar una tasa básica de interés exorbitantemente alta, los propietarios de vivienda tienen que pagar un 18% especial de cargos de indexación sobre sus deudas para acompasarse a la tasa de inflación (el índice de precios al consumo), de modo que los acreedores no pierdan poder de compra sobre los bienes de consumo. Los salarios de los trabajadores no están indexados, de manera que la morosidad y las quiebras técnicas no dejan de crecer, y el país entra en quiebra, lo que causa la mayor tasa de desempleo desde la Gran Depresión. El FMI da su visto bueno, declarando que no halla razón alguna para que los propietarios de vivienda no puedan honrar sus deudas.

Entretanto, la democracia está siendo asaltada por una oligarquía financiera, cuyos intereses se han hecho cada vez más cosmopolitas y que, por lo mismo, contempla la economía como puro objeto de saqueo predador. Se ha acuñado un nuevo término para lo que en el Sur se conoce como "república bananera": "república bacaladera". No pocos milmillonarios islandeses hacen ahora como sus colegas rusos, y se van a vivir a Londres; y los gánsteres rusos, a la recíproca, se van de visita a Islandia en invierno, manifiestamente para disfrutar del calor de su Lago Azul volcánico. O al menos eso es lo que dice la prensa.

"Haz lo que yo digo y no lo que yo hago": el trato a los países deudores

La alternativa que se deja a los países deudores es experimentar el mismo tipo de sanciones económicas que Irán, Cuba y el Irak anterior a la invasión. Tal vez haya pronto suficientes economías en esa situación como para que logren instituir un área de comercio común ente ellas, posiblemente junto a Venezuela, Colombia y Brasil. Pero, en lo que al G-20 concierne, la ayuda a Islandia y "hacer lo correcto" no son sino una pieza de negociación en el juego diplomático internacional. Rusia ofreció 400 mil millones de dólares para ayudar a Islandia, pero se echó atrás (presumiblemente, cuando Gran Bretaña le ofreció un buen pico a cambio).

El billón de dólares del FMI no servirá para ayudar a las economías postsoviéticas y a los países también deudores del Tercer Mundo a pagar su deuda externa, particularmente las hipotecas inmobiliarias denominadas en divisa extranjera. Esa práctica ha violado la Primera Ley de la prudencia fiscal nacional: sólo está permitido contraer deudas en la misma divisa en que se esperan los ingresos para satisfacerlas. Si lo que realmente buscaban los banqueros centrales era proteger la estabilidad de la divisa, tendrían que haber insistido en esa regla. Pero lo que hicieron fue actuar como escudos de los bancos internacionales, y tan deslealmente con el bienestar económico de sus países como sus expatriados oligarcas.

Si vas a recomendar más raciones de este consenso, la única manera de venderlas es hacer lo que hizo el Primer Ministro británico Gordon Brown en las reuniones: declarar que "el Consenso de Washington está muerto". (Podría haber salvado los fenómenos, si hubiera dicho "agonizante", pero se sirvió del adjetivo y no del adverbio.) Sin embargo, el rescate del FMI por parte del G-20 desmiente tal aserto. Cuando Turquía canceló el año pasado la deuda de su préstamo, el FMI se enfrentaba a un mundo sin clientes. Nadie quería someterse a sus destructivos "condicionamientos" y a sus políticas hostiles al mundo del trabajo, concebidas para encoger el mercado interior en el falso supuesto de que eso "libera" más producto para la exportación, consumiéndose menos en el mercado nacional. En realidad, el efecto de la austeridad es la desincentivación de la inversión interior, lo que trae consigo desempleo. Las economías sometidas al "Consenso de Washington" del FMI se hacen cada vez más dependientes de sus acreedores y proveedores extranjeros. 

Ni los EEUU ni la Gran Bretaña se han plegado jamás a tamañas condiciones. Por eso los EEUU nunca han permitido al equipo de asesores del FMI que pusieran negro sobre blanco prescripción alguna para la "estabilidad" de los EEUU. El Consenso de Washington es sólo para la exportación. ("Haz lo que yo digo y no lo que yo hago".) El programa de estímulos del señor Obama es keynesiano, no es un plan de austeridad, a pesar de que los EEUU son el mayor país deudor del mundo.

Por qué es insostenible la situación

He aquí por qué es insostenible la situación. Lo que permitió a los bálticos y a otros países postsoviéticos cubrir los costes que para su comercio exterior tenían su dependencia comercial y la fuga de capitales que experimentaban fue su burbuja inmobiliaria. La idea neoliberal de lo que es un  "equilibrio" financiero pasa por limitarse a observar trechos de corto recorrido de las "fuerzas del mercado", demoler cualquier potencial industrial existente, incrementar la emigración y la enfermedad y levantar una gigantesca deuda externa sin preocuparse mayormente de las formas de ingresar el dinero suficiente para satisfacerla. Esa burbuja del crédito inmobiliario fue extractiva y parasitaria, no productiva. Sin embargo, el Banco Mundial aplaude a los países bálticos como experiencias exitosas, situándolos en lo alto de la jerarquía de las naciones en las que se hacen "negocios fácilmente".

Basta un hecho práctico para que se derrumbe como un castillo de naipes toda esta teoría económica en la que se fundan el FMI y el G-20: las deudas no pueden ser satisfechas, y no serán satisfechas. Adam Smith observó en La riqueza de las naciones que jamás en la historia gobierno alguno había satisfecho su deuda nacional. Lo mismo puede decirse hoy del sector público. Y eso plantea el problema  siguiente: ¿qué harán esos países deudores que no pagarán sus deudas exteriores e interiores?

Los acreedores saben de sobra que esas deudas no pueden satisfacerse. (Digo esto con toda la experiencia de quien ha sido analista de las balanzas de pagos del Tercer Mundo durante cerca de cincuenta años, primero en el banco Chase Manhattan en los 60, luego, en los 70, en el United Nations Institute for Training and Research [UNITAR],  y luego, en los 90, en Scudder Stevens & Clark, desde donde lancé el primer fondo de deuda soberana para el Tercer Mundo.) Desde el punto de vista ventajista del acreedor, que sabe que la Gran Burbuja Neoliberal se acabó, el truco consiste en prevenir que los países deudores actúen para resolver su colapso de un modo beneficioso para sus propias economías. El objetivo es hacerse con todo lo posible, y dejar que el FMI y los bancos centrales rescaten a los bancos ponzoñosos que han inundado a esos países con deuda tóxica. Coge lo que puedas, mientras sea bueno. Y exige que los deudores hagan lo que hicieron los latinoamericanos y otros países del Tercer Mundo a partir de los 80: que pongan en almoneda su sector público y sus empresas públicas a precios reventados. De ese modo, los bancos internacionales no sólo cobrarán, sino que, encima, harán nuevos negocios prestando a los compradores de los activos en vías de privatización (¡y en los habituales términos de deuda altamente apalancada!).

La táctica preferida para prevenir que los países deudores actúen conforme al propio interés es apelar a la vieja moralidad: "Una deuda es una deuda, y debe satisfacerse". Eso es lo que dijo Herbert Hoover a propósito de las deudas interaliadas contraídas por Gran Bretaña, Francia y otros aliados de los EEUU en la I Guerra Mundial. Esas deudas llevaron a la Gran Depresión. "¿Les prestamos el dinero, no?", dijo bruscamente.

Examinemos más de cerca el argumento moral. Viviendo yo en Nueva York, me parece un modelo excelente el proporcionado por la ley estatal del traspaso fraudulento (Law of Fraudulent Conveyance). Aprobada cuando el estado era todavía parte de la colonia, se aprobó en respuesta a los especuladores británicos que hacían préstamos a granjeros aldeanos, exigiéndoles la satisfacción de la deuda justo antes de la cosecha, cuando los deudores no podían pagar. Los tahúres procedían, entonces, a ejecuciones hipotecarias, haciéndose de barato con las tierras. La ley neoyorquina del traspaso fraudulento  respondió a eso fijando el principio legal de que si un acreedor realiza un préstamo sin una idea cabal, clara y razonable, del modo en que el deudor puede satisfacer la deuda en el curso normal de sus negocios, entonces el préstamo se considera predatorio y, por lo mismo, írrito y nulo de pleno derecho.

Lo mismo que a las economías postsoviéticas, a Islandia se le vendió una carta de bienes neoliberales: una teoría económica basura de autodestrucción asegurada. ¿Cuánta responsabilidad moral debería recaer –y acaso más importante, cuánta responsabilidad jurídica— sobre el FMI y el Banco Mundial, el Tesoro estadounidense y el Banco de Inglaterra, cuyas economías y bancos se beneficiaron de la teoría económica tóxica del Consenso de Washington?

Para mí, el principio moral es que ningún país debe estar sometido a servidumbre por deudas. Esa servidumbre es el antónimo de la autodeterminación democrática: de la filosofía moral de la Ilustración, de acuerdo con la cual las políticas económicas tenían que estimular el crecimiento, no el encogimiento económico; tenían que promover una mayor igualdad económica, no la polarización entre acreedores ricos y deudores pauperizados.

Lo que está en cuestión es qué es de verdad un "Mercado libre". Se supone que es un mercado en el que se puede elegir. Pero lo cierto es que los países pierden poder discrecional de elegir su futuro económico. Se excedente económico se ofrece como prenda colateral en tributo financiero. Sin necesidad de los costes que acompañan a una ocupación militar, se les obliga a renunciar a la toma de decisiones políticas por parte de representantes elegidos democráticamente a favor de gestores financieros burocráticos, a menudo extranjeros: los nuevos Planificadores Centrales en el mundo neoliberal de nuestros días. Lo mejor que pueden hacer, sabiendo que el juego terminó, es esperar a que la otra parte no se percate, y hacer lo posible para confundir a los países deudores mientras se saca de ellos todo lo que se puede y tan rápidamente como se puede.

¿Funcionará el truco?

Tal vez no. Mientras se desarrollaban las reuniones del G-20, Korea se plantaba, negándose en redondo a ser víctima de los contratos de derivados basura vendidos por bancos extranjeros. Corea sostiene que los banqueros tienen una responsabilidad fiduciaria con sus clientes para recomendarles préstamos que les ayuden, no que les expolien. Hay un entendimiento tácito –que el sector financiero el sector financiero trata de socavar con millones de dólares gastados en publicidad— de que la banca es una utilidad pública. Se supone que contribuye al crecimiento –al crecimiento industrial y agrícola y a la autosuficiencia—, que no es predatoria, expoliadora y, por lo mismo, antisocial. Así pues, las víctimas coreanas han comenzado a pleitear judicialmente con los bancos. Según informaba el comentarista Floyd Norris en el New York Times la semana pasada, la situación jurídica no pinta bien para los bancos internacionales. Los tribunales nacionales siempre tienen ventaja, y todas las naciones son soberanas y capaces de aprobar las leyes que les plazcan.  (Y como el caso de los EEUU ilustra hasta la saciedad, tampoco es necesario que los jueces carezcan de sesgos.)

Las economías postsoviéticas, así como las latinoamericanas, tendrían que seguir atentamente la vía que Corea está abriendo en los tribunales internacionales. La pesadilla de los banqueros internacionales es que esos países puedan emprender el equivalente a acciones judiciales populares en contra la coerción diplomática internacional ejercida contra ellos para arrastrarlos al suicidio financiero y económico. "El Tribunal del Distrito Central de Seúl justificó su decisión [de admitir a trámite la querella] fundándose en el tipo de lógica que se aplicaría en los EEUU en una querella presentada por un inversor individual inexperto contra un intermediario financiero manipulador. El tribunal planteó la cuestión de si el contrato era una inversión factible para la compañía y la de si los riesgos estaban claramente explicados. El fallo del tribunal hizo también referencia al concepto legal de "cambio de circunstancias", concluyendo que las partes esperaban la estabilidad del tipo de cambio, que el cambio de circunstancias era imprevisible y que las pérdidas resultarían insoportables para la compañía".

Como segunda causa de acción judicial, Korea sostiene que los bancos proporcionaron al acreedor otras instituciones financieras con el objeto de apostar en contra de los propios contratos que los bancos vendían a Corea, a fin de "proteger" los intereses de esos acreedores. Así pues, los bancos sabían que lo que estaban vendiendo era una bomba de tiempo, y por lo mismo, parecen culpables de conflicto de intereses. Los bancos sostienen que se limitaban a vender bienes sin garantizar nada a "individuos informados". Pero las partes coreanas en cuestión no estaban más informadas que los deudores islandeses. Si un banco engaña y no proporciona explicaciones completas, a su víctima no puede calificársela como "informada". La palabra apropiada sería malinformada (o desinformada).

Hablando de desinformación, un asunto importante es el del alcance de la posible conspiración entre los grandes bancos internacionales y los banqueros y los ejecutivos nacionales para saquear sus empresas. Eso es lo que los expoliadores de empresas [corporate raiders] han venido haciendo para sus tenedores de obligaciones-basura desde la gran marea de Drexel Burnham y Michael Milken en los 80. Eso convertiría a los bancos en cómplices de un crimen. Se precisa una investigación de las pautas de préstamo seguidas por esos bancos, incluida su colaboración en la organización para sus clientes del lavado de dinero y la evasión fiscal en el extranjero. No es sorprendente que el FMI y los banqueros británicos exijan a Islandia que se apresure a hacerse a la idea y se comprometa a pagar unas deudas astronómicas, sin tiempo siquiera para preguntarse cómo podrán pagarlas (¡ni para investigar las pautas generales de préstamo de los bancos acreedores!).

Teniendo esto en mente, supongo que puedo darles buenas noticias a los políticos islandeses en lo que hace al destino de la deuda exterior e interior de su país: ninguna nación ha pagado jamás sus deudas. Como observé antes, eso significa que la cuestión real no es la de si serán o no pagadas, sino la de la forma de no pagarlas. ¿Cómo se desarrollará el juego en la esfera política, en la ideología popular y en los tribunales de justicia, nacionales e internacionales?

La cuestión es si Islandia consentirá que la quiebra vaya desgarrando poco a poco su economía, con sucesivas transferencias de propiedad de los deudores a los acreedores, de los ciudadanos islandeses a extranjeros, del dominio público y del poder fiscal nacional a la clase financiera internacional. ¿O acaso se percatará Islandia de adónde la lleva la matemática inherente a la deuda, y se plantará? ¿En qué momento dirá: "No pagamos. Esas deudas son inmorales, ineconómicas y antidemocráticas"? ¿Querrán seguir los islandeses la lucha de la Ilustración y de la Era Progresista de la democracia social, o se despeñarán por la alternativa, y recaerán en una servidumbre por deudas neofeudal?

Esa es la elección. Y es en buena medida una cuestión de tiempos. Lo ha comprendido muy bien el sector financiero: tiempo para transferir a manos de los banqueros e inversores tanta propiedad como sea posible. Tal es lo que el FMI recomienda hacer a los países deudores, salvo, huelga decirlo, a los EEUU, el mayor deudor de todos. Tal es la naturaleza ilegal de las actuales deudas pos-burbuja.